~~Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del  Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, destacó como un avance el acto público realizado el 23 de julio, en la Ciudad de México, en que el Estado mexicano reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas por no haber brindado protección adecuada a Antonio Jacinto López Martínez, asesinado en 2011 por defender derechos de la comunidad triqui de San Martín Itunyoso.

“Hay una crisis en los sistemas gubernamentales de protección a las y los defensores de derechos humanos, pues no logran  garantizar la seguridad de quienes deciden reclamar  el respeto a sus prerrogativas fundamentales”, señaló el Defensor Peimbert Calvo al participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa del Estado mexicano por el homicidio de Antonio Jacinto López Martínez, defensor triqui de derechos humanos.

En el acto, donde también estuvieron presentes Julia Vásquez Bautista, esposa del activista, así como sus tres hijas y su hijo, el titular de la Defensoría puntualizó así las causas por las que López Martínez, defensor de derechos políticos en la comunidad triqui de San Martín Itunyoso, fue asesinado en octubre de 2011, pese a las medidas cautelares que le dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El ombudsman oaxaqueño consideró como un acto histórico que el gobierno mexicano haya reconocido en público, ante la familia del fallecido defensor indígena, la responsabilidad oficial por no proteger adecuadamente la vida del ex edil asesinado.

El ombudsman oaxaqueño sostuvo que  una de las causas de la muerte de Antonio Jacinto  es la falta de un sistema de protección  eficaz para quienes deciden defender derechos humanos desde el lado de las autoridades. (López Martínez fue presidente de su municipio en 2004 y a partir de entonces recibió amenazas de muerte, hasta ser asesinado en 2011).

En presencia del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, Peimbert Calvo recordó que  Antonio Jacinto López Martínez era un indígena triqui que decidió defender sus derechos políticos, quien por esta decisión afrontó riesgos y amenazas que derivaron en su muerte, porque el Estado mexicano no tuvo la capacidad de protegerlo.

Frente al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, y el abogado de la familia López Vásquez, Maurilio Santiago Reyes, el Defensor Peimbert Calvo puntualizó que este esfuerzo del Estado no debe quedar en el acto de desagravio, sino que ahora debe garantizarse el acceso a la justicia, porque este derecho tampoco le fue garantizado a Jacinto López Martínez en su momento.

Por ello, recalcó, ahora es fundamental que se generen las condiciones necesarias que permitan castigar a los culpables del homicidio de López Martínez.

Por su parte, Maurilio Santiago Reyes, representante legal de la familia López Vásquez y presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, insistió en la necesidad de que ahora se cautele a los deudos de Jacinto López, pues su viuda, hijas e hijo están en riesgo.

Santiago Reyes recordó que Antonio Jacinto  López Martínez fue presidente municipal de San Martín Itunyoso en 2004, pero después de cumplir este cargo fue amenazado por funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca de esa época.

Santiago Reyes recapituló que cuando Jacinto López tomó posesión de su cargo comenzó a ser hostigado y fue objeto de diversos atentados, por lo que recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que emitió medidas cautelares a su favor. Sin embargo, pese a estas medidas, el activista fue asesinado en octubre de 2011.

En su momento, la señora Julia Vásquez Bautista explicó las dificultades que ha tenido que afrontar para sostener a sus hijas e hijo después de la muerte de su esposo, además de lo difícil que le ha sido acceder a la justicia.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Campa Cifrián, reconoció la responsabilidad del Estado mexicano al no garantizar la protección a la integridad física de Antonio Jacinto López. Además, ofreció una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos del indígena triqui.