Sin que sea un impedimento el secreto bancario, la Secretaría de Hacienda podrá obtener información de los adeudos y operaciones de los estados y municipios para cotejar los datos de los empréstitos que reportarán por obligación en el nuevo Registro Público Único 30 días después del cierre de cada trimestre.

Lo anterior con el fin de contar con la información sobre la totalidad de las obligaciones financieras de las entidades federativas, según se establece en la propuesta de la regulación secundaria de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios (LDF).

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, en la iniciativa de reglamentación se expone que esto constituye una excepción a los secretos bancario, bursátil y afianzador y demás variantes del secreto financiero y que es correlativo a las demás leyes financieras.

“Se encuentra plenamente justificado hacer una excepción a los secretos puesto que es de interés público poder dar un seguimiento puntual con información verificable a los niveles de endeudamiento que presenten los entes públicos en la ley”, se argumenta al ponerla a consideración del Congreso.

Bancos como HSBC y Bancomer declinaron hacer comentarios en tanto se trate sólo de una iniciativa que estará en discusión en el Congreso.

Para el analista de la calificadora HR Rating, Ricardo Gallegos, seguramente este tema será uno de los que despertará más debate en el terreno legislativo porque de aprobarse se permitirá de manera clara que tanto los bancos como cualquier entidad financiera revelen la información de los gobiernos subnacionales sobre los saldos de sus deudas. Destacó que en el documento de reglamentación se presenta como una circunstancia y una condición excepcional al secreto bancario.

“Lo reconoce, pero se hace la aclaratoria que se trata de un bien público mayor que ameritaría hacer esta excepción al secreto bancario y demás variantes”, explicó.

Recordó que en el caso de Coahuila, se derivó un poco esta conciliación que revisó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que permitió hallar diferenciales entre lo que se reportaba en el registro de obligaciones de la Secretaría de Hacienda y lo que la banca tenía de manera individual.

“En la práctica ya se vio que es un tema que podría promover mayor transparencia, y por otro lado habría que considerar que sí toca de manera importante el tema del secreto bancario; seguramente se va a discutir en las Cámaras (diputados y senadores) y seguramente como es una iniciativa podrá tener sugerencias o modificaciones de ser aprobado”, pronosticó.

Aurora Aguilar y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que la regulación contenida en la iniciativa puede recibir el aval del Congreso porque va en el sentido del compromiso que se planteó cuando se aprobó la legislación de disciplina financiera.

“Era importante que se hiciera la reforma Constitucional para poner orden y transparentar las deuda de los estados y municipios, y ahora creemos que con esta legislación secundaria se podrá alcanzar el objetivo”.

Consideró que ante los casos de entidades que se han sobreendeudado como Nuevo León, Veracruz y Coahuila era necesario ejercer un control al libre albedrío con el que estaban manejando el tema del endeudamiento.

Afirmó que algunos estados no han podido comprobar el destino de los préstamos que obtuvieron ni cómo lo hicieron dando como garantía las participaciones que son recursos federales sin etiquetar; se tiene información muy opaca y pocos resultados en desarrollo regional.

“Es oportuna esta iniciativa porque hay quien deja a la ciudadanía una deuda de por vida impagable y por eso fue necesario hacer una reforma Constitucional”, matizó la legisladora panista.

En ese mismo sentido, afirmó que son necesarias sanciones ejemplares para evitar que queden impunes acciones u omisiones de gobernadores, presidentes municipales y funcionarios porque es dinero público que se recauda para servicios.

Además, aplaudió que en las sanciones se incluya a los particulares porque muchos proyectos se realizan con la participación de la iniciativa privada en los que se han dado casos de escándalo por la corrupción.

Será misión imposible ajustar deuda en algunos estados

Ajustar en poco tiempo sus niveles de deuda de corto plazo será casi una misión imposible para varias entidades federativas.

De acuerdo con la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera en Entidades Federativas y Municipios, presentada por el Ejecutivo y enviada el lunes al Congreso de la Unión, en todo momento el saldo por pagar de la deuda de corto plazo deberá ser inferior a 6 por ciento de los ingresos totales de la entidad.

Según otra nota del periódico Reforma, ese techo para la deuda de corto plazo, que tiene vencimiento menor a un año y cuyos acreedores son principalmente proveedores de los gobiernos locales, supondría ajustes drásticos en algunos estados.

Lo anterior porque muchas entidades mantienen adeudos con proveedores que superan el límite propuesto en la ley, de acuerdo con una revisión de Grupo Reforma de sus cuentas públicas.

Por ejemplo, en Coahuila la deuda de corto plazo fue equivalente a 16 por ciento de los ingresos totales de la entidad al cierre de 2014.

En Chihuahua fue de 11.2 por ciento de sus ingresos totales, mientras que en Michoacán la proporción llegó a ser más de 22 por ciento a finales de 2014.

Incluso, entidades federativas con ingresos más grandes batallarían para mantenerse por debajo del nuevo umbral propuesto por el Gobierno federal.

Tal es el caso de Nuevo León que, de acuerdo con sus documentos financieros, la deuda de corto plazo fue 4.5 por ciento de sus ingresos totales.

Guanajuato estaría también cerca del límite con 5.1 por ciento que registró a finales del año pasado.

"Coincido en que es una labor que parece imposible, reducir la deuda de corto plazo a menos de 6 por ciento para el próximo año sería algo sumamente complicado.

"Creo que tendrán que poner un plazo transitorio para que las entidades puedan ajustarse al límite que propone la iniciativa", opinó Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El especialista subrayó que la deuda de corto plazo se ha convertido en una fuente de presiones financieras para muchos gobiernos locales, que suelen pagar un mayor precio a los proveedores.

"Ellos (los proveedores) ya saben que hay jineteo con el pago y les dan largas y en su precio a los gobiernos va un costo financiero implícito", abundó.

Con disciplina financiera y orden administrativo, los gobiernos estatales podrían mantener sus deudas de corto plazo por debajo del umbral de 6 por ciento de sus ingresos totales, aunque tendrán que dejar atrás malas prácticas y vicios, consideró.

Villarreal dijo que buena parte del éxito de esta ley será la adecuada aplicación de sanciones a quienes incumplan con ella, pues de lo contrario, podría terminar en "buenas intenciones".