La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad del Artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y avaló con ello la determinación de este ordenamiento en el sentido de que el maestro que acumule tres faltas injustificadas, consecutivas o salteadas en un mes, deberá ser dado de baja del servicio.

En sesión plenaria los once ministros resolvieron 11 solicitudes de amparo con las cuales ya suman 14 las demandas denegadas, de un paquete de 26 solicitudes en trámite contra la reforma educativa, en particular la evaluación docente.

La ley referida, resolvieron los ministros, no trasgrede la garantía de libertad de trabajo, pues no impide a los profesores dedicarse al trabajo que decidan, y sólo establecen como condición de permanencia obtener resultados favorables en las evaluaciones.

De acuerdo con una nota del diario Crónica, el pleno del máximo tribunal, tal como ha hecho en sesiones precedentes sobre las demandas de maestros que se oponen a la evaluación, confirmó que las normas impugnadas no violan los derechos a la estabilidad laboral, libertad de trabajo, dignidad y acceso a un mejor nivel de vida.

La Corte inició la semana pasada la discusión sobre las 26 peticiones de amparo de quienes argumentan que las modificaciones constitucionales y legales vulneran sus derechos laborales.

Los quejosos argumentan que la reforma educativa viola el derecho a la estabilidad laboral, toda vez que se hace obligatoria la evaluación a los maestros y éstos pueden perder su empleo, si después de tres intentos reprueban los exámenes.

Las impugnaciones objetan la reforma al artículo 3ro Constitucional y las leyes secundarias tales como la Ley General de Educación, la del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) y la del Servicio Profesional Docente, promulgadas el 11 de septiembre de 2013.

El 23 de junio, la Corte concluyó que los cuatro artículos 52 y 53, y el 8º y 9º transitorio, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en los cuales se establece el sistema de evaluación, no violan “el derecho humano a la estabilidad en el empleo”.

Además, declaró constitucionales las evaluaciones para el ingreso, permanencia y promoción de los maestros porque debe prevalecer “el principio del interés superior del menor y el respeto a su derecho fundamental de una educación de calidad”.

Dos días después, el 25 de junio, la Corte determinó que el nuevo sistema de evaluación docente no viola el derecho de los maestros a la dignidad humana y un nivel de vida adecuado, ni genera que pierdan su empleo si no aprueban la tercera evaluación.

Ayer, sin debate, sólo mediante precisiones a proyectos de sentencia elaborados por el ministro Fernando Franco González-Salas, el pleno denegó la protección de la justicia a los docentes inconformes al declarar infundados los alegatos que presentaron.

Los artículos impugnados por maestros inconformes establecen las reglas de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia del personal docente.

Padres de familia presentarán amparos

Presidentes de Asociaciones de Padres de Familia de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los estados más afectados por los paros y suspensiones de clases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), están analizando la posibilidad de comenzar a interponer amparos para que el Poder Judicial obligue a los gobiernos federal y estatal a garantizar que haya maestros dando clases a sus hijos.

Los padres de familia consultados por el diario 24 Horas dijeron sentirse “esperanzados”, a raíz de que en Baja California Sur la Asociación de Padres de Familia de Cabo San Lucas interpuso y ganó un amparo para que los gobiernos federal y local garantizaran el derecho a la educación de sus hijos.

Tras ganar este recurso, los profesores de la primaria “Profesor Arturo Guerrero González” de Cabo San Lucas, que estaban en paro de actividades, se vieron obligados a regresar a las aulas y echar a andar nuevamente el ciclo escolar.

“Para nosotros sienta un precedente. El amparo no les quita la posibilidad a los maestros de hacer sus movimientos políticos pero establece que antes está el derecho a la educación de los niños. Nosotros fomentaremos la aplicación de estos amparos con los papás interesados”, señaló Bernardo de Legarreta, presidente de la Unión de Padres de Familia de Michoacán.

“Es una situación de esperanza, de que algo se puede hacer aunque también nos hace sentir que no recibimos suficiente atención de la autoridad estatal, que se tenga que llegar a esto”, aseguró según otra nota del diario 24 Horas.

Guerrero es uno de los estados más afectados por las jornadas de paros y protestas de la CNTE; tras enterarse de lo ocurrido en BC, los papás analizan seguir el ejemplo de lo ocurrido en primaria “Profesor Arturo Guerrero González”.

“Estamos tomando nota y ya incluso en algunas escuelas los papás me empezaron a preguntar y a comentar cómo fue posible que eso se lograra en Baja California Sur. Estamos muy contentos y muy animados por lo que hicieron los padres de familia”, dijo Saúl Castro, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Chilpancingo.

Igual la presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia, María Elena Brindis Rodríguez, quien señaló que estarán buscando “tips” con los padres de familia de Los Cabos después del último paro magisterial en Chiapas, del 1 al 24 de junio.

Para Floridelma Pérez Pérez, presidenta  en Oaxaca de la Asociación de Padres de Familia de escuelas controladas por la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), opuesta a la Coordinadora, “los padres tenemos que hacer lo que nos corresponde y los maestros también”.

Teresa Aguilar, abogada de la organización Mexicanos Primero, explicó que el caso de los papás de la escuela primaria “Profesor Arturo Guerrero González” en BCS no ha sentado un precedente judicial que obligue a todos los jueces del país a conceder el amparo; sin embargo, el caso se puede utilizar como referente de criterio para los jueces que se vean obligados a decidir en un caso similar.

Sobre el tema, Alexandra Zapata Hojel, coordinadora del programa Mejora tu escuela del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), calificó de “valiente” la determinación de los padres de familia de Baja California Sur, pues los efectos de los paros magisteriales en las vidas de los alumnos van más allá de la mera suspensión de clases.

“El gobierno le está haciendo un daño monumental a los niños, porque al no aplicar la ley les están quitando su derecho a una educación de calidad. Los cortísimos ciclos escolares que están cursando los niños y jóvenes de estos estados hacen imposible que puedan competir en el mercado laboral de nuestro país”, opinó.

El caso cero

Desde que los padres de familia de la primaria “Profesor Arturo Guerrero González” de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se ampararon, los profesores de la zona ya no faltan por miedo a que les levanten un acta administrativa que les quite bonos económicos.

Adriana López Monje, presidenta regional de la Asociación de Padres del municipio de Los Cabos, aseguró que con el amparo el movimiento magisterial local (que organiza los paros de clases) viene a la baja.

Con este objetivo alcanzado, ahora el objetivo de la Asociación es difundir el amparo con otros padres de familia como una herramienta que sirva para mantener a los docentes en las aulas y no en las calles reclamando cuestiones políticas.

Marchan en Iguala y convocan a paro laboral para desconocer a líder

Maestros de diversas organizaciones educativas de Guerrero marcharon por las principales calles del municipio de Iguala, para protestar contra la Evaluación al Servicio Profesional Docente, la cual argumentan solamente vienen a privatizar el sector en la entidad.

Durante la mañana de este martes, un contingente formado por cientos de personas se concentró en plena plaza central del municipio de Iguala, Guerrero, donde los inconformes formaron filas y salieron en marcha por las calles, exigiendo al gobierno federal el freno total a la evaluación, además de echar abajo la reforma educativa aprobada por los legisladores federales.

Los manifestantes, quienes dijeron marchar sin ninguna representación sindical, convocaron a un paro laboral de 24 horas para desconocer al líder de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras hora y media de caminata por las calles centrales de Iguala y de gritar consignas contra el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y el del estado de Guerrero, Salvador Martínez Della Roca, los profesores arribaron al monumento de la bandera, donde realizaron un mitin y en él convocaron al paro laboral para la próxima semana.

Trascendió que para el próximo viernes, los mentores de diversos sindicatos educativos de Guerrero pararán labores por 24 horas y que este paro se extenderá a los 81 municipios del estado de Guerrero para manifestar su repudio por la Reforma Educativa y contra la Evaluación al Servicio Profesional Docente.