~~En el destino turístico de Bahías de Huatulco, ha estallado un conflicto social, a consecuencia de que en los últimos 9 años los presidentes municipales, han equivocado el propósito de las donaciones del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para realizar viviendas de interés social y en cambio las han utilizando como un trampolín político y una forma de enriquecerse de manera indebida, promoviendo espacios exclusivos para campos de golf y zonas residenciales para extranjeros.

Las protestas ante las irregularidades mantienen a un grupos de prestadores de servicios movilizados, en protesta, manteniendo cercada la sede del Fonatur en el lugar y varias vialidades estrategias, entre ellas uno de los accesos al aeropuerto, donde han impuesto barricadas, exigiendo una audiencia con el gobernador Gabino Cué, y reclamando la presencia de una comisión plural de diputados federal para denunciar los atropellos cometidos.

En uno de los primeros denunciados casos involucra al ex presidente municipal José Humberto Cruz Ramos, quien junto al empresario Alfonso Mireles Ramírez, responsable de la constructora Servicios Topográficos y Asesoría cometieron presuntas irregularidades con una primera donación de Fonatur para construir mil 62 lotes de vivienda, que no entregaron a sus beneficiarios, pero que revendieron al mejor postor, recibiendo pagos de entre 60 mil y 100 mil pesos por cada lote, sin entregar escrituración de por medio.

Derivado de este fraude, donde hubo cientos de personas afectadas, se integro una averiguación previa por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJO) y hay una orden de captura contra Mireles Ramírez quien se encuentra prófugo de la justicia.

El segundo caso involucra al alcalde siguiente Miguel Ángel Olmedo Cárdenas quien tratando de arreglar el tema, cede los derechos para construir las viviendas junto con otras donaciones de predios a dos constructoras locales de la ciudad de Oaxaca que tampoco han entregado las viviendas.

Continuando el presidente municipal Lorenzo Lavariega, y Darío Pacheco quienes también se involucraron en las donaciones federales, cediendo las mismas a funcionarios del gobierno estatal, que ahora pretenden construir en los terrenos y polígonos en disputa, zonas residenciales para extranjeros cuyo costo superar el millón de pesos y áreas exclusivas como campos de golf y espacios comerciales.

En tanto han sido 59 hectáreas que han otorgado Fonatur en los últimos 9 años en varios polígonos a los ayuntamientos de Santa Cruz Huatulco, sin que haya una obra concluida dedicada a su principal propósito la vivienda de interés social para familias de bajos ingresos.

Carmelo Robles Garcia, vocero de Servicio Náuticos de Huatulco, que integra a prestadores de servicios y cooperativas turísticas y pesqueras que aglutina tanto a taxistas, comerciantes, empleados de hotel, cocineras, meseros y pescadores, exigen que las donaciones cedidas por Fonatur para construir vivienda se oferten a bajo costo demandando la entrega terrenos que puedan ser pagaderos a un crédito que no superen los 70 mil pesos el lote.

Dijo que en espera de un terreno a un precio justo se encuentran mas de 200 familias que están dispuesta a todo con tal de acceder a un lugar digno donde vivir.

“No queremos nada regalado, estamos dispuesto a pagar por un espacio de tierra donde construir nuestra vivienda pero que sea accesible para quienes obtienen un salario mínimo de entre 68 y 100 pesos diario”.

Denunció que en los últimos 30 años, Fonatur y los gobiernos municipales han ofrecido espacios solo para empresarios y persona de ingresos altos, generando zonas de exclusión y cinturones de pobreza y miseria por que la gente originaria no ha tenido derecho a un lugar donde vivir, ni pagar, para tenerlo.

“Han pasado cuatro presidentes municipales en Santa María Huatulco, que han llegado al cargo y se han olvidado de la vivienda de interés social, dedicándose solo a servir a los intereses de las grandes empresas instaladas en el destino de playa y han entregar los predios de vivienda a personas dedicadas a la acaparacion de terrenos”.

Cuestiono que Fonatur siga cediendo polígonos para vivienda a pesar de que han existido mal uso de los predios por parte de las autoridades municipales y por ello también la agrupación demando la renuncia del delegado del organismo Ramón Sinobas Solís.

A los reclamos por el derecho a una vivienda digna se sumo los integrantes de la Alianza para la Defensa de los Ciudadanos de la Costa liderada por Mario Guzmán, quien también reprocho las irregularidades cometidas por Fonatur y el presidente municipal de Santa María Huatulco, Lorenzo Lavariega por una donación de predios comprendido de 20 hectáreas que serán destinada para áreas exclusivas como campos de golf y área residenciales.

Guzmán, exigen terrenos que puedan ser pagaderos por los manifestantes, mismos que no so sujetos de créditos y no cotizan en el Infonavit.

Denunció a su vez que los presidentes municipales que han estado involucrados en las donaciones de terrenos, han dejado el cargo para saltar a otros puestos, tal es caso de José Humberto Cruz Ramos que dejo la presidencia municipal para ser diputado local del PRI, o quien lo relevo el cargo Miguel Ángel Olmedo que llego a ser candidato a diputado por el mismo instituto político, y Lorenzo Lavariega, que busco ser recientemente candidato a diputado federal por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pero los reclamos por la entrega indebida de polígonos y sus nexos con el crimen organizado, impidió que fuera postulado.

LOS ARGUMENTOS

En tanto y a su defensa el presidente municipal José Humberto Cruz, se desligo del empresario Alfonso Mireles, quien dijo actuó por su cuenta en el fraude cometido en contra de cientos de familias por la venta de terrenos de Fonatur.

Dijo que el concepto de fraude, si es que se dio, fue a partir del inicio de gobierno del presidente municipal Miguel Ángel Olmedo Cárdenas, y no durante su mandato al frente del Ayuntamiento.
Señala que a inicios del 2008 cuando entró en funciones, la nueva administración tomó la decisión de parar las obras de urbanización donde se estaban entregando casi 500 lotes a un igual número de familias.

“Habían 300 familias más que estaban haciendo sus pagos, porque estaban viendo que se entregaban lotes en el Sector H3, sin embargo, al entrar Olmedo decide suspender las obras, pero no busca una alternativa, es decir, paró la obra a esta inmobiliaria, pero se la dejó asignada a otra.
Cruz Ramos mencionó que asignar la obra a otra empresa sería con el fin que se pudiera continuar realizando los trabajos, y seguir ofertando lotes a las 300 familias.

Explicó que la inmobiliaria que hacía la urbanización recibía pagos mensuales como se estila en este país y en el mundo, pero la autoridad municipal paró la obra con dolo, y exige a la empresa constructora la devolución del dinero que ya habían recibido, “pero eso era imposible, porque la empresa ya lo había reinvertido en la urbanización”.

Precisa que es ahí donde supuestamente se tipifica el concepto de fraude, y sobre el supuesto beneficio que su trienio habría dado a Alfonso Mireles, José Humberto Cruz destaca “cuando se acercó a la presidencia municipal, revisamos el esquema y me pareció una empresa seria por eso seguimos trabajando, tan es así que entregamos casi 500 lotes”.

“La idea era que en el siguiente trienio se siguieran entregando más lotes”, no obstante, reconoció que esto no se dio por la ruptura que hubo con el gobierno de Miguel Ángel Olmedo Cárdenas, “por eso se frenó todo y fue ahí donde afectó a cientos de familias”.

“Ahora existen al menos 300 familias que entregaron 10, 20 y 30 mil pesos y nadie se lo va regresar, incluso en el primer año de gestión de Olmedo Cárdenas, advertí a los afectados que este problema era político pero que se había trasladado a lo jurídico, recuerdo que les dije: puede ser que se vaya el presidente municipal y los deje con la bronca y fue lo que pasó”.

En tanto Miguel Ángel Olmedo Cárdenas, reconoce que los terrenos involucrados en el fraude fueron recuperados por FONATUR, mismas que volvió a donarlos para la ejecución de vivienda, por lo que dijo se estableció un proceso de licitación que ganaron dos empresas de Oaxaca, una cuyo responsable es José Luis Quintana y el nombre es Video Construcciones y la otra empresa está a cargo de David Jarquín Aguado del Grupo Constructor del Sureste que ambos han incurrido en incumplimiento de contrato y están sujetos a una sanción por parte de los órganos de auditoria a penalidades de orden legal.

En tanto el munícipe Lorenzo Lavariega sostiene que en acuerdo con el gobierno de Oaxaca se determino emprender un proyecto de vivienda para atender a los defraudados por el caso del empresario Alfonso Mireles, donde ya se tiene identificado a las víctimas que serán sujetos de una vivienda de interés medio en uno de los polígonos en disputa cedidos por Fonatur.