Los partidos políticos en el país son las instituciones que más acciones de inconstitucionalidad promueven ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En 2014, se impulsaron en total 113 instrumentos de esta naturaleza, 69.3% fueron iniciadas por los institutos políticos, lo que contrastó con la inactividad en este tema de los órganos autónomos.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) sólo promovió tres acciones en ese mismo periodo.

Después de los partidos políticos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones de derechos en los estados concentraron 10.62% del total. En la tercera posición está la Procuraduría General de la República (PGR), con 8.85% de las acciones, es decir, sólo 10.

De acuerdo con una nota del periódico El Universal, el paquete más fuerte de acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos se ubicaron en las impugnaciones por esta vía a la reforma electoral, y por lo cual, entre agosto y octubre del año pasado, el Pleno de la SCJN se dedicó a revisar alrededor de 60 instrumentos.

Los institutos políticos pueden acudir ante la Corte para impugnar normas de carácter general frente a la Constitución, y el resto de sus litigios son revisados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), según el procedimiento.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Saúl López Noriega, explicó que este año muchas de esas acciones de inconstitucionalidad las promovieron los “partidos pequeñitos que no pudieron detener a la mayoría en el Congreso que estaba impulsando los cambios en materia electoral”.

El artículo 105 constitucional establece que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por conducto de sus dirigencias nacionales, podrán interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, al igual que lo podrán hacer los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, única y exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó su registro.

El año pasado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue uno de los que más recursos interpuso, principalmente contra la nueva forma de contabilizar los votos de las coaliciones, que estableció la reforma electoral que aplicará para este 2015.

Entre los artículos impugnados más polémicos está el que estableció en la Ley General de Partidos Políticos la nueva forma de contabilizar los votos cuando se trata de coaliciones. “En casi todo proceso de reforma legislativa electoral hay un proceso posterior de acción de inconstitucionalidad, porque la ley electoral no complace a todos ni sale como a todos les gustaría, y los partidos que no pudieron construir mayoría legislativa buscan incidir a través de la agenda judicial”, dijo.

López Noriega destacó que al momento de resolver estos instrumentos sobre temas electorales, la Corte es conservadora en general, pues en el sistema judicial “hay una preferencia” al Poder Legislativo, ya que incide en el sistema democrático.

“Las Cortes, no sólo la nuestra, tratan de no ser muy invasivas o muy activistas en este rubro, excepto en derechos fundamentales o de equidad de voto, pero siempre se le concede peso a la decisión del legislador”, explicó.

Resaltó que las comisiones de protección de derechos humanos no han utilizado la acción de inconstitucionalidad para la agenda de derechos.

“Ahora hay otros órganos, como son el Ifai, y que han renunciado a ejercer su facultad. Hay ciertos órganos facultados para utilizar esta figura y no lo hacen como fuese deseable”, indicó.

Según la Estadística Judicial de 2014, fueron promovidas —adicionalmente— 121 controversias constitucionales. De éstas, 88 fueron admitidas y 33 desechadas.

Por procedencia, 72%, es decir, 87 controversias, fueron interpuestas por municipios o delegaciones; 19%, por los Estados, y 9% por la Federación.

Destaca que Oaxaca es el estado con el mayor número de controversias constitucionales promovidas a nivel estatal y municipal, con 21, seguida de Morelos, con 18 controversias.

Hoy se deberá elegir nuevo magistrado del TEPJF

Este lunes termina el ciclo del magistrado Alejandro Luna Ramos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Senado no se ha puesto de acuerdo para nombrar a su sucesor, con lo que la institución electoral quedará incompleta en tiempo de campañas.

De acuerdo con senadores, en este momento no se afectaría el funcionamiento del Tribunal porque las quejas por las campañas y precampañas las revisa la nueva Sala Regional Especializada, que nació de la reforma electoral del año pasado.

Según otra la nota del periódico El Economista, La Sala Regional se encarga de dirimir la guerra sucia entre los partidos políticos, así como sancionar la violación a las reglas de propaganda electoral en radio y televisión, la difusión de programas y acciones de gobierno que impliquen promoción personalizada de los servidores públicos y los actos anticipados de campaña o precampaña.

El pleno del Senado debía elegir al nuevo magistrado o rechazar la terna que propuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a más tardar el 31 de marzo de este año, pero la falta de acuerdos ha llevado a los grupos parlamentarios a postergar el tema, a pesar de que en todas las sesiones está en el primer lugar de la lista de puntos de discusión y votación.

Pese a la falta de consenso en torno a un candidato, los senadores no quieren pedir a la Suprema Corte una nueva terna y desechar a los actuales candidatos: Javier Aguayo Silva, Enrique Aguirre Saldívar y Julio César Cruz Ricárdez, quienes están la mayor parte de las veces acuden a la Cámara Alta los días de sesión por cualquier decisión de los legisladores.

El PAN y el PRD impulsan a Aguirre Saldívar, pero una parte del PRI a Aguayo Silva. Ningún candidato tiene las dos terceras partes de los votos en favor que necesita.