Los partidos más grandes se mantienen con mayor índice de rechazo, registra un sondeo de Consulta Mitofsky, bajo el título “La Gran Encuesta Electoral. Iniciando las campañas. Rumbo al 7 de junio 2015”.

De acuerdo con una nota del periódico El Economista, el ejercicio indica que el PRI obtiene 44% de las menciones de rechazo, mientras que el PRD y el PAN muestran 35% en el mismo sentido. En el cuarto lugar en negativa a votar aparece Morena, de nueva creación, con 33 por ciento.

“El PRI y Morena son los partidos que muestran avance relativo en las preferencias entre febrero y marzo, en cambio los que más bajan son PAN y PT. (...) La mayoría se mantiene en la misma posición aunque se separan Morena y PVEM (Partido Verde), que ocupan el cuarto y quinto lugar. Nueva Alianza pasa del lugar ocho al seis al superar a PT (Partido del Trabajo) y MC (Movimiento Ciudadano), aunque siguen todos en peligro de no mantener el registro”.

El estudio de Mitofsky indica que al eliminar a quienes no manifiestan preferencia, el PRI incrementa de cinco a nueve puntos su ventaja sobre el PAN, y Morena disminuye su desventaja respecto del PRD de 7 a 5 puntos.

En el rubro “Preferencia efectiva, diputado federal”, y sin mencionar candidatos ni alianzas, el PRI alcanza 32.7%, seguido del PAN con 23.5%, el PRD con 16%, Morena con 11.2% y el Partido Verde con 7.1 por ciento. Nueva Alianza alcanza 3.5%, Movimiento Ciudadano 2.5%, mientras que otros tres partidos (PT, Humanista y Encuentro Social) no llegan a 2 por ciento.

“Siguen apareciendo cinco partidos en peligro de desaparecer, aunque Nueva Alianza crece y se sale de la ‘zona roja’”, se lee en la encuesta, cuya muestra fue de 1,000 ciudadanos en todo el país.

El ejercicio se aplicó en viviendas particulares de todo el territorio nacional, del 27 al 30 de marzo del 2015.

El documento refiere que el nivel de confianza actual del INE es similar al que tuvo el IFE previo a las elecciones intermedias del 2009. Los datos indican que 21% de los encuestados manifestó tener mucha confianza en la institución, 44% regular, y 29% dijo tener poca o nada de confianza. Cabe recordar que en el 2009 la desconfianza llegaba hasta 35 por ciento.

La encuesta incluyó las preferencias electorales en la elección para gobernador de Sonora y de Baja California Sur. Al eliminar a 19.5% que no respondió en la encuesta para mandatario de Sonora, el estudio otorga 46% al candidato del PAN, Javier Gándara, seguido de la candidata del PRI, Claudia Pavlovich, con 42.4% de las preferencias.

En tanto, en Baja California Sur, y tras eliminar a 21.8% que no respondió, se otorga 42.3% al candidato del PAN, Carlos Mendoza, y al aspirante del PRI, Ricardo Barroso, 32 por ciento.

Como parte del contexto, en el estudio de Mitofsky se menciona que para estos comicios hay 11 mujeres candidatas a una gubernatura y 22 candidatos independientes registrados para una diputación federal en los estados de Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Se multiplican las denuncias por condicionar el voto

A partir de que iniciaron las campañas electorales se han recibido entre ocho y nueve denuncias diarias, la mayoría vinculadas a la utilización de programas sociales con fines electorales, principalmente, en Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua, informó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Según otra nota del diario 24 Horas, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fepade, señaló que durante marzo, fecha en que iniciaron las campañas locales en varios estados, se abrieron 88 carpetas de investigación, la mayoría por cambios atípicos de domicilios, turismo electoral.

Y desde el 5 de abril, cuando iniciaron las campañas para diputados federales el concepto de las quejas cambió y la mayoría son contra servidores públicos por condicionar el voto a través de la entrega de programas sociales, tanto federales como locales.

El fiscal electoral advirtió que la Fepade realizará las diligencias conforme a la nueva Ley de Delitos Electorales y la reforma penal acusatoria. En suma, dijo, la severidad de las penas para aquellos servidores públicos, particulares o funcionarios de partido que utilicen recursos públicos para coaccionar el voto sería de entre dos y nueve años de prisión.

Sobre las denuncias del actual proceso electoral, el fiscal mencionó que “en un mes ya superamos las 80 y en este segundo mes vamos a superar sin ningún problema las 200 denuncias que han sido presentadas por los ciudadanos, las ciudadanas, el Instituto Nacional Electoral e, incluso, los partidos políticos y legisladores federales, en torno a temas que consideran que pueden ser violatorios de la normatividad electoral”.

La mayoría de denuncias, afirmó, “los temas van vinculados con el condicionamiento de programas sociales para efecto de buscar el voto a favor de un partido político o candidato. En ese sentido, tenemos denuncias en varias entidades federativas, del uso de programas sociales tanto a nivel federal, como estatal, como municipal”.

El PAN va contra la Sedesol

El grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó una denuncia de hechos ante la PGR en contra de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, por presuntamente desviar recursos del programa “Sin hambre” a la campaña electoral del PRI en el estado de Tamaulipas.

El coordinador de la bancada,  Fernando Herrera Ávila, acompañado de los integrantes de su fracción política, exigió una investigación y sanción contra la titular de Sedesol, ya que afirmó, hay un “descarado” desvío de recursos públicos para cooptar el voto.

En conferencia, Herrera Ávila mostró grabaciones e imágenes en las que se muestra a funcionarios de la Sedesol entregando comida y víveres a personas que no son de escasos recursos, lo que consideran,  revela una operación política para favorecer al PRI.

Posteriormente, los legisladores panistas presentaron otras dos denuncias públicas relativas a los procesos electorales de Sonora y Querétaro. La primera se presentó contra la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, por presunto tráfico de influencias, mientras la segunda tocó al dirigente nacional del Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz a quien el PAN acusa de difamación.

En un primer momento, el senador Roberto Gil Zuarth, demandó una investigación contra Pavlovich, luego de que se diera a conocer que esta operó en favor de Samuel Fraijo, dueño de la constructora Exploraciones Mineras del Desierto- a San Luis Río Colorado, para obtener contratos de obras carreteras en 2014. En tanto, el empresario por su parte, hoy pone a los servicios de la candidata, un avión privado que utiliza en su campaña electoral.

Más tarde, la bancada de Acción Nacional, exigió al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, una disculpa pública por haber afirmado de manera “calumniosa” que el candidato de su partido a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, presentó una declaración patrimonial “mocha” y “truqueada”.

El Partido Verde reparte despensas

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) utiliza asociaciones civiles para presuntamente triangular la entrega de despensas y programas sociales del gobierno de Quintana Roo, por lo cual, fue denunciado ante la Fepade.

En conferencia, el secretario general del PRD en Quintana Roo, Gerardo Mora Vallejo y Carlos Montalbán Colón, representante del partido en el tercer distrito ante el Instituto Estatal Electoral, informaron que pidieron investigar al PVEM.

De acuerdo con la denuncia, el Verde Ecologista formó las asociaciones civiles denominadas ‘Niños Verdes’, ‘Familia Verde’, ‘Ángeles Verdes’ y ‘Niños Verdes por Amor a México’ para entregar despensas a la población con el objetivo de coaccionar el voto en favor a los candidatos de este partido.