El Partido Acción Nacional (PAN) doblegó ayer a la fracción del PRI en la Cámara de Diputados al conseguir que éste desistiera de sus pretensiones de impulsar un Sistema de Integridad Pública y, en su lugar, se constituya un Sistema Nacional Anticorrupción en la reforma constitucional en la materia.

De acuerdo con una nota del diario 24 Horas, se supo que las negociaciones se habían atorado por, entre otras cosas, el nombre que llevaría el organismo anticorrupción; la ratificación del Senado de la República de Virgilio Andrade Martínez como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); y la creación de un consejo rector formado por los gobernadores de los estados.

Sin embargo, durante una encerrona que sostuvieron los coordinadores Manlio Fabio Beltrones (PRI), Ricardo Anaya Cortés (PAN) y Miguel Alonso Raya (PRD), lograron destrabar sus diferencias en 30 minutos.

“Hemos tenido una de las últimas reuniones que nos permite anunciarles que hay un acuerdo en lo general, para poder avanzar esta misma semana en una votación, que, en Cámara de Diputados, le de vida constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción”, anunció Manlio Fabio Beltrones.

Después, el líder del blanquiazul en el recinto de San Lázaro, Ricardo Anaya, reveló que entre los acuerdos políticos se acordó que el dictamen se emitiera este mismo miércoles en la Comisión de Puntos Constitucionales, se le dispensaran los trámites y que mañana se lleve a debate al Pleno de la Cámara de Diputados.

Entre los acuerdos, también se pactó que el secretario de la Función Pública (SFP), en este caso Virgilio Andrade, sea sujeto a ser ratificado por el Senado de la República después del nombramiento del titular del Ejecutivo.

Además, que las participaciones federales serán fiscalizadas hasta en un 92%por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el otro 8% por los órganos fiscalizadores locales, que también se crearán cuando se avale este Sistema Nacional Anticorrupción.

De acuerdo con el líder del PAN en San Lázaro, Ricardo Anaya Cortés, el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá como ejes fundamentales prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción que puedan incurrir los funcionarios públicos en el manejo de los recursos públicos.

En la prevención se tiene como parámetro el de “fortalecer la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control de todas las dependencias y organismos públicos, como el propio Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos”.

En el apartado de investigación, los “órganos verdaderamente independientes y autónomos, actuaran fortaleciendo a la Auditoría Superior de la Federación que sí podrá realizar auditorías en tiempo real e investigar a partir de denuncias ciudadanas los gobiernos estatales”, afirmó Anaya Cortés.

En el apartado de sanciones, el político queretano afirmó que “nunca más, empleados del Presidente de la República, de los gobernadores, o, de los presidentes municipales, juzguen a sus jefes o a sus compañeros por faltas graves”, además, ningún delito relacionado con la corrupción prescribirá antes de siete años.

Por su parte, el coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó que en los artículos transitorios se definirá, una vez que el Sistema Nacional Anticorrupción entre en vigor, que el titular del Ejecutivo proponga una terna sobre quien sea designado como titular de la Secretaría de la Función Pública.

Darán dientes a la ASF

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación crecerán dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.

La dependencia ahora podrá realizar revisiones en tiempo real, auditar la adquisición de deuda de los gobiernos locales que usen como garantía fondos federales y emitir dos veces al año informes individuales de resultados.

También, conforme al acuerdo que de última hora alcanzaron los partidos políticos, podrá conocer de asuntos locales a petición de los Congresos de los estados.

De acuerdo con otra nota del periódico Reforma, la Auditoría también podrá fiscalizar los fideicomisos privados que ejerzan fondos públicos.

"En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales", se lee en el documento.

En el texto, que contiene las reformas que se harán a la Constitución, no se establece la facultad de atracción de la ASF sobre asuntos locales, que ha sido uno de los aspectos en el que las fracciones parlamentarias no se han puesto de acuerdo.

El documento, que esta tarde será discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como los tribunales de lo contencioso en los estados, pasarán a ser tribunales de justicia administrativa y serán los encargados de imponer las sanciones graves a los servidores públicos.

Además, estos órganos, también conocerán de actos de corrupción en el que hayan participado particulares y podrán emitir sanciones en contra de ellos, ya sean personas física o morales.

"Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

"(Así como) la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales", se añade en el documento.

En el caso del Tribunal Federal, se agrega, los magistrados serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado.

"Los Magistrados de Sala Superior durarán en su encargo quince años improrrogables y los de Sala Regional diez años, pudiendo estos últimos ser considerados para nuevos nombramientos. Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley".

En el documento, se cambia la denominación de las contralorías de los órganos autónomos como la CNDH, el INE, el IFAI, etc., por el de Órganos Internos de Control y se establece que el titulares de dichos OIC serán designados por la Cámara de Diputados por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

El documento establece la existencia de un Sistema Nacional de Integridad Pública, el cual es coordinado por un Comité, en el cual no figuran el Presidente de la República ni los Gobernadores, como en un borrador se propuso y que generó un amplio rechazo de la academia y de la sociedad civil.

"El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la fiscalía especializada en combate a la corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana", se define.

Sobre la Secretaría de la Función Pública, el documento sólo establece en uno de los artículos transitorios que el Legislativo tendrá que hacer las modificaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que pueda cumplir con lo previsto en el decreto.

En el documento también se establece la obligación de los servidores públicos de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, pero no establece que éstas serán de carácter público.