La propuesta entregada por el PRI en la Cámara de Diputados para crear el Sistema Nacional Anticorrupción incluye establecer la obligación constitucional de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses.

Así, la bancada priista hizo suyo el planteamiento de organizaciones de la sociedad civil que participan en la discusión de la transparencia y la rendición de cuentas.

Según el calendario aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, los grupos parlamentarios presentarían sus propuestas de ajuste al dictamen que daría paso al Sistema Nacional Anticorrupción.

De acuerdo con una nota del periódico Excélsior, Héctor Gutiérrez de la Garza, vicecoordinador jurídico de la fracción del PRI, detalló que el documento presentado por ésta plantea que en la Constitución se establezcan ambas declaratorias con carácter obligatorio para todos los servidores públicos.

“Esto va íntimamente ligado con la obligación señalada por el Presidente de la República hacia el interior del gobierno federal, con la instrucción de que todos los funcionarios públicos declararan si tienen conflicto de intereses; será para todos los servidores públicos, independientemente del orden de gobierno”.

Expuso que como se trata de una reforma constitucional, el futuro sistema involucrará a estados y municipios.

Otro punto novedoso que los priistas plantean en su propuesta de dictamen final —derivada de las sugerencias de organizaciones de la sociedad organizada— refiere que “el principio de secrecía en materia fiscal deja de existir para efectos de la investigación de casos ligados a corrupción”.

El también secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales comentó que dichos ajustes se corresponden a los señalamientos presentados por dichas organizaciones y son coincidentes con los documentos de PAN y PRD.

Gutiérrez de la Garza explicó que la propuesta del PRI ratifica los cuatro componentes en los que existe consenso entre las distintas fuerzas políticas.

Se trata del fortalecimiento a las atribuciones de la Auditoría de Superior de la Federación como órgano autónomo, para que desde el 1 de enero pueda entrar a revisar el año anterior, mientras que en el caso de denuncia sobre hechos graves podrá entrar de inmediato, revisión en tiempo real.

En un segundo aspecto, se fortalecen las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.

Un tercer componente es el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual resolvería las sanciones graves, toda vez que las infracciones menores serán llevadas por los órganos internos de control.

Un cuarto elemento se refiere a la Fiscalía Anticorrupción, donde serían denunciados los delitos graves detectados por las autoridades. Este órgano realizará su persecución tanto a servidores públicos como a particulares.

Pero la propuesta priista no prevé que el Senado ratifique la designación del titular de la SFP, como pide la oposición.

“Quisiera recordarles que el secretario de la Función Pública es el contralor interno del gobierno federal. Si queremos un verdadero equilibrio de poderes, entonces que el contralor interno de la Cámara de Diputados y del Senado sean ratificados por el Presidente. Entonces creo que ahí sí habría un equilibrio de poderes”, alegó.

Confió en que esa diferencia pronto será saldada con las fracciones de PAN y PRD, al igual que la facultad de atracción que éstas plantean para que la ASF pueda auditar, en ciertos casos, ingresos propios de estados y municipios.

Asimismo, y con el fin de analizar los puntos en común y desatorar las diferencias, a partir de este miércoles la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro se declarará en sesión permanente.

Al respecto, el también secretario de dicha instancia, el diputado del PAN Fernando Rodríguez Doval, confirmó que la idea es tener la próxima semana un acuerdo que pueda aprobarse, primero en la Comisión y posteriormente en el pleno.

“A reserva de revisar con mayor amplitud las propuestas de los otros partidos, yo creo que hay temas donde PAN y PRD hemos insistido y que el gobierno todavía no acepta”, comentó el panista según la nota del diario Excélsior.

“Por ejemplo, la ratificación del secretario de la Función Pública por parte del Senado, nos parece fundamental”.

Ley debe ser clara para evitar controversias

Patricia Kurczyn, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), afirmó que la Ley General de Transparencia deberá de ser muy clara en su redacción para evitar controversia constitucional o amparos.

“El chiste es que no se detenga y el chiste es que la ley sea tan clara que no nos vaya a llevar después a problemas de controversia constitucional y que no nos vaya llevar después hasta el amparo. La redacción debe ser muy clara”.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, la comisionada del IFAI explicó que por tres horas los siete comisionados expresaron sus ideas e inquietudes a los senadores y aportaron ideas en la redacción del dictamen de Ley General de Transparencia.

“Escuchar a quienes estamos en la práctica diaria y que podamos manifestar cuáles son las inquietudes que nos encontramos en la aplicación de la ley, eso habla de un Senado abierto”.

Explicó que uno de los puntos donde están atorados los comisionados es si el IFAI tiene atribuciones constitucionales para sancionar a los sujetos obligados a transparentar la información y que incumplan.

“La Constitución dice ‘medidas de apremio’, pero no sabemos si el órgano garante podrá sancionar o no sancionar.

“Cuatro comisionados consideran que no debe haber sanciones, que no tenemos facultades para imponerlas, que no las podríamos imponer a otro órgano autónomo, pero tres de nosotros consideramos que sí tenemos facultades”.

Kurczyn destacó que hubo gran apertura por parte de los legisladores para escuchar sus puntos de vista y confió en que pronto habrá un dictamen sobre el proyecto de ley.

“Yo siento que están a punto de ponerse de acuerdo los senadores y seguramente la próxima semana tendremos más noticias positivas”.

La comisionada del IFAI reconoció que se ha avanzado en materia de transparencia; sin embargo, es importante que los sujetos obligados  puedan abrir su información a través de sus portales de internet y sus páginas sean accesibles.

“El chiste es tener cada vez más transparencia, pero no sólo eso, yo creo que  lo importante es que no tengas sacar la información con tirabuzón, que no tengas que estar obligando a que den la información, es decir, necesitamos de un transparencia proactiva, abierta, eficiente”.

Los comisionados del IFAI reiteraron en conferencia de prensa que la solicitud hecha a los senadores fue que aprobaran leyes de transparencia a la altura que requiere el país.

“Los integrantes de este pleno del IFAI entregamos a los senadores el documento Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, explicó Ximena Puente de la Mora, presidente del IFAI.

Los siete comisionados del IFAI señalaron que los legisladores se comprometieron a seguir trabajando para sacar adelante estas leyes.

Piden a senadores precisar alcances y conceptos

Precisar los conceptos y causales de reservar información por cuestiones de seguridad nacional y estabilidad financiera, e integrar al Sistema Nacional de Transparencia sólo con representantes del IFAI y de los órganos garantes de las entidades federativas, son algunas de las diez recomendaciones que el IFAI hizo al Senado.

A través de lo que denominó “Diez puntos relevantes a considerar en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, el IFAI señala que establecer sanciones a los órganos garantes por ejercer sus atribuciones inhiben la función que tienen encomendada, en perjuicio del derecho de acceso a la información.

Sugiere que se mantenga la excepción a la reserva de información tratándose de violaciones graves o delitos de lesa humanidad, sin condicionarla a que exista un pronunciamiento previo por autoridad competente, ya que esto, consideran, podría anular la competencia de los órganos garantes para determinar la existencia de esos supuestos de excepción para efectos del acceso a la información.

Señala que prever la posibilidad de que la Consejería Jurídica pueda impugnar, por razones de seguridad nacional, las resoluciones de los organismos garantes de las entidades federativas, trastoca lo establecido en la Constitución, la que sólo faculta para impugnar las resoluciones del organismo garante federal.

Según otra nota del diario Crónica, el IFAI indica que siempre que se reserve información debe existir una justificación razonada que permita a las personas entender los motivos de la autoridad.

Refiere que con el objeto de mejorar la participación ciudadana, se debe mantener el procedimiento de denuncia por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia.

Propone mantener como una obligación de transparencia la publicación del nombre de las personas a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal.