Oaxaca.- El Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM) demandó establecer medidas de protección para un indígena que se encuentra preso por su activismo en defensa de los bosques de la Sierra Juárez, así como para su familia y su abogado, quienes recientemente recibieron amenazas de muerte.

Miguel Cruz Moreno, integrante de la Junta Organizadora del CIPO, entrevistado en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, informó que acudió a esa instancia para solicitarle que dicte medidas cautelares a favor del indígena Pablo López Alavez, su cónyuge Yolanda Pérez Cruz, sus familiares y su abogado Galdino Vicente Baltazar Sumano.

El activista señaló que la semana pasada, en las oficinas del abogado que lleva el caso de López Alavez, recibieron un anónimo con amenazas de muerte contra el litigante Baltazar Sumano.

El dirigente de CIPO señaló que el ecologista indígena López Alavez, actualmente preso en el Centro de Readaptación Social de la Villa de Etla, desempeñó cargos como autoridad comunitaria, además de participar en los procesos de reconocimiento agrario de su comunidad, San Isidro Aloapan, y en la defensa del boque local para que no siga siendo dañado por particulares, dado que en la zona es la única fuente de agua y de cría de animales silvestres.

Cruz Moreno señaló que López Alavez, defendía el bosque y los recursos forestales de su comunidad frente a talamontes cuando fue procesado por el delito de homicidio, sin recibir siquiera las notificaciones que la ley señala ni tener la oportunidad de defenderse judicialmente.

Ese proceso totalmente irregular, dijo el quejoso, permitió que en 2010 el juzgado penal de la Villa de Etla emitiera una orden de aprehensión contra el inculpado, quien ignoraba siquiera que se le investigaba.

Para empeorar la situación, agregó el activista social, López Alavez no fue detenido por autoridades policiales sino que el 16 de agosto de 2010 un grupo de hombres armados y encapuchados lo privó de su libertad en presencia de familiares, en la comunidad de San Isidro Aloapan.

Cruz Moreno expuso que el ecologista estuvo desaparecido durante todo un día, pero al fin lo encontraron recluido en el Centro de Readaptación Social de la Villa de Etla, ya bajo proceso por el delito de homicidio.

El miembro de la junta organizadora del CIPO expuso que al procesar al activista social sin notificarle cargos, la autoridad judicial incurrió en la fabricación de delitos para impedir el trabajo que el afectado desempeñaba como defensor de derechos de los pueblos indígenas.

El quejoso añadió que cuando la organización tuvo conocimiento de los hechos, tomó la defensa de su compañero, pues encontraron que se estaba vulnerando sus derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la libertad.

Enfatizó que los integrantes de CIPO han mostrado pruebas de estas violaciones a las autoridades e inclusive presentaron el caso ante lo que era la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2010, la cual también señaló violaciones a los derechos de su compañero mediante el expediente CDDH/1191/(06)/OAX/2010, pero a pesar de ello sigue preso.

Cruz Moreno reiteró que desde que emprendieron la defensa de su colega y el acompañamiento de su caso, diversos integrantes de la organización, junto con la familia de su compañero detenido y sus abogados defensores, han sido víctimas de amenazas y hostigamiento.

Para terminar, el activista social subrayó que al recibir amenazas graves en el año que inicia, acudió junto con los integrantes de CIPO a la Defensoría para solicitar medidas cautelares urgentes, con la esperanza de evitar que algún integrante de la organización o familiares del detenido puedan sufrir agresiones físicas o psicológicas, además de que temen por la seguridad de su compañero que está en la cárcel.