En 7 años, el Gobierno federal canalizó a las alcaldías un total de 29 mil 915.2 millones de pesos del dinero de los mexicanos para fortalecer las policías municipales y depurarlas de malos elementos, sin resultados tangibles de mejora.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el gasto millonario es 10 por ciento superior a lo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso destinar a las policías locales con el fin de mejorar su desempeño.

En el caso mexicano, a través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), el Gobierno ha incrementado el número de alcaldías beneficiadas, pues inició con 150 en 2008 y este año alcanzó la cifra de 268.

Pero en su propio proyecto de reforma constitucional para cambiar el sistema policiaco, el Gobierno de Enrique Peña acepta que varias de las corporaciones policiales municipales no han tenido la solidez institucional suficiente para hacer frente a la delincuencia, e incluso han sido cooptadas por la delincuencia.

"No debe pasar desapercibido que si bien los esfuerzos recientes para tratar de homogeneizar y certificar a las policías del país han generado avances tangibles, el proceso es demasiado lento y dispar al tratarse de un sistema que funciona en gran parte mediante incentivos presupuestales para los municipios", dice la iniciativa enviada el lunes al Congreso.

Un ejemplo es el caso de Iguala, pues, entre 2013 y 2014, se le entregaron 20 millones de pesos al entonces alcalde José Luis Abarca sólo para mejorar a la policía municipal, cuyos integrantes fueron aprehendidos por participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ese municipio había sido beneficiado en los ejercicios anteriores, de 2008 a 2012, con 49 millones de pesos.

El Subsemun, ideado durante la Administración del presidente Felipe Calderón, tenía como objetivo principal la llamada instrumentación del Nuevo Modelo Policial, que arrancaría en los municipios más poblados e inseguros del país.

De acuerdo con el último reporte oficial, los policías de Iguala tuvieron este año, con los recursos del Subsemun, una renivelación salarial de 6 por ciento al pasar de un sueldo promedio mensual de 7 mil 460 pesos a 7 mil 911 pesos.

Esa corporación fue disuelta al estallar el escándalo por los normalistas de Ayotzinapa.

El Gobierno federal puso en evidencia las penurias de las policías municipales.

Los agentes tienen mala capacitación y salarios insuficientes, mientras sus corporaciones están mal distribuidas, mal equipadas y carecen de protocolos homogéneos de actuación.

Alrededor del 40 por ciento de los agentes municipales perciben un salario mensual menor a 4 mil 600 pesos y sólo el 4 por ciento obtiene un salario superior a 12 mil pesos, que es el equivalente al que se proporciona en algunas corporaciones estatales.

El 0.6 por ciento de los policías locales es analfabeta, el 3 por ciento carece de educación básica, el 11.9 por ciento cuenta con ella y el 52 por ciento cursó la educación media.

Además, 600 municipios funcionan sin estas policías, y, en los mil 800 restantes del País, se concentran en las localidades más grandes y urbanizadas.

Según la exposición de motivos de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo al Senado, esas debilidades institucionales han provocado ineficacia para combatir delitos del fuero común, como robos y homicidios, y que las policías sean fácilmente corrompidas por el crimen organizado.

"La evolución y sofisticación de la delincuencia común y organizada, así como la colusión y corrupción de varias autoridades policiales y de procuración y administración de justicia, ha permitido que ciertos grupos de la delincuencia ejerzan distintos grados de control en determinadas zonas del territorio nacional", sostiene.

"Varias de las corporaciones policiales municipales no han tenido la solidez institucional suficiente para hacer frente a la delincuencia en sus diversas expresiones, lo que se ha traducido a su vez en la cooptación de los elementos que integran estas corporaciones por parte del crimen organizado".

A pesar de que las Policías municipales son las que deben tener el primer contacto con los ciudadanos, señala, éstas representan sólo 32 por ciento del total de la fuerza policial, no están presentes en 600 municipios y en los mil 800 restantes están concentradas en los ayuntamientos más grandes y urbanizados.

"Tenemos que las 20 corporaciones municipales más grandes concentran el 25 por ciento del total de policías municipales en el país. En contraste, el 10 por ciento de los policías municipales se dispersa entre mil 110 municipios, promediando alrededor de 12 elementos en cada uno", indica.

La propuesta de desaparecer las policías municipales y sólo permitirle a los ayuntamientos contar con servidores públicos encargados de garantizar la observancia de los bandos municipales, justifica el documento, se ha retomado de países como Alemania.

"La centralización de las tareas de seguridad pública es una cuestión que responde a consideraciones propias de las necesidades de un país en determinado momento histórico, más que a una distribución competencial predeterminada en la que se pueda considerar que existen funciones que naturalmente corresponden a un orden de gobierno", indica la iniciativa.

De acuerdo con los datos de noviembre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya se evaluó al ciento por ciento de los elementos policiacos federales, estatales y municipales.

Los resultados son que 59 mil 286 elementos de los cuerpos federales pasaron los exámenes y tres mil 516 no lo aprobaron, que representan el seis por ciento; a nivel estatal, 178 mil 427 elementos aprobaron y 20 mil 521, que equivalen a 10 por ciento, reprobaron; y a nivel municipal hay 117 mil 334 elementos policiacos que pasaron los controles de confianza y 38 mil reprobaron, es decir 13 por ciento.

La inseguridad lo que más frena el crecimiento del país

La inseguridad pública se mantiene como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento económico del país en los próximos meses.

Es la opinión de la mayoría de analistas del sector privado nacional y extranjero consultados por el Banco de México. Los expertos redujeron nuevamente su expectativa de crecimiento del producto interno bruto para éste y el próximo año. También elevaron su pronóstico de inflación y anticiparon una mayor depreciación del valor del peso frente al dólar.

Según otra nota del periódico La Jornada, la inseguridad representa un riesgo mayor para el crecimiento que la combinación de la política fiscal del gobierno y la debilidad del mercado interno, en un año en que la expectativa de crecimiento ha ido constantemente a la baja, según el resultado de la Encuesta sobre las Expectativas de los Analistas del Sector Privado, elaborada cada mes por el Banco de México.

En la encuesta correspondiente a noviembre de este año, levantada entre el 24 y el 28 de octubre, 26 por ciento de los entrevistados, poco más de una cuarta parte, consideró que el principal problema para el crecimiento de la economía en los siguientes meses es la inseguridad pública.

La debilidad del mercado interno (12 por ciento) y la política fiscal del gobierno federal (10 por ciento de las respuestas) sumaron 22 por ciento, una proporción menor a la que concentra el tema de la falta de seguridad pública, de acuerdo con la encuesta, que recogió la opinión de 37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.

El enfoque de los analistas del sector privado en la inseguridad pública como principal factor que puede obstaculizar el crecimiento del país ha sido una constante a lo largo del año y no sólo una percepción por los acontecimientos recientes en el país, como muestra el seguimiento de las encuestas.

Ya en la encuesta correspondiente a enero la inseguridad pública apareció como el principal factor que puede obstaculizar el crecimiento del país, con 20 por ciento de las respuestas, proporción que fue en aumento hasta el actual de 26 por ciento.

En la encuesta divulgada ayer, que corresponde a noviembre, los analistas redujeron su previsión de crecimiento para este año: de 2.30 por ciento en la muestra de octubre a 2.19, menor a la media prevista por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda.

El Banco de México espera para este año un crecimiento de entre 2 y 2.5 por ciento (una media aritmética de 2.25 por ciento) y la Secretaría de Hacienda manejó un rango de entre 2.1 y 2.6 por ciento (una media de 2.35 por ciento).

Este año la inflación general será de 4.07 por ciento, cinco centésimas de punto más que la previsión en la encuesta de octubre. En tanto, la inflación subyacente –que elimina del índice general los precios más volátiles, como los de frutas y verduras, y los de los combustibles– se situará en 3.17 por ciento, cuatro centésimas menos que la previsión del mes anterior.

El tipo de cambio terminará el año en 13.49 pesos por dólar, 16 centavos más que el nivel previsto hace un mes.