Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública medidas de protección para garantizar el acceso al derecho a la educación de ocho niñas y niños a quienes, por conflicto sindicales, se le negó el acceso al Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) número 4 de Juchitán de Zaragoza.

El coordinador general de la Defensoría, Juan Rodríguez Ramos, informó que los padres y madres de familia de las niñas y los niños afectados presentaron su queja ante la Defensoría el 10 de octubre último, en la cual manifestaron que el personal del CENDI impidió el acceso a sus hijas e hijos por diferencias de tipo sindical.

El representante de la Defensoría agregó que en la medida de protección se solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) que instruyera a la directora del CENDI número 4 para que garantice que las niñas y los niños continúen recibiendo atención educativa en dicho plantel, sin que les impidan el ingreso.

Rodríguez Ramos explicó que las madres y los padres de esas niñas y esos niños son trabajadores del Instituto Tecnológico del Istmo, afiliados a la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero el personal del CENDI les solicitó constancias sindicales de la Sección 22 para permitir el acceso a sus hijas e hijos.

Ante estos hechos, puntualizó, la Defensoría abrió un expediente de queja ante la posible violación de derechos humanos, el cual está en trámite con una investigación sobre las actuaciones de las y los servidores públicos en el CENDI mencionado.

Indicó que, además de las medidas de protección emitidas para garantizar el acceso al derecho a la educación de estas niñas y estos niños, la Defensoría pidió al Instituto Estatal de Educación Pública rendir un informe sobre las acciones que ha emprendido en el caso.

Para concluir, Rodríguez Ramos insistió en que las medidas de protección tienen como fin garantizar el derecho a la educación, y que salvaguardar el interés superior de las niñas y los niños es la prioridad de la Defensoría, pues su jurisdicción no abarca el asunto sindical.