ASUNCIÓN Tlaxiaco, Oax.- En el marco de la visita de la relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), exigió a los gobiernos estatal y federal el cumplimiento de las medidas cautelares MC-60-12 dictadas por la CIDH a favor de los 76 integrantes de la comunidad indígena triqui de Valle del Río San Pedro, quienes fueron desplazados  de su comunidad, por situaciones de intolerancia  religiosa, de violencia por división de partidos políticos, por presión de grupos armados y paramilitares, entre otras cuestiones.

Así lo dio a conocer, Maurilio Santiago Reyes, presidente de Cedhapi A. C.,  quien abundó que son decenas de familias de Valle del Río San Pedro, quienes a pesar de contar con medidas cautelares de la CIDH, desde  hace cinco años  vienen de lugar  en lugar como desplazados  internos, sufriendo discriminación y hasta  el momento  no han podido reubicarse  en un lugar idóneo  a pesar  de que  el Gobierno del Estado  se comprometió a cumplir con dichas recomendaciones.

“El gobierno de Oaxaca, como parte del Estado mexicano, sabe que tiene una responsabilidad y compromiso para resolver la situación de impunidad que existe en la región, el desplazamiento de personas; además es urgente y prioritario que el caso sea atendido de forma integral y de fondo”, consideró.

Señaló que “estas familias en las que se encuentran 20 niñas y niños han sufrido violación sistemática a sus Derechos Humanos viviendo como desplazadas de un lugar a otro y sufriendo inclusive atentados  contra su integridad física la vida y su dignidad”, comentó.

Por lo anterior, reiteró que Cedhapi y las familias triquis beneficiadas  de Medidas Cautelares y de la asociación civil “Nudo de mujeres”  exigen el cumplimiento de dichas medidas y la creación de políticas públicas para evitar la discriminación racial que actualmente viven, pues lamentó que “No existe el apoyo necesario por parte de las autoridades y las condiciones de vida de dichas familias son deplorables tanto para los adultos como para los niños”, mencionó Santiago Reyes.

Cabe señalar, que fue en el año 2008, cuando 20 familias provenientes  de las comunidades  de San Miguel Cópala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Yutasaní, Ladera, fueron desplazados  de su comunidad, por situaciones de intolerancia  religiosa, de violencia por división de partidos políticos, por presión de grupos armados y paramilitares, y sobre todo la comunidad de San Miguel Copala que sus habitantes fueron exterminados, sobre todo los hombres y algunos  encarcelados.

Y fue el ocho de Marzo de 2013  cuando 20 mujeres indígenas triquis con sus hijos e hijas, fueron reubicados en el paraje “Yugite” Cañada El Curtidor, Tlaxiaco, Oaxaca; predio que fue comprado por el Gobierno del Estado de Oaxaca  en acato a las Medidas  Cautelares  otorgadas por la CIDH y ese mismo día autoridades con pobladores de Cañada El Curtidor les impidieron el paso para pasar  sus  cosas personales y por tres días no les permitieron salir  ni que  les  pasaran alimentos y actualmente  estas personas  mantienen vigilancia  y no dejan que se les visite y restringen el acceso libre  de las mujeres indígenas triquis  que actualmente conforman la asociación civil “Nudo de Mujeres”.

Cabe recordar que el día ocho de mayo de 2012 fueron asesinadas  tres personas de Valle del Río por un comando armado que  efectuaron ráfagas de R15, encontrándose niños, niñas  y mujeres; posteriormente el 29 de mayo de 2012, la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares  a favor  de  habitantes  de la comunidad  de Valle del Río San Pedro, San Juan Copala, Putla  de Guerrero, Oaxaca.

El día 31 de Julio de 2012, un grupo armado incursiona  en la población de Valle del Río San Pedro en búsqueda de la representante de beneficiarios de Medidas Cautelares, Eva Gómez  Santos, con el objeto de asesinarla, sin embargo, no lograron su cometido.

 Por lo que el día tres de agosto de 2012,  15 familias  beneficiarias  de Medidas Cautelares de Valle del Río San Pedro  salen en éxodo, en su mayoría niños, niñas y mujeres, siendo  en su totalidad  30 mujeres las que abandonan la región Triqui, dejando sus tierras y sus casas por  el temor  de ser asesinadas.