Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), integró un cuaderno de antecedentes, además de que dictó medidas cautelares a favor de los dos estudiantes  de la Normal de Ayotzinapa, originarios de Oaxaca y que fueron agredidos brutalmente por la policía municipal de Iguala Guerrero, junto con otros 43 normalistas el pasado 26 de septiembre.

El presidente del organismo Arturo Peimbert, abundó que uno de las víctimas se encuentra desaparecido y el otro se encuentra hospitalizado, luego de recibir un impacto de bala en la boca.

Dijo para el caso del lesionado Edgar Andrés Vargas de 19 años, originario de San Francisco del Mar, se han dictado medidas cautelares para salvaguardar su integridad, además de cuidar que reciban una atención médica adecuada, por que puede ser un testigo clave en las investigaciones que realizan las autoridades federales para lograr la identificación de los responsables.

“Nosotros pedimos trasladar al joven normalistas a Oaxaca, para que fuera atendido por instituciones de salud local, pero se nos limitó por que el tema ha sido atraído por la Comisión Interamericana de los Derechos de los Humanos (CIDH), según reporte de la cancillería, por que es considerado in testigo clave en los hechos”.

Peimbert, afirmó que también se está ofreciendo trabajo jurídico para lograr la localización de Cristian Tomás Colón,  otro estudiante normalistas originario del municipio de Tlacolula de Matamoros, que esta reportado como desaparecido por sus familiares y se buscará acompañarlo en todas las gestiones que sean necesaria ante las instancias que haya que recurrir para que pueda ser localizado.

Peimbert condenó la agresión cometida contra normalistas  en Iguala Guerrero, exigiendo al estado México que paguen con cárcel los responsables, desde los autores materiales hasta los intelectuales.

Indicó que el hecho refleja la descomposición de las instituciones estatales en Guerrero, máxime cuando quienes  están obligados a proteger los derechos a la vida y la integridad de las personas se conviertan en sus verdugos.

“Creo que han existido omisiones de todos los niveles de gobierno, por que a pesar de conocer los antecedentes del alcalde no se abonó para evitar este condenable crimen”.

Peimbert Calvo, dijo que el estado Mexicano debe valer todos los mecanismos a su alcance para evitar que los hechos de Iguala no se vuelvan a repetir y se repare el daño causado a las víctimas.

Abundó que el caso Iguala, “nos duele a todo México y nos ponemos en una disyuntiva vital, para garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos, en materia de procuración de justicia, de judicialización de la misma y de prevención efectiva del delito”.

Negó ver escenarios similares a los ocurridos en Iguala en Oaxaca, donde hay una actuación del estado, respetuosa en el libre de derecho de manifestación de los estudiantes normalistas, a pesar de que algunas ocasiones las protestas han sido agresivas, en contra del derecho y patrimonio de terceros involucrados.

“No somos un oráculo, somos una institución de derechos humanos que cumple con su deber en base a la información que comentamos, sin embargo hacemos un llamado al gobierno para que en la manera de los posible se evite con omisiones un brote de violencia como el reportado en Iguala Guerrero, por parte de los policías municipales que acudieron a reprimir una protestas de normalistas”.