En el transcurso de los próximos días, el gobierno federal podría facilitar la liberación de dos de tres presos políticos detenidos en Puebla, a instancias del gobierno del estado por obstruir las obras del Gasoducto Morelos.

Se trata de la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez y del representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Juan Carlos Flores Solís, que fueron encarcelados en la primera semana de abril, acusados de diversos delitos vinculados con su rechazo a las obras de gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad.

La liberación de ambos activistas podría concretarse en los próximos días, y ser motivo de conflicto entre el gobierno federal y la administración estatal de Rafael Moreno Valle, a la que en los últimos días le han llovido críticas de diversas organizaciones y partidos que la acusan de cerrada e intolerante.

La excarcelación de Enedina Rosas y Juan Carlos Robles, que sería ordenada por un juez de distrito, tendría un doble propósito: por un lado resaltar que el gobierno federal, a diferencia del gobierno estado, no criminaliza la protesta social y, por otro, evidenciar que en la administración morenovallista el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil es prácticamente inexistente.

La Secretaría de Gobernación federal ha detectado que uno de los puntos débiles del mandatario estatal en su estilo autocrático y que éste le ha granjeado una serie de conflictos con grupos y organizaciones sociales que lo mismo se oponen a las obras del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, que a proyectos mineros o hidroeléctricos en la Sierra Norte, que a la sobreexplotación de mantos freáticos o la expropiación de tierras en Cholula y en otros municipios ubicados a las faldas del volcán Popocatépetl.

En este contexto hay que inscribir la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en la Segunda Cumbre Ciudadana  efectuada a principios de junio en la capital del estado, y las críticas de María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, en el sentido de que Puebla es uno de los estados más cerrados al diálogo con las organizaciones civiles. http://e-consulta.com/nota/2014-06-02/sociedad/puebla-estado-que-se-cierra-al-dialogo-con-organizaciones-civiles-morera

Y también el desplegado que este martes diputados federales del PRD publicaron en el periódico La Jornada bajo el título Por un diálogo constructivo en el estado de Puebla, en el que convocan al gobernador Moreno Valle a una mesa de negociación para atender las demandas de diferentes organizaciones.

Otra cuestión que vale la pena mencionar de esta crisis de la administración morenovallista es que la misma está siendo utilizada por algunos grupos del propio gobierno para dirimir sus diferencias, y evidenciar la falta de operación de algunas dependencias como la Secretaría General de Gobierno.

A su titular Luis Maldonado Venegas no sólo se le critica por sus fallidos intentos de contener las marchas y manifestaciones de protesta, sino por cerrarse al diálogo con los dirigentes de estas organizaciones, con los que en lugar de construir acuerdos y consensos se ha enfrascado en un duelo de descalificaciones que poco contribuyen a la gobernabilidad y gobernanza de la entidad.

¿A quién le conviene este desgaste de Luis Maldonado en la Secretaría General de Gobierno? ¿Quién se beneficiaría con su partida? ¿Quién podría sustituirlo?

Conste que son preguntas.

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