La senadora del PRI, Arely Gómez, renunció esta noche a la presidencia de la Comisión Especial para el seguimiento del caso Oceanografía.

Según una nota del periódico Reforma, la dimisión se registró luego de que la legisladora reconoció que mantiene un parentesco con Martín Díaz Álvarez, quien es investigado por ese caso, y tras ser consultada por el mencionado diario sobre el tema.

A las 21:54 horas de ayer, la priista envió una carta al presidente de la Mesa Directiva, Raúl Cervantes, para informar de su separación del cargo.

"Realicé un análisis general sobre la información que es del conocimiento público en torno al asunto, particularmente una relación de personas que han sido señaladas por tener alguna participación en el caso.

"Derivado de la revisión, me percaté que una de las personas mencionadas por los medios de comunicación es el señor Martín Díaz Álvarez, con quien guardo parentesco por afinidad en cuarto grado", reconoció.

La legisladora está casada actualmente con Alfredo Freyssinier Álvarez, quien es primo hermano de Díaz Álvarez.

"En estricto respeto a la ley, por congruencia personal e integridad en mi gestión como Senadora de la República, he decidido excusarme de presidir e integra dicha comisión, a pesar de que no se trataron instancia investigadora, sino de un órgano de naturaleza especial del Senado para dar exclusivamente atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía", aseguró la senadora.

Los artículos 10 y 19 del Reglamento interno del Senado establecen que los legisladores deberán excusarse de los asuntos que estén bajo su responsabilidad cuando  éstos representen un conflicto de interés.

Además, los senadores también están sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

El numeral 11 del artículo 8 de ese ordenamiento establece que los servidores públicos no podrán atender asuntos en los que se encuentre involucrado un familiar que guarde parentesco por afinidad hasta en cuarto grado.

Gómez abandonó la presidencia de la Comisión especial a sólo un día de que este organismo fue creado.

 En su carta de renuncia sostiene que aceptó esa posición convencida de la importancia de que el caso Oceanografía debe quedar debidamente esclarecido ante la opinión pública.

Empleados de Banamex sí participaron en el fraude

Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la operación fraudulenta de Oceanografía confirmaron la desaparición de documentos relacionados con los créditos inflados que concedió Banamex a la compañía de Amado Yáñez y que corresponden, por lo menos, al último trimestre de 2013 y primer trimestre de este año.

Autoridades federales con conocimiento del caso indicaron al diario 24 Horas que este hecho evidencia la complicidad de empleados de menor nivel del banco en los actos irregulares de Oceanografía.

El 10 de marzo, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó a legisladores que la indagatoria en contra de la empresa contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) se habría detonado a partir de una denuncia que interpuso Banamex ante el Ministerio Público en Tabasco por la sustracción de documentos.

La procuraduría de Tabasco remitió el expediente a la PGR y se ubicó como probable responsable de la desaparición de documentos al cajero Erick Cervantes Murillo, empleado de una sucursal de Villahermosa donde se tramitaron créditos irregulares.

De acuerdo con las fuentes ministeriales consultadas por 24 Horas, existe ya una orden de localización y presentación en contra del empleado bancario, para que declare en torno a las operaciones sospechosas en que incurrió.

“De la información que sustrajo existe respaldo, pero lo importante aquí es la operación irregular que se detectó dentro de la propia sucursal de Banamex. Creemos que esto habría facilitado la obtención de los créditos irregulares que se otorgaron a Oceanografía. Más que falta de controles pudo haber complicidad”, señaló un funcionario con conocimiento del caso.

Además, la PGR investiga, bajo el mismo modus operandi, la posible complicidad o negligencia de otros empleados en sucursales donde se han tramitado créditos en favor de la compañía de Yáñez y que se ubican, por lo menos, en Tabasco. Campeche, Veracruz y Querétaro.

Cabe recordar que de acuerdo con la denuncia que interpuso Banamex ante la PGR, fueron más de 585 millones de dólares los que se otorgaron a Oceanografía, de los cuales cerca de 400 fueron facilitados con documentos que eran estimaciones infladas de pagos de servicios con Pemex.

Para esclarecer toda esta cadena de irregularidades y a posibles responsables, la Procuraduría, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y de la SEIDO, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tiene en curso varios peritajes contables.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González, informó el miércoles pasado que hay más de 50 cuentas bancarias que ya fueron congeladas a petición del ministerio Público Federal dentro de esta indagatoria.

En la Procuraduría indicaron que se trata de cuentas de varias personas vinculadas con Oceanografía, entre ellas de Amado Yáñez y Martín Díaz Álvarez. El objetivo es identificar su posible vínculo con la obtención de créditos ilegales o de blanqueo de los recursos obtenidos.

Autoridades federales indicaron que se prevé solicitar el apoyo de la Policía Internacional (Interpol) para la emisión de fichas de localización de varias personas que podrían estar vinculadas con la operación fraudulenta de Oceanografía y a las cuales se les han girado órdenes de presentación.

El diario 24 Horas publicó el pasado 24 de marzo que la PGR había pedido también alertas migratorias para Yáñez, quien ya se encuentra bajo arraigo, y por lo menos para una decena de personas más que, se sospecha, pudieron haberse trasladado a Estados Unidos o a otros países.

Los acuerdos de colaboración que existen dentro e Interpol permiten la emisión de algunas fichas como las “azules” a través de los cuales se solicita localizar e identificar a una persona.

En este caso y mientras la PGR aun no consigne el expediente y obtenga órdenes de aprehensión de un juez, no podrá solicitar la conocida “ficha roja”.

Entre las personas que son buscadas  para que puedan rendir declaración ministerial y se defina su situación jurídica se encuentran Díaz Álvarez, accionista de Oceanografía, y Oscar Rodríguez Borgio, contratista de la compañía.

Dueño de Oceanografía intento defraudar a Interacciones

Amado Yáñez Osuna, propietario de Oceanografía, intentó defraudar a la familia Hank en 2001. El empresario naviero, actualmente arraigado por la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó a Grupo Financiero Interacciones (GFI), que encabeza Carlos Hank Rhon, un préstamo por 17 millones de dólares.

De acuerdo con otra nota del periódico Excélsior, Fernando Solís Cámara, director general de Comunicación y Relaciones Interinstitucionales de GFI, confirmó que hace 13 años Yáñez Osuna hizo la solicitud del préstamo, cumpliendo en apariencia con todos los requisitos que impone esa firma para otorgar un crédito a una empresa.

“Afortunadamente, la experiencia de las personas que integran el Comité de Crédito hizo posible que pudieran detectar a tiempo que la documentación que utilizó Oceanografía era falsa y se pudo detener un fraude”, dijo Solís Cámara.

En ese sentido, señaló que “no hubo daño patrimonial” contra Interacciones, y por lo tanto no se hizo la denuncia ante las autoridades competentes, pero se procedió a imponer un veto categórico a Oceanografía.

De acuerdo con información de GFI, “el Comité Ejecutivo de Crédito –que detectó las irregularidades de Oceanografía–, es un órgano colegiado constituido por disposición del Consejo de Administración de Banco Interacciones, para coadyuvar en la toma de decisiones, respecto de las solicitudes de créditos y financiamientos presentados a las empresas del Grupo Financiero Interacciones (GFI) y a los diversos temas en los que se requiere evaluar la toma de riesgos de crédito”.

Con ese mismo modus operandi con el que Yáñez Osuna intentó obtener 17 millones de dólares de Interacciones, utilizando documentación fraudulenta, fue como el propietario de Oceanografía consumó un fraude en perjuicio del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) en 2005.

En septiembre de 2005, Yáñez obtuvo de Bancomext, según el Órgano de Control Interno de ese banco, dos préstamos. Uno por 30 millones de pesos y otro por 25 millones de dólares. Por este hecho hubo un aviso a Pemex de que se estaba utilizando documentación falsa de la paraestatal para soportar los créditos y ello derivó en dos averiguaciones previas.

En el caso del Grupo Financiero Interacciones, el Comité de Crédito de esa institución simplemente vetó a Oceanografía para que la empresa naviera no pudiera tener en el futuro cualquier tipo de relación financiera con esa empresa. Solís Cámara informó que todo el personal que conoció del caso ya no trabaja en esa institución.

De acuerdo con Solís Cámara, los integrantes del Comité de Crédito de GFI fueron capaces de detectar que la documentación que Yáñez Osuna presentó no era real, gracias a que desde su origen Interacciones es un banco especializado en crédito a gobiernos estatales y municipales e infraestructura, así como a proveedores del gobierno federal.

Comentó que aunque Petróleos Mexicanos tiene 41 formas distintas de efectuar pagos a sus proveedores, el personal del Comité de Crédito de Interacciones fue capaz de detectar ciertas alteraciones en la documentación que presentó la empresa naviera como soporte para obtener el crédito.

Cuando Yáñez intentó defraudar a la familia Hank, Oceanografía, empresa fundada en 1968, empezaba a ser beneficiada por la obtención de distintos contratos de la empresa paraestatal.

Según consta en documentos, cuando le empresa Oceanografía solicitó el crédito a Interacciones, la naviera había estado a punto de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la embargara.

Técnica y prácticamente estaba en quiebra y había evadido el pago de impuestos.

Según los datos en poder de la Cámara de Diputados, en el año 2000, meses antes de la solicitud del crédito por 17 millones de dólares al banco de los Hank, Oceanografía le debía al SAT 21 millones 130 mil pesos  y al año siguiente, justo cuando estuvo a punto de consumarse el fraude de Oceanografía a Interacciones, la empresa de Yáñez Osuna había saneado sus finanzas, pasando de un capital de millón y medio a 126 millones.

Actualmente las autoridades  mantienen las indagatorias sobre fraudes de la naviera a otras instituciones bancarias.