La vivencia de una pandemia de la magnitud que ha provocado el coronavirus, su  contagio, pérdida de vidas y la esperanza en medidas preventivas como la aplicación masiva de vacunas ha mostrado la realidad acerca de cómo ha respondido el gobierno en turno para enfrentarla y proteger el derecho a la salud que, universalmente, se reconoce como humano, sujeto a la tutela y garantía de todas las autoridades sanitarias, en específico de la de salud nacional, que los mexicanos desde la revolución hemos experimentado en lo que llamo la bipolaridad y el sofisma de los gobiernos emanados de la misma.

El contexto mencionado resalta hoy no solo el tema de la salud, sino el de la seguridad, el orden, la paz pública, la economía en las políticas oficiales frente a el paradigma constitucional de que el pueblo es quien ejerce su soberanía y dirige por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores; en México esta es una verdad formal en la Constitución que se cubre con el sofisma  de las políticas periódicamente, diseñadas conforme a la voluntad del presidente en turno o mediante pactos que impulsa con los grupos políticos de poder.

La bipolaridad aplica a todos los gobiernos, del presente hacia atrás, a partir de la revolución en cuanto a los temas señalados, entre los que sobresale como predominante,  la Salud Pública del pueblo de México que, en cada gobierno, ha sido presentada como avanzada en cuanto a instituciones como el Seguro Social, ISSSTE, hospitales regionales, infraestructura y personal sanitario; hoy vemos que no corresponde a la presentación eufórica que han hecho los gobiernos, frente a un contagio incontrolable,  muerte de miles de mexicanos, derivados de la insuficiencia estructural, insumos, personal capacitado, ligados por una manejo inoportuno e ineficiente  que ha provocado la  depresión y desesperanza del pueblo.

Compañera de esta bipolaridad de los gobiernos que periódicamente nos presentan programas eufóricos de bienestar en salud y que tienen las secuelas señaladas, lo son los permanentes discursos que nos muestran como verdad una serie de estadísticas y datos que tiene como auténticos frente a otros, asegurando que los del gobierno son convincentes pero que solo se utilizan para confundir y embaucar al interlocutor.

Así, hoy vemos que el optimismo de los tres gobiernos anteriores en el rubro de salud, son presentados políticamente en este gobierno, como depresivos pues sus datos, de la cuarta transformación, dicen que todo ello es producto de la corrupción y sustracción del erario público, que provoca la actual insuficiencia frente a la pandemia.

El programa de vacunación circula en el manejo político de su aplicación. La ciudad de México y el Estado de México son la muestra pues en dichas entidades se impulsó en buen número al ser una bolsa de votos; la gobernadora Claudia Sheinbaum Pardo ha manejado, según la publicidad, con eficacia la aplicación de la vacuna y con dotaciones amplias; por el contrario, en las zonas del Estado de México, es presentada como caótica y sin orden.  Morena y PRI. Lo mismo ocurre en nuestro Estado en que en lugar de empezar a vacunar en la zona de valles centrales con mayor incidencia, empezaron en otros municipios que no la tienen en alto grado.

Un buen número de habitantes de este municipio de Oaxaca de Juárez, dentro del periodo señalado para aplicar la vacuna al segmento de la tercera edad, en el programa relativo, hemos recurrido a la vía institucional del juicio de amparo, para obtener suspensiones de plano, es decir inmediatas por los jueces federales, para que la autoridad sanitaria proceda a señalar día, hora, lugar, tipo de vacuna que se debe aplicar y la segunda aplicación. Afortunadamente la justicia constitucional ha tenido una respuesta inmediata a esta solicitud de protección y están en curso de que sean cumplidas so pena de ser consignadas de no hacerlo.

Surgen algunas interrogantes respecto de esta situación. Citaré la que tiene que ver con una persona que haya obtenido el mandato judicial para que se le aplique y la autoridad no lo haga oportunamente, y bajo esa omisión se contagia y fallece, lo cual actualizaría una responsabilidad para el Gobierno Nacional y el local al dañar los derechos humanos a la salud y vida que, conforme al artículo 1º. Constitucional tiene como consecuencia que deba ser reparado solidariamente por ambos niveles de gobierno.

Por ello debemos reflexionar y racionalizar nuestro voto con vista a suprimir o por lo menos inhibir ese estado de gobiernos bipolares y falaces que someten al pueblo, haciendo a un lado nuestras preferencias partidistas, para enfocarnos en aquellas corrientes que tiendan a romper la ruta de la concentración desmesurada del poder y de la fuerza pública, en detrimento de los derechos fundamentales; es necesario romper los espejismos de la austeridad que lleva a la insuficiencia, de la anticorrupción que ha inducido a cada gobierno únicamente a cambiar de manos el peculado y la sustracción de recursos públicos.

Votemos contra la concentración, bipolaridad y sofisma de las políticas públicas de gobierno.

jfranco_jimenezqhotmail.com