La encrucijada del uso de la fuerza legal frente a la intolerancia

  • Jorge E. Franco Jiménez

El tema del conflicto magisterial que encabezaba la Sección XXI, como corriente de la CNTE, se ha tornado social y político, acelerado por la muerte de ocho o diez personas que no eran maestros, hecho que satisfizo el objetivo de atraer la mirada de la comunidad internacional de los derechos humanos, de las autoridades federales y de los sectores laboral y económico. El paradigma de los sacrificados, agrego al calendario del magisterio y organizaciones adherentes, un suceso más que festinar cada año, encuadrados en la problemática nacional y la contienda anticipada por la Presidencia de la República, lo que permite pensar que Oaxaca seguirá siendo, por un plazo prolongado, el laboratorio político de los afanes por el poder de las corrientes de poder, presión e inconformidad, en el peligroso espacio de la pluralidad que ha ahondado las contradicciones favoreciendo la implementación de  medidas extremas, de no darse las condiciones de equilibrio entre exigir y transigir que son la esencia del dialogo. 

Los actores en los extremos del conflicto, transitan entre la aplicación de la ley para restaurar el orden y el de la intransigencia que vigoriza las acciones de coacción que afectan a la población, como los plantones, cierre de carreteras, originar la falta de bienes de consumo necesario, barricadas en sitios estratégicos de acceso a la ciudad de Oaxaca, Costa e Istmo, impedir el libre tránsito de personas y vehículos,  retenes inconstitucionales que cobran el peaje revisan vehículos; estos actos provocan el rechazo y la ira de la población. 

La CNTE es un ente de poder político como lo ha demostrado en su renovada estrategia de agresión a los derechos de la comunidad, como se ha venido describiendo en los medios de comunicación, arropada por los organismos afines protectores de derecho humanos o sociales, institutos políticos, y políticos en lo individual, que se aprovechan de estas fuerzas como instrumento del control de votos y de elecciones que ahora se enfocan a la Presidencia de la República, demostrando la eficacia para ello. La Sección XXII con la estructura que forjó al amparo de la complacencia por años del Gobierno Local, lo probó en el 2006 y 2010. 

Hoy los lideres formales Núñez Ginés y Villalobos se encuentran en prisión y restringidos del ejercicio de sus cargos sindicales, situación que ha provocado la intervención de una comisión que no tiene representatividad efectiva, lo que involucra que miembros de otras secciones como la de Chiapas, Michoacán o Guerrero, busquen apropiarse del liderazgo que ha tenido la dirigencia de la de Oaxaca, con el objetivo de poder ofertar la definición de este conflicto. Este escenario auspició que los maestros de Chiapas se radicalizaron para evidenciar su fuerza, lo que a su vez entorpece que los de Oaxaca, al perder presencia al bajar la fuerza de su plan de acción. 

En esta compleja composición de poderíos disímiles, identificados por la inconformidad y la intimidación, surgen otras muestras de cómo se usa a estos grupos y los dineros públicos, propiciarse la agresión, en Jalapa Veracruz, del grupo de los cuatrocientos pueblos en contra del Gobernador electo y de dos de representantes del Partido Acción Nacional, sin que ninguna autoridad interviniera para proteger la vida e integridad, no solo de los políticos involucrados, sino de otros simpatizantes. La autoría de esta acción se pone a cargo del Gobernador Duarte que intentaba blindarse  en razón de los actos de corrupción que se le imputan. 

La descomposición de la vida institucional en la República es un mal que se refleja con mayor intensidad en Oaxaca, como estado de excepción, fincado en la compra de voluntades, para tornar a los grupos de presión en cómplices. La Nota de Carlos Marín, en Milenio, revela el obscuro manejo del erario cuando destaca que en el primer año del Gobierno de Gabino Cue, programó 325 millones de pesos para 13 ongs, algunas aliadas en la coalición electoral que lo llevó al poder. Lo grave es, señala la nota, que: “A las que más recursos destinaron, y que actualmente tienen bloqueadas varias carreteras de la entidad, son el Movimiento Unificado de Lucha Triqui (MULT), el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), de Carlos Aguilar Castellanos, así como el Comité de Defensa Ciudadanía (Codeci) de Pedro Castillo. Esto es otra muestra del manejo faccioso del gobierno.

Para Oaxaca la solución en el 2006 fue resultado de negociación de la Sección XXII, con la Secretaría de Gobernación que, en ese año logró que los maestros volvieran a las aulas y se retiraran del plantón en el zócalo, compromiso que se cumplió aun con la oposición de algunos miembros radicales, abandonando a las organizaciones incrustadas que recibieron el impacto de la intervención federal, en una noche en que Flavio Sosa en la Plaza de Santo Domingo, afirmó: “este movimiento se salió de control”, siendo posteriormente aprehendido junto con su hermano. 

En este contexto, la población Oaxaqueña, sus sectores laboral y productivos, sufren las consecuencias de la violación de derechos fundamentales, sin que ninguna autoridad se ocupe de realizar la investigación relativa en lo que toca a la responsabilidad de las autoridades actuales del Estado, pues la renuncia de dos funcionarios locales, así como la publicitada distribución de recursos a ONGS, demuestra qué intereses están en juego y que pretenden obtener una tajada económica y de poder como en el 2006, pero, haciendo a un lado su obligación esencial de gobernar para el pueblo. 

La situación que prevalece y que se sobrelleva por omisión, ha generalizado la violación de los Derechos Humanos y Sociales de la población, por los grupos en disputa, los partidos y los políticos locales que aprovechan el viaje, sin que se haya promovido ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la Cámara de Senadores o Diputados, una investigación como lo exigieron en el 2006. La Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, está en manos de los mismos grupos radicales, es decir la iglesia en manos de Lutero.

El Mensaje del Secretario de Gobernación Osorio Chong y la respuesta de la CNTE, solo incentivan que el Gobierno Federal y del Estado de Oaxaca, tengan hacer uso de la fuerza legal, a fin de restaurar el orden público y el goce de los derechos y garantías de las personas, ante la intolerancia de este movimiento. 

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