Nuestro país se encuentra en una etapa de transición de la denominada cuarta transformación que, a partir de su ejercicio, motivo una controversia respecto al programa y acciones de gobierno, colocando a los mexicanos, en una visión sujeta a la dogmática frase de que, son enemigos todos los que no comparten la estrategia implementada, conservadores, protectores de la corrupción, el despilfarro de los dineros públicos y en sentido amplio traidores a la patria.

La fractura se ahonda con  la inesperada pandemia, los cientos de fallecimientos, incremento del contagio atribuidos al aumento de la movilidad social, el no observar el aislamiento, omitir el uso de cubre boca, las fiestas privadas, vinculado con un escenario de violencia e inconformidad social que se hace patente en  feminicidios, asesinato de periodistas, desaparecidos, denuncias de corrupción, desaliento de la población, pruebas de posibles vacunas, problemas financieros, prepuesto concentrado en su administración y una confrontación política electoral que afecta y rebasa a los fragmentados partidos.

Esta confrontación propició el espacio para que, diversos entes sociales, estén buscando unificar un frente amplio de expresión y movilización que impacte, el núcleo cerrado y monolítico del poder ejecutivo con los congresos Federal y estatales; que cubra en lo político-electoral- social y público, el campo de la participación y decisión ciudadana conforme a la Constitución, para reivindicar la eficacia de la soberanía interna del pueblo, convertida  en una fórmula constitucional insubstancial que nulifica el alcanzar su objetivo, el bienestar popular, a pesar de las reformas a la Carta Fundamental y al orden legal, asuntos que  han desatendido los partidos políticos

El desorden actual se aprecia administrado por la autoridad según la distribución regional de los estados, su potencial industrial, turístico o empresarial, mismo que se refleja en lo que se refiere a la recaudación de los  impuestos, derechos y aprovechamientos que generan cada uno de ellos por sus actividades, los que está siendo cuestionado por un grupo de gobernadores, que estiman injusta su distribución anual; de ahí la lucha, presiones y negociaciones que se llevan a cabo anualmente con la aprobación del presupuesto ahora monopolizado por el ejecutivo federal y la amenaza de la separación de los acuerdos de coordinación fiscal.

Esta estrategia se refleja en el control político que, como consecuencia, se ejerce por quien hace las asignaciones directas, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal  unidos sólidamente en un proyecto para conservar el poder de manera hegemónica aplicando las reglas del pasado, sustentado en ese conjunto de reglas no escritas que deforman la soberanía originaria del pueblo, encapsulada por una serie de factores negativos, como los que estamos viviendo en salud, seguridad, educación economía.

El  gobierno federal, es decir, el presidente de la República, justifica de manera objetiva sus acciones contra la corrupción con hechos evidentes, como el desvío de los recursos por ex servidores públicos y algunos actuales que, como en el caso de Pemex, los fideicomisos, la estafa maestra, entrega de contratos millonarios a familiares o amigos; sin embargo, ello no legitima a una población sumergida en la inseguridad jurídica que deriva del manejo monopolizado del poder y la restricción de derechos fundamentales, ni las reglas de trato diferenciado y selectivo aplicado, para doblegar voluntades con fines políticos. 

La estrategia en lo mediático gira en torno a las conferencias mañaneras del Presidente López Obrador que  incentivan la crítica y la polémica, como ingrediente seductor que aleja la atención ciudadana de la patente inconformidad social que se asemeja a a una carretera sin mantenimiento, llena de hoyos y derrumbes, conjunto de males socio político, inconformidades, inseguridad, sistema de salud precario, sometimiento de las libertades fundamentales, reforzadas por la pandemia, partidos políticos poco confiables, un congreso sumiso y obediente, justicia lenta y complicada la incomunicación entre el pueblo y el gobierno. Los obstáculos en esta vía pueden llegar a la incomunicación entre esos sectores.

Se percibe la incertidumbre en cuanto a los derechos a la salud y al futuro de las generaciones jóvenes que no ven opciones cercanas para desarrollar su potencial de preparación por la falta de áreas y condiciones para desarrollar favorablemente su actividad, profesional técnica o práctica, contexto que favorece el incremento de lo que el Presidente López Obrador denomina fuentes de la comisión de hechos ilícitos y delincuencia que, en las circunstancias imperantes se percibe que el gobierno no ha logrado encausar positivamente.

De ahí que estén surgiendo una serie de malestares que evidencian una descomposición de las condiciones socio políticas, económicas, que han agrietado a la sociedad mexicana, manifestada en las marchas, protestas de mujeres, padres de los desaparecidos y de niños que no reciben sus medicamentos para el tratamiento del Cáncer, tomas de instalaciones educativas, asesinatos en aumento, uso no controlado de la fuerza pública, y ausencia de señales que indiquen lo contrario.

De ahí que este ambiente hostil de cara al gobierno, según los intereses en juego, es instrumento de manipulación las necesidades comunitarias con fines político electorales, alentadas ahora por el resultado de la elección de Presidente de los Estados Unidos de Norte América que las oxigena e impulsa, en la búsqueda de impactar el concentrado poder presidencial en México.

Creo que lo contradictorio debe tener efectos auténticos en las futuras acciones del Presidente López Obrador que reencaucen el quehacer público en una ruta que muestre apertura a la opinión pública, crítica y propuestas ciudadanas; una actitud de reconciliación que quite la imagen de yo tengo la razón soy el bueno y los demás son enemigos y malos; que atenúe los actos intimidantes que se vienen haciendo a los que representan, según la opinión presidencial, esos intereses malsanos, utilizando la ley, la inteligencia financiera y el otorgamiento de beneficios selectivos a los testigos cooperadores.

Las elecciones del próximo año son la vía democrática para equilibrar el poder y reencausar la transición en ruta positiva que inhiba los riesgos de la violencia generalizada y el desorden institucional.

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