La Constitución, la Ley de Planeación y la Orgánica del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades, establecen el marco del ejercicio de las facultades para implementar y ejercer las políticas públicas que se ponen bajo la responsabilidad de los gobernantes y temporalmente se plasman en el PND para darles contenido material en los tres niveles de gobierno, sin embargo hoy es la muestra objetiva del saldo acumulado, en relación con lo comprometido originalmente en cada sexenio en las políticas públicas en lo que podíamos denominar, el subejercicio de las mismas. 

Parto de que la Carta Magna y la ley disponen que el Plan de Desarrollo Nacional es el documento rector del Ejecutivo Federal en el que precisan los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. Se elabora dentro del primer semestre del sexenio de cada gobierno federal y su validez finaliza con el período constitucional que corresponda, con el propósito de mantener y reforzar la independencia de la Nación, para la construcción de una sociedad que bajo los principios del Estado de Derecho, garantice libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social.

Al darle lectura al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, su contenido motivacional es desalentador al evidenciar, que el Poder conferido por el pueblo cada seis años a presidentes, gobernadores, presidentes municipales como su representante, prueba un sub- ejercicio acumulado de gobierno que, objetivamente, es el resultado del incremento de la pobreza, inseguridad, insatisfacción de los derechos a la seguridad pública, salud, transparencia, ética pública, manejo de los recursos públicos, observancia del estado de derecho y en general del de bienestar social y desarrollo. Resultados inversos a lo que significa y se debe alcanzar con el ejercicio del poder público para el pueblo.

Este subejercicio de las políticas públicas es semejante al que se presenta en el los presupuestos, respecto de los que se señala que los servidores públicos no entienden o llegan a confundir  es que el ahorro presupuestario y el de economía (austeridad republicana), provoca el subejercicio, es decir, el incumplimiento de objetivos y metas presupuestales, aunado al desfase entre los lineamientos y tareas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, ya que este documento permite coordinar la acción del Gobierno. Si existe este desfase, entonces no sabemos hacia dónde vamos, ya que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) establece los objetivos que debe alcanzar la nación. 

Bien equiparado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Presidente López Obrador, es la prueba de que los gobiernos, incluido el de Oaxaca y municipios, han incurrido en el subejercicio de las políticas públicas, actualizado cuando el poder solo se ejerce en discursos, firma de convenios, minutas, publicidad del quehacer de gobierno, sin contenido materialmente apreciable o en acciones meramente formales, que se cubren con el manto de lo mediático, sin que tengan como efecto robustecer una sociedad que bajo los principios del Estado de Derecho, garantice libertades individuales y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones de justicia social. 

Para ello relaciono algunos aspectos que resaltan en el documento que contiene el PND del Presidente López Obrador, en el que señala “Si se observa de manera retrospectiva, el ciclo neoliberal no fue la superación ni la salida de las crisis finales del desarrollo estabilizador sino su perpetuación y ahondamiento. Así lo señalan los indicadores de crecimiento, la multiplicación de la deuda externa, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y del salario y el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y la marginación. Los gobiernos neoliberales fueron reprobados por su propio fetiche, que eran las cifras macroeconómicas. En estas más de tres décadas el ejercicio del poder público, lejos de resolver los conflictos entre los distintos sectores, los ha agudizado y llevado hasta peligrosos puntos de quiebre” 

Agrega “Lejos de superar o atenuar los aspectos políticos y sociales más inaceptables del desarrollo estabilizador, el neoliberalismo los acentuó y los llevó a niveles generalizados: la corrupción, el carácter antidemocrático de las instituciones y la desigualdad, entendida ésta no sólo como una diferenciación creciente entre segmentos de la población sino también entre regiones del país y entre el campo y la ciudad. Las mediocres tasas de crecimiento económico del periodo son promedios que no reflejan la realidad contrastada: mientras que algunas regiones y entidades –particularmente, en el norte y centro del país– crecieron a tasas cercanas al 4 por ciento, en otras se registraron índices negativos de crecimiento, es decir, se retrocedió en forma sostenida y se agudizaron la marginación, la pobreza y la desigualdad.”

Sintetiza “El mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la destrucción del contrato social construido por los gobiernos posrevolucionarios y la incapacidad de remplazarlo por un nuevo pacto. La prueba de esa incapacidad es que las facciones que ejercieron el poder en este lapso no pudieron dotarse de una nueva constitución, que es el documento en el que se plasma el pacto social, y hubieron de recurrir a reformas que adulteraron mucho del espíritu de la de 1917 pero que no pudieron, en definitiva, suprimir la totalidad de su carácter social.”

Como eje de todos los males se cita a la corrupción generalizada; pone énfasis en la recuperación del Estado de Derecho, la austeridad, exterminar el dispendio y la frivolidad, favorecer a los pobres, nadie por encima de la ley, una renovada estrategia de seguridad, respeto a los derechos humanos, mandar obedeciendo, guardia nacional, fuerzas armadas ligadas a la seguridad nacional y públicas, entre otros lineamientos.

Como se puede apreciar el PND es un muestrario de lo que el Gobierno-Poder ha dejado de hacer en el orden de las políticas públicas (guía y administración) en los niveles federal, y su reflejo en el estado de Oaxaca, que permanecen en un elevado esquema de subejercicio de esas políticas, ataviadas por el discurso y la publicidad que se confrontan con la realidad como vestigio del incumplimiento de gobernar para el pueblo.

 Por lo pronto seguimos en esa misma ruta, la Constitución y la Ley a un lado como figuras decorativas de una gran fiesta, y un “pacto social” de hecho, implementado por la facción en turno, apoyado por el Gobernador de Oaxaca motivado por la dependencia presupuestaria de los fondos federales.

La inobservancia de las políticas públicas transita en el subejercicio del poder de gobernar.

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