Una semana difícil para el gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador qué transita en la implementación de la cuarta transformación que resiente los embates del robo de combustible, implementado e intensificado en gran escala en los ductos que nutren entidades representativas en la República como son Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Puebla, Michoacán e Hidalgo, Estado que sufrió un grave siniestro que ocasionó más de un centenar de personas que han fallecido y un buen número de lesionados en Tlahuelilpan. 

Las noticias son diversas en cuanto al origen y causa del siniestro ocurrido en el Estado de Hidalgo y las responsabilidades de los daños ocasionados a las familias que perdieron a sus seres queridos ya identificados, de los que aún buscan a sus seres queridos que están desaparecidos o restos de los que es complicado identificar, no se mencionan en cuanto a un suceso que, en este caso, involucra responsabilidades oficiales negligentes, omisiones graves y participación de algún grupo criminal que torpedea las acciones del gobierno federal y éste adopta una actitud pasiva bajo el supuesto de que las fuerzas del orden no “reprimirán” al pueblo. 

Este esquema se reproduce por doble o triple partida en Michoacán que padece la falta de combustible, la delincuencia organizada y la paralización del transporte por ferrocarril derivado del problema magisterial planteado por la Sección de la CNTE en ese Estado que, de acuerdo con lo informado, bloquea la salida y entradas del ferrocarril; las notas periodísticas detallan que los bloqueos en las vías del tren por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, las empresas de Jalisco que transportan mercancías a través de esas vías férreas reportaron 200 millones de pesos (MDP) diarios en pérdidas. 

Agregan que las afectaciones económicas que tiene el sector privado del país han impactado a sectores como el agroalimentario y el automotriz, detalló Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente. “Es una afectación directa a las empresas de comercio exterior. Están parados los trenes y las mercancías en puertos, y Lázaro Cárdenas y también Manzanillo se han visto afectados”. ”El empresario recordó que también se mueve gasolina y diésel mediante el tren, por lo que el paro de la CNTE también ha contribuido al problema actual de desabasto de combustible en Jalisco.”

 Estos actos en su diversa expresión conjugan una serie de consecuencias que afectan diversos derechos humanos de la población como son la libertad transitar en sus vehículos al carecer del insumo que impulsa el movimiento de los mismos, la libertad de trabajo, comercio, industria y de acceso al servicio público pleno de acceso al combustibles; bloqueo de vías de comunicación, perdida de la vida, falta de herramientas públicas que garanticen al habitante pedir y obtener que se le restituya en el libre ejercicio de esos derechos. La pasividad se evidencia con lo expresado por el secretario de la Defensa que reconoció que la cantidad de pobladores “obligó” a los 25 elementos del Ejército a hacerse a un costado, aunque un día después, el 20 de enero, dio la versión de que ese primer grupo sí solicitó refuerzos, y que cerca de las 17:00 llegaron otras dos bases, de 30 militares cada una, además de elementos de la Gendarmería. 

Hasta el momento no se perciben acciones adecuadas que, dentro del orden jurídico nacional mandatan a todas las autoridades, proteger, tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de la República; por el contrario las señales son de pasividad encubierta por el dialogo y la no represión como se advierte de lo expresado por el ejecutivo federal en el sentido de que las fuerzas de seguridad no reprimirán al pueblo al referirse a la inacción del ejército y gendarmería en el caso de hidalgo, directriz reafirmada por la secretaría de Gobernación en lo que toca a Michoacán al afirmar categóricamente que descartaba el uso de la fuerza pública para disolver las protestas de la CNTE y que privilegiará el diálogo para liberar los trenes que surtirían de gasolina a Jalisco.

Estos males sociales que tienden a expandirse reflejan una serie de acciones permisivas del Estado que ha dado pauta a que la pasividad y omisión de las autoridades al no aplicar la normatividad existente y no generar regulación alguna que permita la convivencia armónica de la comunidad y que como está sucediendo en Michoacán las movilizaciones magisteriales han adquirido al igual que en Oaxaca un derecho adquirido a la movilización pasiva o activa que se sobrepone a los derechos de libertad de tránsito, derecho al trabajo, al comercio entre otros.

La Suprema Corte señalo en la investigación que hizo en Oaxaca una serie de violaciones generalizadas que derivan de hechos como los que actualmente estamos viviendo con motivo del robo de combustible en ductos, siniestros con perdida de vidas y paralización de servicios de transporte por parte del magisterio, indicando que “aun cuando algunas demandas pudieren considerarse justas (como lo afirmó la secretaria de gobernación), y que sus acciones se enmarquen en el derecho constitucional de manifestación y reunión públicas, lo cierto es que la mayor parte de los actos que ejecutan en las movilizaciones desbordan y están al margen de la legalidad.

Estos eventos que perturban la seguridad pública deben ser motivo de ponderación a fin de que con base en la regla del daño menor, la autoridad federal, en las directrices que emita para el manejo y solución de estas controversias, fije parámetros adecuados que permitan orientar la conducta de las fuerzas de seguridad para restaurar los derechos de la comunidad que están siendo perturbados y no encasillar como norma un mandato verbal omisivo que, por si solo, constituye  una violación a un orden jurídico que impone lo contrario.

 Estas directrices verbales causan desconcierto en las fuerzas de seguridad estatales, municipales y sus mandos que, como reflejo a lo señalado por el Presidente, la Secretaria de Gobernación y el secretario de la Defensa, incurrirán en la misma conducta omisiva. Se alientan y fortalecen los movimientos perturbadores de la paz social al anticiparles que no estarán sujetos a la ley a pesar de que la violen, causando un daño mayor a los derechos fundamentales de la comunidad.

 La cuestión es, en el suceso del Estado de Hidalgo, discernir sí las fuerzas de seguridad presentes e incrementadas, ejercito y gendarmería en uso de cierta fuerza propia de su investidura, hubieran evitado la muerte de mas de un centenar de personas aun con el costo que implicara detener por la fuerza a los   que pretendieran incumplir la orden de alejarse del ducto fracturado,  que haber tolerado que se incrementara el número de personas en un lugar de alto riesgo  No hay duda que acción hubiera causado un daño menor.

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