La crisis entre el orden y el desorden es un mal persistente que avanza sin respuesta Institucional que sujeta a la procuración administración de la justicia a las presiones de los grupos o comunidades que  asumen su autonomía para determinar si una persona acusado por el delito homicidio debe ser o no puesto en libertad, actos que si bien no son reprobables como formas de expresión de inconformidad hasta en tanto no lesionen los derechos de terceros o dañen las instalaciones de oficinas o propiedad de particulares se han constituido en una herramienta de uso ordinario para alterar el orden, la paz pública y el funcionamiento de las instituciones, curiosamente mediante la violación grave de los derechos humanos, ante la pasividad (omisión) de la autoridad política y de seguridad pública..
 
La reseñas que corren en las redes sociales difunden los hechos ocurridos en ciudad judicial, no solo bajo la visión de informar, sino con sentido crítico respecto a la pasividad oficial con las que las autoridades del ramo manejaron este movimiento, sobre todo en el aspecto político, pues no cabe duda que los conflictos de orden violento entre las comunidades persisten sin que durante años hayan podido ser encausados hacia una solución definitiva e institucional, cuestión que indica un relajamiento del ejercicio y oficio del poder público, salvo que se lleven a cabo con anuencia de la propia autoridad.
 
Llama la atención que en los últimos veinte años de gobierno no se hayan tomado medidas positivas para encausar soluciones ya que en doce de ellos la tarea de la política interna ha estado a cargo de una misma persona, lo que hace suponer que conoce la problemática de sus comunidades, grupos de presión y de interés, así como del manejo de los recursos para administrarlos y postergar su solución que es la práctica que ha mantenido y agravado el estado de crisis político social. Este tipo de movimientos que han mantenido en crisis a la sociedad civil receptora de sus efectos, la alteración de la paz social, agresiones a la integridad física y daños a los bienes públicos y privados que provocan la suspensión de la prestación de los servicios oficiales como son los de administración y procuración de justicia se han integrado, como practicas usuales, al orden jurídico vigente que nos hace transitar en la quimera de un estado de derecho con la realidad del desorden sin restricción.
 
De los siniestros socio políticos no conocemos con precisión quien los subvenciona, los impulsa o aprovecha políticamente, como se advierte de lo ocurrido en el dos mil seis secuela de la pugna por el poder en el estado que se venía dando desde el sexenio anterior a este, mismo que perdura en el gobierno que le sucede, se mantiene con altibajos en la actualidad por parte de grupos de poder o interés que emigran de una corriente otra como ocurre con el magisterio que entonces sirvió al gobierno federal en turno; se desentendió de sus compromisos con el gobierno de Gabino Cue cuando le quitan el control del IEEPO; hoy se refugia en Morena y el candidato de este Instituto a la Presidencia de la República los acoge con el anzuelo de la revisión de la reforma educativa; a las comunidades es complejo saber quién o quienes los utilizan para desestabilizar o si los operadores incrustados en la actual administración los motivan en la obscuridad para distraer la atención de la población ante la insuficiencia de actos de gobierno en beneficio de los gobernados.
 
El reciente secuestro de la ciudad judicial y de empleados de confianza por más de doce horas ampliamente difundido en los diversos medios de comunicación es una muestra objetiva de que en el Estado persiste el desorden ordenado, no porque se lleve a cabo bajo ciertas reglas ajustadas a  la protesta o manifestación constitucionales, sino por el origen de quien o quienes los motivan para crear condiciones de inquietud y temor ciudadano ante el proceso de elección presidencial, de miembros del congreso, gobernadores, diputados locales y munícipes que de alguna manera pretenden inducir la orientación del voto, amén de los recursos que obtienen los lideres o los beneficios de una “justicia adecuada” a sus exigencias como parte de un sistema de corrupción legalizado que trastoca el orden jurídico, lo pervierte y convierte en instrumento de negociación política. Resalta el incumplimiento de la obligación constitucional del sector de seguridad pública de proteger y garantizar los derechos humanos de los secuestrados en la sede superior de justicia, con la indignación de los miembros de ese poder, ante la apatía de la policía que se concretó a ver pasivamente como se deba la agresión.
 
Estas cuestiones confirman lo que lo especialistas como Ernesto Ortiz Diego afirman en el sentido de en estos contextos es “posible que el desorden afecte la institucionalidad misma, nada queda en su lugar ni en su sitio, lo que obliga pensar en reformas estructurales y en una nueva planeación estratégica estatal que busque administrar el desorden. Agrega que: “…la complejidad creciente de los problemas que contraria la búsqueda de soluciones, el movimiento continuo de las cosas que obligan a negociar con la incertidumbre, el nuevo régimen de la información que somete a la ley mediática según la cual la imagen del espectáculo prevalece sobre el mensaje”. “Todo parece entonces deshacerse y se deshace realmente; las jerarquías, el derecho y la justicia, la salvaguarda de las personas y los bienes, la presión de los valores y el conformismo ya no funcionan más; es el retorno de una especie de caos colectivamente puesto en escena. Por otra parte, la crisis del poder también sería una crisis de la representación; el político ya no representaría a nadie sino a sí mismo, los representados ya no se considerarían más como tales, ya no participarían más por la adhesión, sino por la emoción y las creencias sinuosas sometidas a los efectos especiales producidos por los medios de comunicación.”
 
Las preguntas que surgen de todos estos eventos que ocurren día a día sigue siendo ¿A quién ha encomendado el Gobernador la responsabilidad del manejo de la política interior del Estado y porqué actúa después de que ocurren las agresiones y no antes? ¿mandan a la policía a vigilar que la agresión se lleve a cabo en desorden? ¿Qué hizo la Defensoría de los derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca?
 
Al amparo del artículo 1º, Constitucional probada una violación flagrante y grave de los derechos humanos debe ser motivo de una demanda de indemnización de los afectados contra el Estado, y los responsables de la omisión investigados.
 
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