El equilibrio de los poderes como forma de expresión democrática y de tutela de los intereses populares nace en los estados arropado por un sistema de balances respecto al  ejercicio de los actos de gobierno y de los que lo ejercen con la finalidad de cada uno de ellos haga lo que la ley le asigna; el poder legislativo regula los derechos humanos, la convivencia social y el quehacer de las autoridades mediante un orden jurídico cuya fuente es la Constitución; un poder judicial que resuelve las controversias que surgen de la convivencia social y protege los derechos humanos frente al abuso del poder, y un poder ejecutivo que administra los intereses de la población de toda una nación y dirige la política y el rumbo común de las entidades.

La responsabilidad del ejercicio de gobierno en el sistema federal mexicano se mantiene mediante la reproducción de esa estructura al interior de cada uno de los estados que asumen la misma estructura de la división del ejercicio del poder y de los intereses de la población que se asienta en su territorio en donde deben coordinar sus esfuerzos con el nivel federal para desarrollar conjuntamente las funciones encomendadas a cada nivel en la Constitución General y las particulares de cada entidad que se refleja de modo más simple en la estructura municipal que subsiste como elemento del régimen interior político administrativo de los estados. Este esquema se conoce como federal cooperativo.

Lo hechos recientemente ocurridos en Oaxaca, Chiapas, Morelos y en la Ciudad de México apreciados en la forma en que han sido enfrentados por las autoridades del país muestra una realidad diversa al diseño constitucional del sistema federal cooperativo derivado del rezago en que han permanecido las entidades. Los estados y municipios se contaminaron con la corrupción en el manejo no solo de lo político electoral, sino de los dineros públicos que se han convertido en una fuente de poder y enriquecimiento de grupos y familias, como lo evidencian hechos recientes en Oaxaca.  Estas nocivas y generalizadas prácticas han tenido como respuesta la desconfianza popular y oficial. 

La política implementada para restaurar la vida de la población en las entidades afectadas en lo público es atendida y financiada por el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto como se aprecia cotidianamente en las giras constantes que hace a esos lugares y la atención que les da de manera concreta con acciones visibles, tiene que ver, en mi opinión, con la ineficiencia de las autoridades locales para coadyuvar con el Presidente en la atención eficaz en la restauración de las heridas sociales. No tienen los gobiernos locales la capacidad de respuesta ni la confianza del poder federal para que se les entreguen los recursos para hacerlo sin desviarlos o utilizarlos para electorales. Igual desconfianza muestra la sociedad que acude con apoyos no confía en la autoridad para distribuirlos.

Estos eventos que vivimos muestran la realidad del sistema federal mexicano que ya no se adecua a su sentir y voluntad. Hoy el pueblo no cree ni confía en el quehacer de sus autoridades en la entidad, como consecuencia de la corrupción y el engaño mediático que lo mantienen en el rezago y estancado, situación que trasciende a los institutos políticos, con vista en las elecciones del año que entra, cuyas ofertas se transforman y concentran en actos de magnanimidad renunciando a los recursos públicos para que se destinen a la atención del daño causado. Veamos quien da más y como, pero para Oaxaca en específico y en que se materializan.

El mismo símbolo de la desconfianza ha motivado que el gobierno del Presidente Enrique Peña impulse de manera directa o inducida una serie de reformas constitucionales y legales encaminadas a quitar el control de formas y procedimientos que tradicionalmente han sido resorte de los estados ampliando el marco de control legislativo federal homologándolos y sujetando a la decisión de los poderes federales la designación o selección de servidores públicos, como los de organismos electorales, jueces de esa materia, los procedimientos jurisdiccionales que incluirán lo familiar y civil, los tribunales laborales, y las restricciones del manejo financiero en educación y salud cuestiones que tienden a disminuir el control de los gobernadores y de los políticos locales.

Estos actos demuestran objetivamente que la república funciona materialmente bajo un esquema centralizado que se aleja del formato constitucional federal, obligada por la realidad que impera en las entidades que hoy muestra en Oaxaca  su descomposición y pasividad resultado de la ineptitud de los gobiernos locales de los últimos tres sexenios en el manejo de lo público conforme a la ley y el incremento de actos de corrupción que han vaciado las arcas en salud, educación y obra pública mediante una administración desaseada y compartida.

Concluyo con la descripción que hace Herman Finer  respecto al Estado “Al ejercer el Estado el Poder político en la totalidad de su área geográfica, se enfrenta ante dos grandes opciones: gobernar desde el centro para todo el territorio como si se trata de un espacio político indivisible, soslayando la heterogeneidad y la diversidad, o bien pretende una estructura política nacional a través del reconocimiento político de múltiples circunscripciones territoriales; áreas con autonomía, con ordenamientos jurídicos locales, y con un pleno reconocimiento a lo plural  a lo diverso y a lo heterogéneo. Para que esta segunda opción sea plena, es indispensable que no se trate de un reconocimiento a las autonomías con subordinación al Poder central, pues entonces estaríamos en el caso de un estado unitario.” Esta es la realidad de México funcionamos como estado unitario por necesidad y desconfianza; la próxima elección debe estar enfocada a propiciar proyectos que inhiban esos factores negativos y restaurar la confianza del pueblo en sus instituciones y gobernantes.

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