La población de los Estados que integran la República Mexicana, entre de ellos, Oaxaca, está sujeta a complejos factores de dominación que han relativizado el ejercicio de las libertades de las personas, rodeándolas de una serie de taxativas de orden fáctico unas, y otras encubiertas por la ley identificadas por un elemento común, causar la inseguridad e incertidumbre jurídica del gobernado e inhibir su mejora y prosperidad, como son las acciones de la lucha de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, los secuestros, asesinatos arropados por la descomposición política cimentada en la corrupción y su inseparable compañera, la impunidad; en estos casos es sujeto de estos males, el pueblo que soporta las consecuencias de un prolongado periodo de indefensión. El resultado es que el campo de las libertades de las personas está disminuyendo cada día.

Lo alarmante de este fenómeno es que resalta a nivel nacional en la etapa en que algunos gobernadores concluyen sus mandatos y son acusados, con razón o sin ella, de ejercicio ilícito de facultades y atribuciones, adjudicándoles actos de apropiación y desvió de los recursos públicos a través de terceros, empresas fantasmas o  favores a otros que implican una derrama de recursos que se apartan del objetivo a que están destinados. Veracruz, Quintana  Roo, Chihuahua, Sonora son ejemplo de ello. 

No se puede negar que la obra pública y los negocios adyacentes han sido una fuente de riqueza de amplia y prolongada práctica que, en paralelo con la tecnología ha desarrollado sus propias estrategias para respaldarlas en la ley, entre las que resalta el poner a sudar los ingresos, mediante la transferencia a numerosas cuentas para aprovechar los intereses o comisiones que produce esa cadena de depósitos interbancarios. Para ese esquema se cuenta con la anuencia de lo que mandan y la concentración de la decisión y manejo en el aparato profesional que les implementa estos negocios,

Al margen de lo que representa hacerse de algo que no es suyo, los ejecutivos y financieros públicos ocupan los ahorros que se generan en la administración pública como son los descuentos por faltas, de adeudos contabilizados pero no pagados, en fin una serie de conceptos que generan recursos incontrolables que incluye la nómina de pagos a personas que no laboran, pero que justifica el egreso que va a la bolsa común a repartir. 

En Oaxaca el fondo para desviar recursos de manera relevante han sido los destinados a la educación, la salud y la obra pública, como se ha dado a conocer, pues el déficit propalado por el Gobierno del Estado asegura que es porque se ocupó el presupuesto destinado a otros servicios u obras para pagarle al Sindicato, lo que incide en la desatención de otros rubros sociales y ocasiona el no pago por parte de la administración a sus acreedores mismos que acaban de expresar su inconformidad, esperando con paciencia que la federación  entregue como despedida a  este gobierno dos mil quinientos millones de pesos para que se los cubran. 

La palabra corrupción aplicada a lo público se materializa en la utilización de las funciones y medios que reciben los funcionarios, en provecho económico propio o de otro en perjuicio de gobernado; la impunidad es la falta de castigo a pesar de haberse dado ese hecho. El Ministro Pardo Rebolledo en acto de tribunales, expuso que: “el binomio corrupción impunidad es un lastre que enfrenta la sociedad por sus enormes repercusiones sociales, económicas y políticas…que representa el principal obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos humanos así como una amenaza para la estabilidad y seguridad de la sociedad”. 

Lo acciones imputadas a gobernadores del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, falta alguno del de la Revolución Democrática que esté por salir, se desenvuelven en este cúmulo de variadas formas amparadas por la ficticia observancia de la ley por parte de la administración pública, lo que provoca la ira de una población desilusionada al ver que el sistema político no le garantiza el respeto pleno del ejercicio de sus libertades y derechos mediante la tutela y protección efectiva por los que elige para ello temporalmente: lo estamos viviendo, existe inseguridad, hay alarma en este renglón, la economía es de restricciones para lo público y social, despilfarro que provoca austeridad en perjuicio de la población y sus derechos de desarrollo y bienestar.

 Los partidos políticos que es de donde proceden los gobernadores y diputados locales han pervertido y dañado profundamente la estructura de la República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos, mutándola a una en la que comparten, unas veces de acuerdo, y en otras con diferencias, el reparto de los beneficios del poder sobre el presupuesto cubriéndole con el manto de la impunidad, con excepción de aquellos a los que las cúpulas partidistas decidan crucificar para pretender demostrar su fingida preocupación, como se avizora con los casos de Duarte de Veracruz y Pedrés de Sonora. 

Son oscuras las causas que generan la desviación de recursos públicos no solo para beneficio personal, sino grupal o de interés, como se ha denunciado respecto de algunas grades compañías constructoras que operan en las entidades. Los caudales se descaminan para contener y agrupar fuerzas políticas, llámense asociaciones o partidos, sobre todo en tiempos electorales, para comprar voluntades gremiales, estrategia que incluye la distribución de cargos, según el tamaño del sector involucrado. En este campo es donde operan la corrupción e impunidad organizadas.

 Hoy en la era de la comunicación y libertad amplia de expresión, constatamos como juega lo mediático de los grandes medios de comunicación interesados con la figura de los gobernadores, uno entrante y varios salientes. Lo interesante es apreciar que, como señalo el Ministro Pardo Rebolledo, la corrupción y la impunidad son un binomio, convertidos en lastre y obstáculo del ejercicio pleno de los derechos humanos de la población que, como consecuencia impone su reparación como lo señala la Constitución. 

Oaxaca hoy sufre la desesperanza en el gobierno que termina y un panorama difícil para el próximo que absorbe una enorme deuda y déficit, combinados con la falta de ingresos propios. El Gobernador electo Alejandro Ismael Murat Hinojosa tendrá que hacer frente a ese entorno con mucha imaginación, transparencia, honestidad y sobre todo con la verdad, para decirle al pueblo, el estado de las finanzas que recibe y cuáles son las acciones que tomará para mitigar los ingredientes negativos de la corrupción e impunidad y resarcir el daño hasta hoy ocasionado a pueblo de Oaxaca. 

[email protected]