La problematica socio política en Oaxaca, violación permanente de los derechos humanos y sociales
- Jorge E. Franco Jiménez
Una semana difícil después del proceso electoral que, en principio se apreció como objetivo del movimiento magisterial en Oaxaca, para favorecer a alguno de los candidatos a gobernador, rindió frutos en ese sentido, porque el abierto apoyo provocó la división de la preferencia ciudadana que tuvo como consecuencia casi un empate entre dos de los candidatos de la izquierda, como era previsible, pues es evidente que los acuerdos cupulares concertados en la Ciudad de México tuvieron eficacia al triunfar de manera amplia Alejandro Ismael Murat Hinojosa, propuesto por el Revolucionario Institucional, frente al candidato de la Coalición CREO.
El cómputo de votos respecto de la elección es definitivo aún cuando sea controvertido, dada la diferencia de sufragios, sin embargo mostró lo que puede representar una izquierda unida en torno a un candidato a la presidencia de la Republica por parte de Morena que, salvo algún acontecimiento imprevisto, será Manuel López Obrador que consolidó la fortaleza de su liderazgo, aún cuando se critique su mensaje de simpatía por las pretensiones de la corriente magisterial que representa la CENTE.
En la esquina contraria Revolucionario Institucional se encuentra ante el escenario de una respuesta ciudadana que no esperaba fuere negativa en entidades que representaban un bastión poderoso para la contienda del dos mi dieciocho, complicando el panorama geopolítico, mismo que se desmejora para ese partido con las iniciativas promovidas por el Presidente Enrique Peña que tienen que ver con la corrupción, retenida en la discusión que provocó la inconformidad de la iniciativa privada que la tacha de cortina de humo legal que no trasciende al tema toral de la corrupción de los funcionarios públicos e implica a particulares en el esquema de la complicidad, como estrategia de impunidad.
La situación general en el país es compleja y complicada en lo económico, social y político, cuando se inicia la última etapa del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a adicionalmente el entorno internacional se complica con la posible salida de Inglaterra de la comunidad económica europea perspectiva que trasciende a los mercados internacionales dependientes, como lo es el de México.
Oaxaca forma parte del alterado ambiente que incide en su limitada economía si se toma en cuenta que esta es limitada y rezagada, como se detalló en el informe de la Corte vinculado a las causas del conflicto del 2006; señala: “la producción del Estado de Oaxaca se concentraba en el sector terciario que comprende el comercio, turismo, transporte, comunicaciones y servicios que en su conjunto generaban el 71% del total de los recursos. El sector primario, integrado por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca concentraba el 7% del producto estatal. Del presupuesto anual con que contaba el Estado únicamente el 8% se recaudó en la entidad y el restante 92% lo recibió de la Federación.”
Agrega; “…en cuanto a los medios de producción, siendo dependiente de los servicios como Fuentes de empleos en cuestiones turísticas y artesanales, siendo una de los sectores que más han sido afectados ante los crecientes incentivados actos de inconformidad del magisterio cuya lista de exigencias crece día a día, de manera tal que la respuesta oficial es tachada de insuficiente, como estrategia para prolongar su movimiento.”
Es difícil vaticinar que va a suceder, pues son ya cinco estados lo que sufren en mayor o menos intensidad este tipo de hechos como son Guerrero, Michoacán, Tabasco y Chiapas, ante la pasividad calificada de prudente de la autoridad para restablecer el orden por la vía de la fuerza legal, ante esta expectativa crece la inconformidad en otros sectores de la sociedad, como son los empresarios y trabajadores que ven que su medio de subsistencia ha sido cancelado.
La problemática actual es una repetición de los sucesos del año 2006, pues está encaminada a extenderse para justificar sus acciones, mediante el sacrificio de la vida de una o varios ingenuos simpatizantes que utilizan para ello o la detención de sus líderes para calificarla de arbitraria y represión política; solo falta el ingrediente de algún membrete social que se agregue al magisterio, similar a la APPO, para profundizar la alteración de la paz y seguridad de la sociedad Oaxaqueña y el quehacer de las instituciones.
Cabe recordar que las fuerzas políticas que incidieron en el 2006 son las mismas, pero con distinta camiseta ya que ahora quien gobierna está en el otro lado de la cancha y sus simpatizantes en principio solidarios, terminaron divididos, confrontados y coadyuvando para hacer perder la elección de gobernador. Es relevante señalar que solo un actor importante del 2006, ha sido el ganador en ambos escenarios, demostrando que poco tienen que hacer lo que llama “las hormiguitas de Oaxaca”, frente a los dinosaurios que dirigen todo desde la Ciudad de México.
Estos conflictos confirman la regla de que Oaxaca sigue siendo rehén de los intereses personales y de grupos de poder que solo buscan aprovechar el gran negocio que es el manejo del presupuesto, por cierto comprometido por una deuda enorme para la capacidad financiera del estado, implementado como instrumento de negocio del poder. Esta caótica situación pone en riesgo el programa presidencial de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, cuya zona está convertida en un paraíso para la extorsion por el uso de la tierra y de la delincuencia organizada
La Suprema Corte, facultada en el 2007 para realizar investigaciones sobre violaciones graves y generalizados de los derechos humanos, remitió una resolución que, con independencia de las responsabilidades que atribuyó a servidores públicos, destacó que Oaxaca debería contar con un servicio de seguridad pública adecuado y profesionalmente preparado para enfrentar disturbios como los que continuamente se dan sin que se tomen medidas que restituyan el,pleno goce de los derecho comentarios e individuales, debiendo observar los lineamientos que existen para tratar situaciones de conflicto social, como los ocurridos en el 2006 y parte del 20017.
Como conclusiones que confirman que estos sucesos de desestabilización institucional y social constituyen una afectación grave y generalizada de los derechos humanos y sociales de la comunidad Oaxaqueña y que se dan bajo el esquema de omisión de las autoridades, reproduzco algunas de las consideraciones que hizo la Suprema Corte en la resolución de la investigación 1/2007.
Dijo: “Si se considera que el Estado debe generar las condiciones que posibiliten la satisfacción de las garantías y esto supone, necesariamente, garantizar la libertad jurídica y fáctica de los individuos para que puedan desarrollar un plan de vida, es válido afirmar que el Estado tiene la obligación de salvaguardar el derecho de los mexicanos a un mínimo vital, esto es, de un mínimo de subsistencia digna y autónoma; el Estado se encuentra obligado a generar las condiciones que permitan un mínimo de subsistencia digna y autónoma a los individuos, de tal manera que no se vean reducidos en su valor intrínseco de ser humano.” “El déficit más o menos prolongado en el goce de las garantías que aseguran un mínimo vital o la acción deliberada y concertada de las autoridades por violar garantías constituyen casos de especial importancia.”