El día cinco de febrero la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumplió 99 años de su promulgación, tiempo en que la se ha ido conformando la vida institucional del país para pasar del caudillaje a un sistema hegemónico que subsistió hasta que tropezó con la alternancia en pasando el gobierno, del control del Partido Revolucionario Institucional, al del de Acción Nacional que se apoyó en la experiencia de actores políticos inconformes que dieron fortaleza a la entonces oposición, para constituirse en una especie de coalición que, en el fondo, poco aportaron a la transformación positiva del sistema de gobierno democrático, más bien se mantuvo en el mismo esquema, pero relajado sobre todo en el periodo del Presidente Fox.

En los noventa y nueve años de vida de la Constitución, las reformas han sido abundantes, sustentadas primero en la voluntad del Presidente en turno, cuya propuesta de gobierno se materializa, en el plan de desarrollo, a cuyo voluntad empezaron a influir por razones socio políticas, derivadas de los movimientos ocurridos en las décadas de los años 1950 a 1970, que exigían participación que abriera el embudo político que sitiaba el sistema democrático e impedía el una participación de tendencias no afines con la clase gobernante.

El arribo a la alternancia en el ejercicio de gobierno a nivel nacional, con algunos casos en los estados, combinada con la inconformidad interna de militantes en el PRI, originaron la diversificación de corrientes de opinión que incentivaron el pluralismo, con el fortalecimiento de las tendencias de izquierda, así como de Acción Nacional, cuyos candidatos a la Presidencia triunfaron en dos sexenios, que aunque no lograron el fortalecimiento ideológico de esos partidos, auspicio el espacio de los acuerdos, pactos y coaliciones, como medio para compartir el poder nacional y los locales.

De ese tejido derivo una serie de reformas en lo electoral que constitucionalizaron los Partidos Políticos, con el objetivo, entre otros, de que no dependieran de la voluntad del gobierno en turno, su autonomía como intermediarios para que el ciudadano acceda al poder; como medidas adicionales y paulatinas, se crearon los órganos que preparan y llevan a cabo los actos electorales ciudadanizándolos, en paralelo con una administración de justicia especializada que se encarga de resolver acerca del control constitucional y legal de esos procesos en los casos de controversia; todas estos instrumentos incorporados a la Constitución hoy a sus noventa y nueve años de vida, son la representación formal de la voluntad del pueblo por alcanzar un sistema democrático, cimentado en el sufragio e imprimirle legitimidad a los resultados de las elecciones.

La alternancia y las coaliciones en el poder local como en lo nacional, salvo alguna excepción en los estados y en el desaparecido Distrito Federal,  no han colmado los anhelos de la población de contar con sistema que haga efectivo su buen funcionamiento, en beneficio de la gobernabilidad, apoyada en mayorías concordantes, no discrepantes, de fractura, abuso y corrupción. Se requiere de un nuevo pacto político, donde se exprese correctamente el nuevo sistema multipartidista, pues de no tomarse en cuenta estos factores, la democracia mexicana no avala el desarrollo de la nación, ni de los individuos, como parte de la teoría de que una constitución persigue el beneficio de la humanidad.

Parece que en estos noventa y nueve años, la Constitución, no ha logrado que sus postulados programáticos garantistas, sean alcanzados, ni hacer realidad un desarrollo equitativo equilibrado, por el contrario, se profundiza la desigualdad económica señalan los analistas, ampliando la brecha entre pobres y ricos, a pesar de las reformas implementadas en este sexenio que, sin duda, constituyen una estructura idónea en el orden Constitucional que no han irradiado hasta estos días sus efectos de un beneficio generalizado, a pesar de ser consecuencia de un pacto político.

Lo  señalado se reprodujo en Oaxaca que, siendo bastión del Partido Revolucionario Institucional, en lo que toca a la elección de gobernador desde la promulgación de la Constitución hasta el año de dos mil diez, no alcanzaba la alternancia en el gobierno del Estado, únicamente se daba  en el orden municipal. La Alternancia de gobierno en Oaxaca, no tuvo como elemento distintivo, a diferencia de lo ocurrido en el federal, el que el gobernador electo, fuere un personaje identificado con una corriente diferente a la del PRI, si se toma él cuenta el origen y trayectoria del actual Gobernador Gabino Cue que, finalmente en esta etapa final, tuvo que recurrir a colaboradores identificados con el Revolucionario Institucional.

Sin embargo de esta experiencia que concluye bajo el esquema de reformas, cambio y promesa de búsqueda de un sistema democrático sustentado en el respeto a los Derechos Humanos y el desarrollo de mejores condiciones de vida del pueblo de Oaxaca, se quedó en el cajón de los postulados modificados de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, porque es una realidad que la corrupción imputada a funcionarios del gobierno saliente, a pesar de la limpia que se está llevando a cabo, de manera selectiva, por las dependencias encargadas de revisar la transparencia y el manejo honesto de los recursos, es causa de preocupación, con consecuencias en otros rubros de gobierno.

En lo que toca al avance democrático y la participación ciudadana, tuvo como base la presión ciudadana, no la consulta, como se apreció en el proyecto del centro de convenciones; las finanzas públicas mantienen adeudos con los proveedores de servicios y de obra, a lo que se agrega la  deuda publica incrementada que comprometió el destino de gran parte de los futuros e históricos  presupuestos para cubrirla; en los cargos públicos se reprodujo lo que ampliamente fue motivo de crítica, colocación de amigos y familias casi completas de algunos funcionarios del poder ejecutivo, de diputados, como se puede constatar en el listado oficial; algunos impuestos con la bendición de la Cámara de Diputados.

El Gobierno de coalición no pudo dar frutos positivos para el pueblo del Estado, los hechos lo demuestran. Este fenómeno se dio y se repetirá de mantenerse como resultado de la próxima elección, porque la estructura jurídica de ese tipo de figuras de participación, sustentado en la mezcla de intereses de facciones, solo está prevista en la Ley Electoral, pero no en lo que toca a su andamiaje de ejercicio de gobierno en la Constitución del Estado, lo cual impidió que “la Coalición” que gano las elecciones, no tuviera el sustento de facultades para actuar, como tal, lo que provocó  que el titular de Ejecutivo no pudiere actuar a plenitud, porque se fracturo ese proyecto en su base, lo que le impidió tener conexión en las actividades de gobierno constitucional y legalmente previstas, salvo el aspecto financiero que ha sido manejado por un equipo cerrado identificado con ese quehacer.

El Pueblo de Oaxaca, no debe seguir experimentado, debe retomar el cauce institucional efectivo de lo que ha demostrado ser mejor para proveer de un cauce de paz y seguridad social, desarrollo económico, social, cultural y de avance democrático para ejercer un gobierno con la sociedad, que sea conductor del bienestar general y no de corrientes políticas; retornar al gobierno de la ley más que del hombre.

En la importante decisión del ciudadano Oaxaqueño debe honrarse el noventa y nueve aniversario de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, dándole contenido, a los principios de tutela, garantía y protección efectiva de los Derechos Humanos, el fortalecimiento efectivo de su sistema político para garantizar la seguridad de las personas, su patrimonio, procuración y administración de justicia y de una esencial y real división de poderes.

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