Nuestro país enfrenta retos que exceden el campo de lo político electoral como son los terremotos y huracanes que han causado daños al patrimonio, la integridad física, emocional y pérdida de la vida en numerosas familias mexicanas, como lo hemos vivido en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos y la Ciudad de México que aún sufren las consecuencias de lo ocurrido el día martes diecinueve un poco después del mediodía cómo lo apreciamos en las noticias e imágenes que de manera continua estuvimos recibiendo de, los diversos medios de comunicación y redes sociales. 

En estos eventos, a diferencia de lo ocurrido con el sismo de 1985, la respuesta del Gobierno Federal fue inmediata y eficiente encabezada por Presidente Enrique Peña y los miembros de su gabinete que fueron comisionados para atender a la población de los lugares impactados en nuestro Estado sobre todo en el Istmo y Sierra norte que se ocupan directamente implementar las necesidades urgentes y el censo habitacional; el ejército se hizo cargo de la entrega de los apoyos sociales lo que evitó que progresara el protagonismo de los políticos oaxaqueños que buscaban difundir su imagen haciendo caravana con sombrero ajeno, impidiendo esta decisión presidencial que se desbordaran esas pretensiones. 

Me parece que las directrices presidenciales fueron precisas y concretas al ordenar que los fondos federales destinados para solventar las necesidades de la población afectada fueran controlados por sus funcionarios para evitar el desvío de los mismos, fenómeno que hoy  mantiene en los reflectores a ex servidores públicos locales imputados de actos de corrupción; por ello lo que para algunos era desorden ante la presencia sectorial de los funcionarios de primer nivel, para el ejecutivo federal la estrategia ha sido evitar la rapiña de los fondos y su uso faccioso por parte de los actores locales que se tuvieron que conformar con aparecer en la foto al lado del titular del ejecutivo federal. 

En paralelo se dio la solidaridad de los habitantes del Estado y de las entidades de la Republica que procedieron a abrir centros de acopio para recibir el apoyo del pueblo que se dio de manera espontánea y desinteresada. Otra experiencia que coadyuvo fue la de Juchitán cuya población, a pesar de la gravedad y el dolor que como secuela dejaron estos hechos, se organizó acondicionando espacios para dormir en la calle, con guardias y rondas de seguridad; las mujeres preparaban los alimentos. Ello es muestra de una solidaridad familiar que identificó a la gente de esa región. 

Ahora están en juego los recursos públicos que, ante la magnitud de los daños ocasionados por los siniestros, se tornan insuficientes para repararlos de manera integral como lo exige una población profundamente lastimada. De ahí que estén operando las fundaciones del sector privado, cruz roja y los apoyos del extranjero, sin embargo, los sectores sociales de México están exigiendo una respuesta de los políticos específicamente de los partidos en lo que toca al millonario presupuesto asignado para ser distribuido por el Instituto Nacional Electoral con vista en la jornada electoral del 2018. 

El viernes 22 de septiembre la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Oaxaca A. C. en su sesión de educación continua contó con la intervención del Maestro Ángel Díaz Ortiz, ex Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien, en su conferencia trato este tópico electoral, el recorte del presupuesto asignado a los partidos políticos mediante una donación, renuncia o aceptación pactada, para que un porcentaje del mismo sea reasignado a los destinados a reparar los daños ocasionados por estos sucesos inesperados e imprevisibles. 

Desde luego ya los líderes políticos se han pronunciado sobre lo que están dispuestos a ceder, uno más otros menos, como si se tratara de recursos propios, cuando por su naturaleza son parte del financiamiento oficial que se obtiene de los impuestos, derechos y demás cargas que pesan sobre los ciudadanos. En estas circunstancias parece ser que en estos momentos de crisis socio económica, ninguno de los Institutos Políticos se negaría a realizar “el esfuerzo” que ello implica, frente a un proceso electoral en el que aun, en lo que toca a la presidencia de la república, no se vislumbra un ganador seguro como aconteció hasta la elección de Ernesto Zedillo, dado que la negativa conllevaría la pérdida de votos. 

El ponente hizo una descripción racional de diversos tópicos electorales, como son las candidaturas independientes, la reelección, los costos electorales en cuanto al financiamiento público, la desconfianza del pueblo en las instituciones, la contratación de la publicidad por parte del Instituto Nacional y de la forma en que ha venido ampliando su campo de competencia que abarca asuntos que no son propias de lo electoral, convirtiéndose en un aparato de gran magnitud que necesita de un presupuesto alto para mantener todas esas áreas y funciones.

 En específico sobre el rubro de lo que se propone para reducir y reasignar el financiamiento público a los partidos, consideró el ponente que se trata de una cuestión  extraordinaria inesperada que se debe enfrentar como tal y que obliga a considerar que los valores a reparar al pueblo son superiores y prioritarios a lo político electoral por lo que, el acuerdo que tomen los partidos, ya sea bajo la figura de la renuncia,  donación o que de manera congruente acepten la reducción, el pacto que de ello derive debe ser aprobado por el Instituto Nacional Electoral  y, en su caso validado por el órgano jurisdiccional que define las controversias de esos asuntos, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. 

De esta manera se legalizaría con la flexibilidad y rapidez que demanda la situación extraordinaria de emergencia la reasignación de los recursos para agregarlos a los fondos oficiales etiquetados al rescate integral de la población dañada en su patrimonio de manera digna y adecuada, sin regateos o con obras deficientes. Esta ruta evitaría futuras acusaciones de desvió de recursos públicos y posible peculado e incluso impugnaciones en el orden político, lo cual colmaría las exigencias que hoy se hacen al presidente Enrique Peña sobre ello.

La ciudadanía debe cobrar conciencia de esta decisión y facturar su futuro voto acorde con la posición de los institutos políticos y, provocar que su sistema democrático electoral no sea una pesada carga financiera.

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