Investigación de lo investigado

  • Jorge E. Franco Jiménez
Confusión. Desinformación

Semana de contrastes, contradicciones y desinformación, respecto de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, todo ello motivado por el documento elaborado por el Grupo de Expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo contenido es amplio y enfocado, al menos en lo publicado y comentado por diversos medios, a poner en duda los resultados de la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República, que dirigía Jesús Murillo Karam, recientemente sustituido, cuyas consecuencias han trascendido, de manera directa, a la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

La orientación de las opiniones sobre este asunto, dependen de los variados intereses, en que se mueven los comentaristas y noticieros, algunos, pocos por cierto, estiman que la indagatoria de la Procuraduría General de la República, cuenta con evidencias que son coincidentes con el informe dado a conocer, aun cuando, como es entendible en estos casos, se den variantes en las apreciaciones o conclusiones, acentuado por el tiempo  que deteriora o desaparece evidencias; otras radicalmente desautorizan a las instituciones del país.

La sociedad mexicana, se encuentra en una objetiva situación de desconfianza que es  consecuencia de que las instituciones nacionales, bajo el supuesto de la discreción de sus actuaciones, haya provocado un contexto de incertidumbre acentuado, al actualizarse la desinformación, que los experto señalan que es consecuencia de factores como la falta, ausencia o saturación de información, es un proceso en el deben cumplirse la presencia de tres condiciones, emisor(es), la información y receptor(es); desinformar es no informar o sesgar la información que se desea transmitir; como consecuencia, es un acto que se confecciona y aplica en todas las actividades humanas, tanto individuales como colectivas que es lo que está ocurriendo en este momento.

Hoy tenemos dos versiones diferenciadas y en ciernes una tercera a petición de algún poder que sugiere la designación de dos fiscalías, una para re investigar los dos o tres veces indagado, otra para que continúe la búsqueda de los desaparecidos. Digo tres porque, una la hicieron las procuradurías General de la República y la de Guerrero; otra, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la reciente de la Comisión Interamericana, mismas que causan la desconfianza, derivada de la desinformación que ha surgido de esas fuentes de investigación.

Es importante conocer algunos puntos del informe del Grupo de Especialistas, como los siguientes: "Debilidades en la investigación adelantada por la PGR. En el análisis de la investigación adelantada por la PGR aparecen debilidades tanto en la investigación de los hechos, que debieron haberse complementado y profundizado, y en las diligencias realizadas por la PGJ, como en la investigación de la organización delictiva, su estructura, integrantes y actividades ilícitas. A continuación se reproducen algunas, y sus consecuencias para la investigación."

"Videos. Se pudo constatar que la gran mayoría de pruebas técnicas, como son los videos de las cámaras de vigilancia de los lugares de interés para la investigación, no se tuvieron en cuenta hasta el momento en que el GIEI solicitóque se incluyeran. Los registros fílmicos que poseían las cámaras de la central de autobuses, de los lugares como el Palacio de Justicia, Juan N. Álvarez, calle Hermenegildo Galeana, la zona Industrial, etc., no fueron adecuadamente resguardados, solo se logró́ recuperar una pequeña parte de dicha evidencia. Si bien no se puede tener certeza de que estas cámaras hubieran recogido imágenes relevantes, en al menos dos sitios existían imágenes de interés criminalística." "Por ejemplo, tras la demanda del GIEI de recoger los videos correspondientes pudo encontrarse una grabación de la terminal de transportes que no había sido incluida entre las pruebas, ni analizada. Dicha evidencia registra un momento crucial en la investigación: la llegada de los estudiantes a la estación, la toma de tres autobuses, dos Costa Line y un Estrella Roja y su salida por dos lugares distintos de la propia central. Esto permitió́ esclarecer que se trataba de 5 autobuses como había sido ya declarado por los normalistas y no 4 como se había mantenido hasta entonces por la PGR, y se confirmaban numerosos extremos de los testimonios y declaraciones de los estudiantes normalistas sobre dicho episodio."

"Sin embargo, la mayoría de la evidencia videografía fue destruida por el paso del tiempo, ya que no se solicitaron los registros en el momento oportuno o fue borrada de forma negligente como en el caso del Palacio de Justicia. Órdenes de cateo, Una herramienta esencial para la investigación son los cateos de casas y oficinas de los presuntos responsables, especialmente en casos de criminalidad organizada, ya que en las mismas se pueden encontrar evidencias, como registros telefónicos, informáticos, contables, armas o drogas. Es por esto que esta facultad se encuentra especialmente prevista en el artículo 15 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, la misma escasamente se utilizó́ de manera oportuna durante la investigación. Por ejemplo, no fueron cateadas las viviendas de los policías señalados de pertenecer al grupo “Los Bélicos”, quienes podrían haber resguardado armas, uniformes, teléfonos y otras evidencias importantes para la investigación."

"Intervención de comunicaciones privadas, De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, esta herramienta se utilizó́ para extraer valiosa información de los teléfonos incautados y en el caso de un teléfono activo, que presuntamente se encontraba en poder de una de las víctimas y que luego se descartó́. Sin embargo, no se utilizó́ para intervenir las conversaciones telefónicas de los integrantes de la organización criminal, antes de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014, a pesar de que la PGR ya tenía conocimiento de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el municipio de Iguala. Tampoco se utilizó́ momentos después, cuando hubiera sido vital para determinar las comunicaciones entre los miembros prófugos y otros que no habían sido completamente individualizados."

"Declaraciones testimoniales, Dentro de la investigación hubo declaraciones testimoniales que no se recibieron de manera oportuna, por ejemplo la de los choferes de los dos autobuses Estrella de Oro donde se encontraban los normalistas detenidos y posteriormente desaparecidos, dado que ambos declararon solamente en el mes de abril de 2015, es decir seis meses después de los hechos y debido a que el GIEI pidió́ a la PGR sus declaraciones. Ambos brindaron información esencial para el esclarecimiento de los hechos, sin embargo, a estas líneas de investigación se les dio escaso seguimiento. Tampoco se escuchó́ la declaración testimonial de los seis privados de libertad esa noche en barandillas  o de otras autoridades que se encontraron presentes en las distintas escenas del crimen durante los hechos, como las autoridades federales que recién declararon en junio 2015, luego de la solicitud del GIEI o las autoridades estatales y ministeriales que aún no han declarado."

Los vacíos detectados, además de las pericias llevan al grupo especial a enfatizar que la indagación, al no darle seguimiento técnico a las evidencias como las señaladas, rompió la cadena probatoria, lo que ahora torno poco confiable la conmovedora declaración del Procurador Jesús Murillo Karam, respecto a la forma y lugar en señaló habían sido incinerados los normalistas, lo que jurídicamente afecta la confesión o testimonio de los que fueron presentados como participes de ese evento.

Sin calificar o descalificar la averiguación previa de la PGR, de acuerdo a los antecedentes de otros sucesos similares, como el asesinato de Colosio, Ruiz Massieu o el Cardenal Posadas, tantas investigaciones y versiones,  me permiten afirmar que no es factible que se llegue a conclusiones que señalen con precisión, el origen de acto, autores intelectuales , materiales y lugar en que estén los restos, o retenidos los desaparecidos, a pesar de que como lo reconoce el Presidente Peña, ha agraviado a los mexicanos.

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