La legalización del IEEPO

  • Jorge E. Franco Jiménez
Su impacto en las estructuras institucionales. Corrupción e impunidad

La restructuración legal y funcional del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, ha mostrado la corrupción sistematizada que impero, durante un largo tiempo en ese organismo, utilizado para desviar una parte importante de los recursos destinados a la educación, respecto de los cuales, no existía información, ni posibilidad de acceso a ella; ahora se están dando a conocer, con la exhibición de aquellos servidores públicos que usufructuaban plazas y salarios sin trabajar, solo por tratarse de políticos agraciados con el favor oficial del funcionario en turno, algunos ocupan cargos de representación popular o de servidores públicos que, además de los haberes percibidos por la actividad que desarrollan, se les concedía una plaza o un bono en el Instituto, consiguiendo de esta manera un doble ingreso de los fondos públicos.

En el caso del magisterio, las formas son variadas, dobles plazas para sí o familiares, nombramientos de sus integrantes en la estructura administrativa del organismo, estropeada por la reforma legal implementada, comisionados, plazas para subastarlas, entre otras variadas estrategias, incluyendo los apoyos a la organización sindical que implicaban una sangría permanente y abundante de recursos, a lo que se adicionan los porcentajes oficiales para los funcionarios de alto rango de la administración, operación que cerraba el circulo de la complicidad e impunidad.

Los especialistas, refiriéndose al tema en México, una vez analizado e investigado, definen la corrupción, como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado que envuelve todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como secuela de consideraciones de beneficio personal o político, resumido en el uso arbitrario del poder, que se extiende al bien que reciben familiares, amigos u organizaciones, causas o movimientos de cualquier naturaleza.

Señalan como causas de la corrupción política, a la transición de los gobiernos democráticos, señalando que es una de las desventajas de los gobiernos republicanos, por él afán de poder que se sobrepone a los valores comunitarios que son la esencia de su ejercicio, como encomienda de la voluntad originaria del pueblo. Otro elemento que es notable, por la situación que ha predominado en Oaxaca, es el que se refiere a factores como  la bolsa de recursos que destaca en este caso, y el evidente desequilibrio, entre las instituciones locales, y las organizaciones como el sindicato del magisterio representado por la sección XXII,  consecuencia del manejo faccioso que este último, hizo de esos dineros, desviándolos de su objetivo educativo, para construir una sólida plataforma de influencia y poder que rebaso la de las instituciones del Estado de Oaxaca, y buscaba sujetar a las federales, que le permitió ostentarse como representante de facto del “pueblo de Oaxaca” y del “sistema educativo local.”

Este esquema, extendió la corrupción, no solo a los mandos superiores del Instituto y del Sindicato, sino a las estructuras de los otros poderes públicos, de manera que se encontraban maniatados, por la conveniente complicidad que conllevaron, protegidos ante la ilegalidad de esas acciones, por más de treinta años en que, el intercambio de favores políticos y económicos, fue desigual excitando la inestabilidad entre las Instituciones y ese ente de poder factico, convertido en mando del Instituto Estatal de Educación, controlador de los recursos asignados, de su distribución, y de la disciplina de los maestros que los hicieron dependientes de los favores de la dirigencia, y que impulso igualmente, limitar el quehacer del gobernante en turno.

Es importante que por lo menos, se estén dando a conocer a las figuras políticas  relevantes que han tenido el privilegio de obtener dos ingresos del erario, por cargos diversos, sin embargo, ello no es suficiente para atacar la corrupción generalizada, aún falta que la transparencia abarque los nombres de los maestros que cobraban como servidores administrativos del IEEPO, sin impartir clases, y de los aviadores, con ello se daría amplitud al derecho a la información en favor de los ciudadanos Oaxaqueños de manera plena, no como muestra, que solo despierta inquietudes, pero no calma la insatisfacción pública que han provocado estos actos.

En esta época de la lucha contra la corrupción, es necesario que la administración, amplíe el campo de la transparencia y el acceso a la información del manejo de las finanzas públicas de los tres Poderes del Estado, en donde se ha reproducido esquemas adulterados para obtener dobles o triples ingresos, por un servidor público o grupo político; la operación es simple las percepciones que se reciben por el  cargo, se ven incrementadas por dineros adicionales, mediante artificios, como la facturación a sociedades y conceptos diversos de servicios, como el de la comunicación, generados por la influencia de representantes populares, que imponen pagos indebidos de recursos públicos a su favor por medios que aparentan la legalidad de su erogación.
 
La Constitución del Estado, congruente con lo dispuesto por la Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: no podrá desempeñar empleo ni cargo público de elección popular, cualquier ciudadano que disfrute del fuero federal. Nunca podrá desempeñarse a la vez, por un solo individuo dos o más empleos o cargos públicos del Estado y de los Municipios por los que se disfrute sueldo, honorarios, gratificación, o cualquiera otra ministración de dinero con excepción a los relativos a los ramos de educación y beneficencia públicas. Estas dos primeras hipótesis constitucionales, hacen concluir que los servidores públicos que sido dados a conocer respecto del IEEPO, con su conducta actualizaron la violación de estas prohibiciones, al igual que otros que siguen de incognitos en los Poderes del Estado.

Esta pactos revelan la combinación de conductas de servidores públicos para llevar a cabo la desviación de recursos públicos, como práctica generalizada, constitutiva de una conspiración para cometer hechos previstos como delitos en el orden penal, como el abuso de poder, peculado, ejercicio indebido de facultades y atribuciones, con agravante de se lleva a cabo bajo la figura de coalición de voluntades oficiales para llevarlas a cabo, dejando de observar los principios de una administrarán en la que prevalezca la austeridad, la planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En las situaciones denunciadas, es objetivamente palpable que los recursos del erario público, no se aplicaron a la finalidad encomendada por ley.

Lo que trasciende de estos actos es que la responsabilidad abarca a los que autorizan los pagos, los que lo hacen y los que los reciben, así como los que los auditan, con conocimiento de que la aplicación es distorsionada ya que altera el destino de los recursos, conductas que configuran hechos ilícitos penales que, por la forma amplia en que se han venido llevando a cabo, se necesita que se apliquen a todas las instituciones estatales,  medidas similares a las tomadas con el IEEPO, de manera tal que se modifique la estructura de su control y vigilancia, a través de la transparencia e información, sin obstáculos para su acceso.

 El Gobernador Gabino Cué tiene la oportunidad de fortalecer, no solo su imagen, sino su alianza con el Pueblo para que ratifique su legitimación como primera autoridad en el Estado, ampliando el saneamiento de su aparato administrativo, y el de los otros dos poderes, sin que ello implique violación a su autonomía funcional, pues en última instancia, tienen como elemento común que en todos los casos se trata de fondos del erario público que son del Estado y originariamente del Pueblo, aún hay tiempo para ello.

 Jfranco_jiménez@hotmail.com