La ciudad de Oaxaca fue estrangulada en esta semana por los prestadores del servicio público urbano y suburbano de transporte de pasajeros que comprende la capital y la zona conurbada, con motivo de la revisión de las tarifas que periódicamente autoriza  el Estado a las empresas concesionadas, el cual prestan sin control, con un parque vehicular  desproporcionado, irracional e inadecuado para la dimensión de las callesa las que saturan con los autobuses grandes o chicos, unos en buen estado y, otros no, obstaculizando el libre tránsito particular,cuando en ocasiones, en una ruta apreciamos hasta diez o doce autobuses disputándose el pasaje, ocupando los dos carriles para rebasar a la competencia.

El efectode la suspensión del servicio y el bloqueo de las calles con los autobuses fue agresivo, paralizaron y entorpecieron la actividad personal, productiva y social de la población; afectó a los visitantes que vivieron el tener que retrasar su salida, o su ingreso a la ciudad, así como aquellos que se bajaron de los autobuses con todo y equipaje en Pueblo Nuevo y otros poblados, para tomar rutas alternas para continuar su jornada; el gran número de personas que tuvieron que abandonar los autobuses para que estos sirvieran de barricada de diversos puntos bien conocidos por los transportistas, mostró el músculo de este gremio, convertido en otro grupo más de presión.

La rutina de este tipo de acontecimientos, día a día reiterados, con mayor o menor intensidad, auspició que el gobierno del Estado, como lo hace con el magisterio,expusiera que no cuentacon el poder para aplicar la ley; en este caso, con el fin de impedir un daño mayor a la población, en su derecho humano de libre tránsito, sobre todo si se toma en consideración que el transporte como servicio público, es una actividad del Estado, concesionada a particulares, por lo que estaba obligado a tomar medidas inmediatas para impedir la suspensión del servicio o para restaurarlo, como le obliga el artículo 1º., de la Constitución;por el contrario, de nueva cuenta lo está negociando, a pesar de que sí se causó unalesión a ese derecho fundamental.

Se ha anunciado que el incremento tiene que estar relacionado con el mejoramiento integral de ese servicio en provecho de la población. Con certeza se puede pronosticar, que pronto se anunciara la suscripción de una minuta más, en la que se imprimirá lo convenido. Esta práctica es antigua y los archivos de la Secretaría General de Gobierno debenestar llenos de estos documentos, que tienen como elemento común su incumplimiento, siendo la evidencia el desorden imperante en esta sección del transporte, con una característica común, en la mayoría de las minutas firmadas, se asienta el compromiso de capacitar a los operadores y de renovar el parque vehicular, respetar tarifas, horarios y rutas, para fijar el monto del aumento.

En este contexto, se colisionan razones contradictorias. Los dueños de las empresas tienen razón, los combustibles y todos los insumos relacionados han subido de valor; el pasajero tiene razón, todo aumenta y sus percepciones no cubren el déficit de los incrementos, sin que se hayan buscado parámetros que establezcan la posibilidad de vincular los incrementos tarifarios, con el mejoramiento en la calidad del servicio y la situación económica, que induzcan una decisión equilibrada para legitimar su vigencia y la disminución de las consecuencias de las contradicciones que se exponen.

Un factor indispensable es que la tarifa produce ingresos diferenciados en estos servicios. En los de primera clase de Oaxaca a México, el pasajero cubre una cuota fija por todo viaje; en el servicio urbano y suburbano, se hace por calles, unos suben y otros bajan, pero todos pagan, operación  que multiplica el ingreso y hace rentable este servicio. La comparación es objetiva y matemática: el primero produce cuarenta pesos, si costara un peso por pasajero en un vehículo de cuarenta asientos; el segundo cobra un peso, pero el ingreso se multiplica en un trayecto, por ejemplo, de San Felipe al mercado de abastos, tomando en consideración que unos pasajeros van sentados y otros parados, los que abordan y los que descienden. Curiosamente no se menciona estecomponente para adecuar la tarifa periódicamente.

Las herramientas jurídicas que tiene el Gobierno del Estado de acuerdo a la incumplida Ley de la materia, son, además de las sanciones, el declarar la intervención del servicio de transporte cuando éste se interrumpa o se afecte su prestación regular y continua por más de tres horas. La intervención durará únicamente el tiempo en que subsista la causa que le dio origen; hacer efectiva la intervención del servicio y evitar que se continúe afectando su prestación, pudiendo hacer uso de la infraestructura, instalaciones, vehículos y equipos afectos a la prestación del mismo; El transporte colectivo metropolitano se prestará bajo el sistema de rutas, que permita una operación más eficiente, debiéndose evitar la superposición de rutas y sobreoferta de vehículos, y disminuir la contaminación ambiental con el uso adecuado de la infraestructura vial existente; Cuando resulte conveniente al interés general, el Gobernador del Estado, podrá intervenir temporal o definitivamente las concesiones otorgadas para prestar el servicio público de transporte.

El dialogo y la concertación deben caminar en paralelo, sin suspensión del servicio, ni la utilización de los vehículos para bloquear vialidades, tales acciones deben ser sancionadas, en los términos que señala la reciente Ley del Transporte que se publicitó como la solución a los problemas en esta materia. La realidad nos ubica en la violación a la ley y de que esta no se cumple ni se hace cumplir el objetivo anunciado.

El problema no es menor si se toma en cuenta que el incremento de la población y de la zona conurbada, exige la necesidad de ese servicio público de manera suficiente; sin embargo, durante largo tiempo se ha carecido de un plan rector efectivo que, orientado por el gobierno del Estado, los Municipios y los sectores interesados, se ocupen de apreciar de manera legítima la fijación de tarifas, acorde con la estructura vial de la ciudad y las rutas de desahogo de entradas y salidas, las distribuyan de manera tal que se evite el monopolio del tránsito en las calles, con vehículos de grandes dimensiones, que fijen los horarios y la forma en que se obligue a los operadores a respetarlos, lo que inhibiría la disputa por los pasajeros y el exceso de autobuses en una misma ruta.

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