El periódico digital “Uno Oaxaca”, en su edición del lunes 23 de junio, publicó la siguiente nota firmada por su reportera Águeda Robles: “Esta mañana fue asesinado el líder del Movimiento Social para la Unificación de Mixtepec (MOSUM), Antonio Victorino Raymundo Flores. Los primeros reportes policíacos indican que los hechos ocurrieron entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana en el paraje Tejón de Guadalupe Mesones, perteneciente a San Juan Mixtepec. El cuerpo fue encontrado calcinado por lo que se desconoce hasta el momento cómo se desarrollaron los hechos. En este mismo paraje fue donde asesinaron al presidente municipal de San Juan Mixtepec Feliciano Martínez Bautista y su escolta Policarpo Remigio Rojas”. Hasta aquí la nota de “Uno Oaxaca”; y aunque el suceso ha sido difundido por otro medio digital (e-consulta), parece evidente que se está tratando de silenciarlo, o, por lo menos, de restarle toda la importancia que sea posible.

Ahora bien, ¿cuál es la causa de que me ocupe yo del asunto por encima de la cortina de silencio que parece estarse tejiendo a su alrededor? No es una sino varias causas. Debo comenzar precisando, primero, que el hoy occiso no era antorchista ni tenía relación política alguna con mis compañeros oaxaqueños, a pesar de lo cual ni ellos ni yo tenemos duda de que se trata de un asesinato político. En efecto, Antonio Victorino Raymundo es un líder muy conocido en todo el estado de Oaxaca, y su organización (llámese MOSUM o MULT) es una de las poquísimas fuerzas organizadas que, dentro de Mixtepec, se atrevió a enfrentar el dominio feroz que la mafia dominante en ese municipio ejerce, mediante el terror y la violencia, sobre toda la población. No sólo eso; también se atrevió a presentarse como una opción electoral distinta para el gobierno de su municipio, es decir, que quiso disputarle el poder al grupo dominante mediante la lucha electoral y el voto ciudadano. Por todo eso, se había convertido en un riesgo, en una seria amenaza para la estabilidad y la permanencia en el poder de la dictadura que sojuzga a Mixtepec, y resulta claro que es ésa, y ninguna otra, la causa de su muerte violenta. Es más, su asesinato había sido pregonado en reiteradas ocasiones por sus enemigos políticos, y las amenazas de muerte le habían llegado por diversas vías, todo lo cual era del conocimiento del gobierno de Oaxaca que, sin embargo, no hizo nada para impedirlo. He aquí por qué es un deber ciudadano denunciar este nefando crimen.

En segundo lugar, el asunto nos interesa porque hay un cúmulo de evidencias irrefragables, que en su momento he enumerado y descrito con toda puntualidad, que no dejan lugar a la duda razonable de que la mano, o las manos que tan brutalmente asesinaron y prendieron fuego al cadáver (quiero pensar que fue al cadáver y no a la persona viva todavía, lo que sería de un sadismo realmente patológico) de Antonio Victorino, son las mismas que han venido cometiendo las atrocidades contra los indígenas de Santo Domingo Yosoñama para obligarlos a renunciar a su derecho a la tierra heredada de sus ancestros. Y si es así, como todo indica que lo es, los antorchistas del país tenemos que ver en este nuevo crimen bestial un indicio, un anticipo y una prueba plástica, palpable, de lo que le espera a todo aquel que se atreva a oponerse y a interponerse como un obstáculo en el camino de la mafia de que hablo. Y tenemos que ver también, en consecuencia, una amenaza descarnada y directa a la seguridad y a la vida, en primer lugar, de los antorchistas de Yosoñama, y luego, del antorchismo oaxaqueño en general. He aquí, pues, por qué es nuestro deber alertar al país entero de tan horripilantes crímenes y de las ominosas amenazas que encierra.

En tercer lugar, ésta es una nueva oportunidad para volver a poner de relieve la curiosa e “inexplicable” impunidad con que actúa la mafia de Mixtepec; la tranquilidad y el desdén hacia la opinión pública con que siguen acumulando crimen sobre crimen, abuso sobre abuso, violación sobre violación a las leyes, sin que pase absolutamente nada, sin que nadie parezca alarmarse por la gravedad de sus hechos, sin que nadie (y menos que nadie la autoridad encargada de perseguir y sancionar esos delitos) se inquiete y finja siquiera un intento de poner un alto a tanta sevicia y tanta sangre derramada por esa gente que hace rato debiera estar en la cárcel. Secuestro de 39 campesinos por más de tres meses; asesinato de varios indígenas de Yosoñama, el cadáver de uno de los cuales jamás ha aparecido; asesinato de Miguel Cruz José, líder Antorchista en la Mixteca y miembro de la Dirección Nacional; asesinato de once indígenas, entre ellos mujeres y niños, e incendio del vehículo en que viajaban. Y ahora se agrega el cadáver calcinado de un opositor al grupo violento, lo que pone al desnudo el mismo “modus operandi” y delata que se trata de la misma mano que asesinó e incendió el vehículo de los indígenas de Yosoñama. No es exceso de imaginación ni de temor el preguntarse: ¿qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién protegerá la vida de los amenazados?

En cuarto y último lugar, están las circunstancias que precedieron al crimen. Primero, el problema agrario entre Mixtepec y Yosoñama. Lo nuevo aquí es que en su última fase han intervenido, además de altas autoridades de Oaxaca incluido el gobernador Gabino Cué, también representantes de SEDATU y de Gobernación Federal. Y aunque se ha llegado a planteamientos razonables y admitidos por Yosoñama, y el representante de Gobernación ha fijado fecha y hora para la reunión que finiquite el problema, tal reunión ha sido cancelada de última hora, sine die y sin mayores explicaciones. Pareciera que la mafia de Mixtepec tiene el poder (o la protección) suficiente para abortar los esfuerzos y la voluntad negociadora de la mismísima Secretaría de Gobernación. A esto se suma la resistencia del gobierno oaxaqueño para resolver este asunto, resistencia que llega incluso a la mentira descarada al asegurar que “ya está todo planchado” con Mixtepec, cosa que el tiempo probó ser una burda maniobra elusiva y dilatoria. Más aún: como he dicho ya, hay información segura de que son altos funcionarios del gobierno de Oaxaca quienes protegen a los asesinos de Mixtepec y bloquean todo avance en la resolución del conflicto. Y el último detalle: fue difícil conseguir que el representante de SEDATU en Oaxaca, Leonel Martínez, ex presidente municipal de Mixtepec y convicto secuestrador de 39 antorchistas, fuera removido de ese cargo. Pero… Hace pocos días, los medios dieron la noticia de que ese mismo personaje siniestro fue nombrado representante de SEDESOL para toda la Mixteca oaxaqueña. ¿Qué pasó? ¿Quién lo nombró? ¿La propia titular de SEDESOL? ¿Es acaso miembro distinguido de alguna “tribu de la izquierda”? ¡Quién sabe! Pero el hecho es que apenas dos o tres semanas después de este nombramiento, se da el vil asesinato de Antonio Victorino. ¿Es pura casualidad o es el aliento y poder que le dan a la mafia los hechos que enumero? Por lo pronto, no hay más que dejar la respuesta al tiempo “que es el que todo lo cubre y todo lo descubre”; pero la advertencia del peligro está hecha y los antorchistas, una vez más, hemos cumplido con nuestro deber y con nuestro derecho. De lo demás tendrán que responder las autoridades respectivas.