En la República, han brotado diversas expresiones colectivas que se difunden en las redes sociales, las inquietudes que se dan al interior de diversos sectores como son el económico, el de los trabajadores, el magisterio, ambulantes, campesinos, ong´s, entre otros; de manera similar el gremio de profesionistas ha iniciado movilizaciones públicas, como el denominado “Yo SOY médico #17”, con el lema “Somos médicos no somos dioses, no somos criminales”, como fórmula que busca generar la reflexión en la sociedad sobre la situación que vive el sector salud en el país, a través de una página que creó David Sánchez, médico pediatra, que unión de un grupo de doctores, se cuestiona sobre diversos factores que recaen sobre los profesionales de la medicina, en la relación a los casos médico-legales en que encuentran inmersos 16 doctores, lo cual ha caído en actos de acoso a los que practican esta profesión.

Esta denuncia sobre el acoso legal a los médicos, no es nueva, en Oaxaca, hace algunos años se pusieron de moda las denuncias de responsabilidad de orden penal, generalmente referidas a los que la ejercían de manera particular, excepcionalmente, relacionada con el sistema de salud oficial y su personal médico o de enfermería, mismas que se utilizaron a manera de extorsión disimulada, convertida en una fuente de recursos, al multiplicarse este tipo de imputaciones, cierta o no, acerca de una mala práctica médica, pues antes de ser presentada ante el ministerio público, se la hacía llegar al profesionista indicándole que hiciera alguna propuesta de arreglo, pues no se pretendía dañar su perfil profesional; la mayoría de ellos, llegaba a un arreglo, para evitar que se hicieran públicas esas acusaciones, algunos enfrentaron su defensa ante la autoridad investigadora, otros un proceso ante un Juez. Estos sucesos, motivaron la creación de instituciones especializadas, que emitieran previamente una opinión o dictamen pericial previo, que se denominan Comisiones de Arbitraje Médico.

En Oaxaca, los casos tenían que ver con el equipamiento técnico de la infraestructura médica, relacionada con ciertos parámetros fijados a nivel nacional e internacional, para prestar esos servicios o realizar operaciones de algún tipo. Algunos médicos que contaban con clínicas o sanatorios y aun consultorios, expresaban su inconformidad, dado que esas cuantificaciones, argumentaron, eran adecuadas para otros países, pero no para la Ciudad de Oaxaca que, por el alto costo que representaban, incrementarían los de la prestación de los servicios, con ello se inhibía que los oaxaqueños, obtuvieran el acceso a esos servicios privados de salud, por una parte y que por la otra, tampoco los servicios de salud pública, contaban con esas herramientas.

Recientemente en el Estado, se han dado a conocer, una serie de hechos que tienen que ver con los servicios de salud público, como son los partos, falta de medicinas, de personal médico o de enfermería, instalaciones inapropiadas, lo que no es exclusivo de nuestra entidad, pues ya se han propalado situaciones similares, en otras entidades. La consecuencia, es el cese del Director o encargado del centro de salud, apertura de una investigación para fincar responsabilidades hasta las últimas consecuencias, el despido de algunos médicos o personal de esa área.

En ese contexto general, la tendencia iniciada en Guadalajara, ahora ha convocado a marchas en diversas  ciudades para este domingo, como forma de hacer patente el objetivo de la misma y que, en mi opinión, pone a la vista la causa de las deficiencias en los servicios de salud que se pone a cargo del sector profesional médico, el cual sin dejar de reconocer que existen, casos de praxis deficiente, agrega hay factores determinantes que han provocado el deterioro en la asistencia pública de salud, como obligación del Estado de garantizar el acceso a este beneficio a todos  los mexicanos, como un derecho humano de ese orden que, al igual que la educación, deber otorgarse en condiciones de máxima calidad.

En esa ruta señalan que: “Que la raíz de los problemas de presunta negligencia médica en las instituciones públicas de salud se encuentra en diversos procesos institucionales que tienen varios años en marcha en nuestro país y quepareciera que sólo ante casos de lamentables decesos de pacientes, la sociedad voltea a mirar lo que ahí ocurre. El primer proceso al que deseamos referirnos es el asalto neoliberal a las instituciones de salud que ha llevado en el colmo de los casos a esquemas de dirección y administración deficientes en dónde la prioridad es el abatimiento de costos. Y que en este afán se ve a las inversiones en infraestructura, equipamiento y formación continua de recursos humanos como gastos… Enseguida ve a los profesionales de la salud que contrata como un rubro presupuestal en donde hay que disminuir costos a costa de lo que sea. Y a continuación hace de los servicios médicos auxiliares, oportunidades de negocio para su subrogación hacia el sector privado. El segundo proceso al que aludimos, es la saturación de la capacidad instalada de las instituciones públicas de salud ante la falta de extensión de los servicios y su mejor distribución geográfica. Tanto las instituciones de seguridad social que atienden a trabajadores afiliados y sus familias, como las dirigidas a población abierta, ven cotidianamente saturada la demanda de sus servicios… A esto se suma la constante restricción y condicionamiento de inversiones en las instituciones al servicio de los trabajadores, que también ha terminado por saturar sus unidades hospitalarias y de atención, imponiendo al personal médico la atención de un alto número de pacientes (como resultado de la sobredemanda) en lapsos muy breves, lo que deriva en condiciones adversas de atención que generan resultados indeseados.”

Estas declaraciones solo relacionan algunos de los puntos que muestran lo que objetivamente apreciamos en la prestación de la asistencia en salud por el Estado, que no admite negación y que como factores evidentes, impiden aún bajo el compromiso que adquieren los profesionistas de la medicina de preservar la vida sana de los pacientes, no ha bastado para posibilitar la calidad y eficiencia de estos servicios por parte del Estado, sino se desarraigan los orígenes de los males que aducen los médicos del sector salud en estas declaraciones; creo que esta inquietud que tiende a conjuntar al sector de profesionales de la salud, debe ser apoyada, por todos los gremios especializados y la ciudadanía, pues de la calidad de los insumos e infraestructura, suficiencia de personal y de instalaciones dignas, depende la salud de la población, a fin de que el Estado Mexicano confirme que cumple de manera cabal con esa obligación constitucional.

La declaración formulada, es justa, porque nos pone a la vista que, junto al problema de la educación, se refleja otro de la misma prioridad, el de la salud de los mexicanos, lo que no es solo responsabilidad de los médicos, sino de las Instituciones que la tienen a cargo y los destinatarios de los mismos, por ello es pertinente que en paralelo al conjunto de disposiciones jurídicas que integran el campo de la responsabilidad de los médicos en el orden penal, civil, administrativo, laboral, deben vincularse las del Estado, respecto a la calidad de los factores estructurales, de insumos y suficiencia de personal especializado, racionalización en su distribución territorial, que evite trasladar errores o ineficiencias cuyo principio deriva de la escasez de estos últimos.

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