Hace años, cuando el antorchismo comenzaba a despegar más en serio y llevaba a cabo sus primeras manifestaciones masivas, un experto en la política mexicana me dijo algo que me pareció digno de atención y reflexión: las protestas masivas suelen ser, a veces, indispensables; pero a mi juicio, no debiera recurrirse a ellas en exceso y sin motivos suficientes, porque irritan a los gobiernos, a la opinión pública y acaban empañando la imagen de quien abusa de ellas. Yo creo –dijo– que existen otros recursos, incluso más eficaces, para conseguir lo mismo y que no presentan los inconvenientes de la protesta callejera. ¿Como cuáles? Pregunté. La prensa, los medios informativos en general, me respondió. Y explicó: una buena nota en radio, televisión o en la prensa escrita, llega a mucha más gente, tiene mayor penetración y no causa la misma irritación. Es un camino seguro y menos polémico para que el mensaje llegue a quien tenga que llegar.

Han pasado cerca de 40 años desde entonces, 40 años de lucha constante contra la marginación, la pobreza y la grave desigualdad social que aquejan al país; y en este lapso los antorchistas hemos ensayado, tanto como hemos podido, el camino que se nos aconsejó. Así hemos podido comprobar que, en efecto, la cobertura y penetración de los medios masivos es cien veces más amplia y potente que la manifestación pública más numerosa y mejor organizada; pero hemos comprobado también que al Olimpo mediático no asciende el primero que se lo proponga. Ahora sabemos con toda certeza que los medios, sobre todo los más grandes e influyentes, no están abiertos sin más a cualquier tipo de información, denuncia o protesta del ciudadano común y corriente; que se trata de grandes empresas que, como tales, tienen que rendir la máxima utilidad a sus propietarios y ello las obliga a ser muy cuidadosas y selectivas con el material que difunden o publican. Ese mismo carácter empresarial obliga a los medios a cuidar en extremo sus relaciones con los gobiernos, pues de ellos dependen todo tipo de permisos y concesiones, amén de los más jugosos contratos de publicidad. Por todo esto, para ellos está vedado el enemistarse con el poder político, y menos si es sólo para darle voz a los desamparados o por decir la verdad pura y simple, sin fijarse a quién lastima esa verdad.

Así pues, en los hechos, ha resultado impracticable el consejo que tan desinteresada como oportunamente se nos dio, a pesar de que hemos puesto nuestra mejor voluntad para llevarlo a cabo. De aquí se desprende, pues, que la manifestación y la protesta pública es el único camino realmente al alcance de los desamparados para manifestar las carencias e injusticias que sufren y para hacer valer sus derechos; que, por tanto, ese camino debe respetarse hoy más que nunca de manera plena e irrestricta, sin que ello quiera decir que se toleren violaciones flagrantes a la ley por parte de quienes protestan. ¿Por qué hoy más que nunca? Porque hoy más que nunca la concentración de la riqueza, en todo el planeta y por tanto también en México, crece desmesuradamente casi con cada minuto que pasa, y crece también, en consecuencia, el número de pobres, al mismo tiempo que la pobreza se torna más aguda y lacerante, a grado tal, que son muchos millones de seres humanos los que carecen hasta del alimento cotidiano. Y este incremento en cantidad y calidad de la pobreza determina en la masa popular la necesidad de luchar por un reparto más equilibrado de la renta nacional y, en consecuencia, por abrir y hacer respetar canales legales para expresar esa demanda y manifestar su propia manera de ver la realidad social.

Pero, como era esperable, no todos piensan lo mismo y hay quienes, incluso, reman en sentido contrario. No hace tanto, por ejemplo, que los diputados poblanos aprobaron una ley “regulatoria” de las protestas públicas que autoriza a la policía a disparar contra los manifestantes “en defensa propia”, es decir, cuando la agresividad de los primeros ponga en riesgo la vida de los guardianes del orden. A primera vista nada hay aquí de objetable; pero, a poco que se piense, queda claro que esto abre una peligrosísima puerta al abuso y a la arbitrariedad de los cuerpos de seguridad, porque ¿quién y de qué manera certificará que, en efecto, la policía disparo en defensa propia? ¿A cuál testimonio se atendrá la justicia para fallar en un caso así? ¿Al de la policía o al de los compañeros o deudos de la víctima? Algo semejante puede y debe decirse de la legislación “anti motines” que acaba de aprobarse. Y estos no son los únicos casos, pues poco antes se había aprobado una ley restrictiva de las manifestaciones públicas en el estado de Quintana Roo, y el modelo amenaza con extenderse a todo el país. Pero lo que se pretende hacer pasar como algo “nuevo” e imaginativo para hacer frente a la inconformidad popular, es en realidad tan viejo como andar en dos pies. En efecto, cada vez que un organismo social pierde la capacidad y la flexibilidad para negociar con las mayorías empobrecidas y para responder a sus demandas más elementales, aparece la tentación autoritaria, represiva, que cree poder ahogar la inconformidad con balas. Pero la historia misma demuestra que estos cálculos siempre han resultado fallidos y que han conseguido lo contrario de lo que se proponían.

Estoy seguro de que una prensa democrática, bien orientada socialmente, menos atada a intereses económicos y políticos de grupos privilegiados y más respetuosa de la verdad y de la realidad, sería una herramienta muy poderosa, decisiva tal vez, para dar cauce a las tensiones sociales, bajar la alta incidencia de las protestas públicas y aliviar la virulencia de las mismas. Sin embargo, haría falta que quienes gobiernan tengan la disposición y la sensibilidad para escuchar y atender los reclamos de los más pobres de sus gobernados, cualquiera que sea el canal por el que se les hagan llegar. Pero, al parecer, también en esto vivimos “tiempos nuevos”. En la época del “nacionalismo revolucionario”, un artículo respetuoso, un desplegado o una carta abierta dirigida a las altas autoridades de un estado o del país, no quedaba nunca sin respuesta; pero hoy ya no es así y doy dos ejemplos muy recientes. 1) Los antorchistas michoacanos llevan pagados no sé cuantos desplegados exponiendo sus problemas y pidiendo solución justa a los mismos, para lo cual dan los argumentos suficientes; 2) el antorchismo del Estado de México y nacional también lleva varios desplegados y manifestaciones públicas en demanda de justicia en el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa antorchista de Ixtapaluca. Y a pesar de esta insistencia, no ha ocurrido nada, absolutamente nada, como si se pronunciara un discurso ante una tumba pidiendo al muerto que se levante y comience a bailar. Pareciera que lo “nuevo” aquí es responder a todos los problemas con la indiferencia total, con el silencio y el menosprecio absolutos como única respuesta. Pero la contradicción es real y no desaparecerá con sólo ignorarla: pobreza y desigualdad crecientes, cierre de los cauces legítimos a la protesta pública, medios informativos controlados y cerrados a todo lo que no sea grato al poder e indiferencia olímpica hacia quienes solicitan justicia social y legal, no contribuyen a aliviar la presión y la inconformidad sociales, sino a aumentarla y exacerbarla. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo?