En el mes de mayo, han ocurrido hechos que de manera ostensible, ponen de manifiesto que el Estado Mexicano, sus poderes, dependencias y órganos que tienen que ver con el sistema de seguridad, tema en el que se incluyen los relacionados a los de procuración y administración de justicia, están pasando por una severa crisis, ante la descomposición que emerge en las actuaciones de los integrantes de esos entes públicos, como sucede ahora en Tamaulipas y Michoacán que, se asegura en los comunicados, padecen el mismo mal, con síntomas diversos que requieren de tratamientos distintos frente al fenómeno del crimen organizado que parece no tener una solución a corto plazo, lo que está obligando hacer intervenir al Ejército, en cuestiones que no le competen, pero que por razones de seguridad nacional, lo hacen necesario, mostrando la gravedad de este complejo síndrome, el hecho de que en un enfrentamiento o emboscada, mueran cuatro elementos de las fuerzas armadas, como se difundió en diversos medios de comunicación.

El riesgo para la población en la situación que prevalece, impuso la militarización del Estado y un plan o estrategia específica para el mismo, por parte del Gobierno Federal, convertido en el salvavidas de ellos e investigador de los cuerpos de seguridad locales, impulsando al mismo tiempo, el motivo de justificación del mando único, bajo la coordinación de la federación que, en Tamaulipas se hizo palpable, con lo expresado por el Secretario de Gobernación Osorio Chong, quien afirmó que la táctica, comprendía higienizar la Procuraduría de Justicia de esa entidad en su integridad, es decir, de ministerios públicos, policías investigadores, el orden municipal; argumento que muestra la debilidad de las instituciones de procuración de justicia, frente a la penetración de que han sido objeto estas dependencias, no solo en ese estado, por parte de la delincuencia, mediante la cooptación que han hecho de integrantes de esos cuerpos, a través del otorgamiento de beneficios económicos o de la incrustación de sus propios personeros.

Hasta la fecha este mal, no ha sido posible erradicarlo, pues enfrenta un sistema de sustitución de representantes que parece operar automáticamente, cuando alguno de ellos es descubierto. La cantidad de personas detenidas por hechos relacionados con la delincuencia organizada, es una muestra objetiva de que el fenómeno no disminuye a pesar de las estadísticas oficiales, en las entidades de Michoacán y Tamaulipas. Los vicios parecen extendidos a la administración de justicia federal, cuando el pasado día jueves se da a conocer la detención de un miembro relevante de los zetas, refugiado en Monterrey, al verse obligado a huir porque ya iba a ser detenido; lo inaudito es que ya había sido detenido en dos ocasiones anteriores, por hechos relacionados con armas y drogas, y consignado ante un mismo Juez Federal que lo puso en libertad, lo que además, fue confirmado por un Tribunal Unitario; esto desde luego, impone que esta vez no salga de la prisión.

Se difunde en este contexto de descomposición, que la Judicatura Federal, ha presentado denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, en contra algunos magistrados, jueces y secretarios, uno de estos últimos, del Consejero Cabeza de Vaca, por enriquecimiento ilícito y recursos de procedencia ilegal, según lo dio a conocer el propio Presidente del Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan Silva Meza, con  el beneplácito público del Procurador Murillo Karam, que señaló, con ello se muestra la firme voluntad de transitar en la transparencia, legalidad, honradez y todas las virtudes que deben distinguir a los juzgadores. Lo notable de estos hechos, es que ya no se trata de servidores públicos de otro nivel, como presidentes municipales, policías municipales o ministeriales, sino de alta representatividad en el Poder Judicial Federal, lo cual debe propiciar, por parte de la Judicatura y de su Presidente, la implementación de acciones inmediatas que inhiban la reproducción de las mismas situaciones en otros de sus tribunales.

La trascendencia de estos acontecimientos, se refleja en el mensaje del Consejo de la Judicatura Federal, que se difundió el día jueves, en el que pone énfasis en que: “El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante el Ministerio Público de la Federación una denuncia por la presunta participación de funcionarios públicos en posibles actos ilícitos. El organismo del Poder Judicial de la Federación explicó que se trata del expresidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil con sede en Monterrey, Eduardo Ochoa, al exintegrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo en Tamaulipas, José Manuel Rodríguez. Así como al juez y extitular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey, Nuevo León, Javier Rubén Lozano Martínez, todos ellos suspendidos, y al exsecretario técnico, Mario Alberto Prado Rodríguez, quienes son acusados de participar en posibles actos ilícitos. El Consejo de la Judicatura Federal señaló, en un comunicado, que la decisión se fundamenta en lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Penales, además de que se continúa de manera paralela con los procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido. El organismo expresó su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal para sancionar alguna conducta delictiva cuando se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad. Con esta acción, el Consejo de la Judicatura Federal refrendó su compromiso constitucional de garantizar una justicia imparcial y de calidad.”

En la época en que era Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se afirma en una reciente publicación: “Decía Genaro Góngora Pimentel, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se sabía que había jueces y magistrados federales corruptos, y que si se mantenían en funciones era ¡gracias a que eran corruptos, no tontos! Y que si los órganos de control del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no los destituían y daban de baja, no era porque no quisieran, sino porque no era fácil conseguir pruebas en su contra.”

Parece que este argumento, sigue vigente y afloró de manera inesperada en momento difíciles para el país y sus instituciones, por lo que me parece que ahora que se han sujetado los hechos a una investigación del orden penal, por denuncia expresa del Consejo de la Judicatura, es de esperarse que los resultados de tal indagatoria, sean veraces, claros y públicos, a fin de que el ciudadano que, en este caso, tiene el derecho de saber la verdad de los mismos, al conocerla, satisfaga el fin esencial del estado de derecho, legitimar el servicio público de procuración y administración de justicia, que es mantener y aplicar el orden jurídico, sin contaminación alguna o como instrumento de disuasión que origine temores y limitaciones en el alto quehacer autónomo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de preservar el orden constitucional de la República y la tutela, garantía y protección de los derechos humanos de sus habitantes.

Como quiera que sea, las etapas de la alternancia y la transición, han colocado al Estado Mexicano, en lo complejo de un trance que tiene dos caminos: uno el positivo, consolidar su avance democrático y, otro, negativo, el de la regresión a condiciones aún más difíciles que las que prevalecían al concluir la hegemonía de un solo partido. En su obra “Un Juez Reflexiona sobre su labor”, Aharon Barak ex Presidente de la Suprema Corte de Israel, señala, al referirse a la democracia: "Como Jueces estamos conscientes de la tensión entre la necesidad de proteger al Estado y los derechos de los individuos. Esta tensión omnipresente se intensifica y se vuelve más pronunciada en los momentos de emergencia nacional. ¿cuál es la función del Juez en estas situaciones especiales?"

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