Para los teóricos del neoliberalismo, vale decir, para sus filósofos, sociólogos y economistas, la sociedad humana no existe, es una abstracción vacía creada y manejada en otros tiempos por “populistas”, “paternalistas” y demagogos para conquistar la adhesión y el aplauso de las masas ignorantes. Para ellos, la “sociedad” es solo un conglomerado de individuos sueltos, aislados unos de otros, esto es, sin ninguna relación, interdependencia o influencia recíproca, cada uno de los cuales se halla dedicado a sus propios asuntos, a sus intereses personales, el más fundamental de los cuales es “la lucha por la existencia”. Y en esta lucha, todos compiten entre sí; es un combate de todos contra todos cuyo resultado final es la supervivencia “del más apto”. Se trata, en una palabra, del famoso darwinismo social.

Y lógicamente, si la sociedad como entramado, como un tejido en el que todos dependemos de todos desaparece, desaparecen también todas las categorías económicas y políticas derivadas de esa “anticuada” concepción del todo social. Desaparecen la solidaridad, el respeto y apoyo mutuo, las causas e intereses comunes y la necesidad de la unidad y la organización para la defensa de tales intereses. Y por lo que toca al Estado y al Gobierno, desaparecen las obligaciones y compromisos con la colectividad como tal. Pierden todo sentido las políticas encaminadas a elevar el nivel de vida de la población tales como el empleo, los buenos salarios, la educación, la salud, la vivienda, los servicios y las prestaciones (seguro social, pensiones y jubilaciones) por mencionar solo algunos de ellos. Ante el conglomerado amorfo de individuos sueltos solo prevalecen tres tareas gubernamentales básicas: las inversiones en “infraestructura” para garantizar el buen funcionamiento de la actividad productiva (ahora exclusivamente a cargo de la empresa privada); garantizar la “igualdad de oportunidades” a los ciudadanos aislados y garantizar el orden y la paz social. Todo lo demás corre a cargo de la capacidad y la iniciativa de cada quien, sin ninguna responsabilidad para quienes ejercen el poder político y el dominio económico.

Esto reza la teoría pura. En la práctica, ciertamente, las cosas presentan un aspecto algo diferente. Aquí, los políticos que gobiernan o aspiran a gobernar no le hablan con tanta crudeza a la gente por temor a provocar su reacción violenta o al menos su castigo en las urnas. Prefieren “darle manejo”, esto es, distraerlas y engañarlas con promesas falsas, con negativas fundadas en argumentos técnicos “irrebatibles” que aprovechan la ignorancia de la masa en tales cuestiones y, en casos extremos, la política de contención recurre a la represión. O a las migajas, no sin antes obligar a los demandantes a recortar al mínimo sus pretensiones y a sufrir una auténtica ordalía tocando puertas y “dialogando” con funcionarillos de medio pelo, para hacerles pagar cara su terquedad y para desanimarlos respecto a luchas futuras. La consigna es orden, disciplina y obediencia a los objetivos e intereses que representa y expresa el modelo neoliberal, de cuyo éxito depende la vida de todos (o al menos eso es lo que se dice).

Pero si hacemos a un lado las tretas y minucias del “manejo político” de los tres niveles de gobierno, descubriremos en el fondo que lo que rige todo esto es la filosofía social, política y económica del neoliberalismo contemporáneo que hemos esbozado renglones arriba. Es necesario reconocer, antes de seguir adelante, que la instrumentación, el manejo y las consecuencias visibles del modelo neoliberal presentan diferencias sustanciales según se trate de una economía plenamente desarrollada o de una subdesarrollada, colonizada y dependiente, como lo prueban elocuentemente en nuestros días la desigualdad social y salarial entre México y sus dos socios ricos en el TLC. Así pues, hablando de nuestro país, se puede asegurar que la decisión de ajustarse al modelo neoliberal se manifiesta claramente en lo que ocurre con tres de las variables económicas decisivas: la política fiscal, la política salarial y la orientación del gasto social. Respecto a la primera, es una verdad de dominio público que la política impositiva en México es profundamente regresiva, esto es, que descarga su peso fundamental sobre las grandes masas de empleados y asalariados mientras protege en forma excesiva y abusiva las ganancias del capital, argumentando que hacer lo contrario inhibiría la inversión y alentaría la fuga de capitales.

Respecto al gasto social del Gobierno, sobran los datos que demuestran palmariamente que dicho gasto está volcado a resolver demandas y necesidades de la gran producción y los grandes negocios (justamente como ordena el modelo neoliberal) y poco, muy poco en verdad, a resolver las carencias y rezagos de los más desprotegidos económicamente. Finalmente, hoy por hoy resulta ya imposible ocultar el hecho de que el gobierno mexicano aplica, desde hace décadas, una política de contención salarial para hacer competitivas las exportaciones “nacionales” en el mercado mundial (otra vez, justo como lo ordena el modelo) a tal grado que estamos entre los países que pagan los peores salarios a escala continental y mundial. Así lo demuestran, por ejemplo, las declaraciones recientes de los propios empresarios de COPARMEX que abogan por “una nueva cultura salarial”: no vacilan en señalar al gobierno como el principal opositor a una elevación sustancial de los salarios mínimos. La resultante de estas tres variantes combinadas es la enorme concentración de la riqueza, que ha hecho verdaderos Midas a unos cuantos potentados a cambio de dejar en la indigencia y el hambre a muchos millones de mexicanos.

Pero si bajamos el análisis a un terreno más concreto, podemos encontrar (y de hecho hemos encontrado) pruebas irrefutables de la política neoliberal que aplican los tres niveles de gobierno a nombre de los dueños del dinero. Hablamos de la lucha organizada de las masas populares que demandan de los poderes públicos un poco de atención a sus necesidades elementales cuya solución escapa a los recursos y a la capacidad de acción de los ciudadanos y de sus comunidades. Es aquí, precisamente, donde se hace visible el “manejo político” con que se engaña, desalienta y mediatiza a la gente. El Movimiento Antorchista Nacional, que viene luchando desde hace 43 años por un reparto más equitativo de la renta nacional y que “dialoga”, por eso, con todos los gobiernos y gobernantes de la república, puede afirmar, con hechos al canto, que no hay uno solo de ellos, sin distinción de partido o ideología, que no se niegue a resolver las carencias de sus gobernados y que no recurra a alguna o a todas las maniobras antes descritas para “torear” a los pobres y mandarlos a sus casas con las manos vacías.  

Entre quienes merecen el honor a la mención particularizada, por la firmeza, agresividad y pobreza de recursos intelectuales para negar demandas y sofocar la lucha de los pobres, está el Gobierno hidalguense que preside Omar Fayad Meneses, un político con un alto grado académico, según es fama pública. En un estado que, según el INEGI, está dentro de los 10 más pobres del país; en donde un millón y medio de ciudadanos padecen algún tipo de pobreza, poco más de dos millones carecen de seguridad social y 700 mil seres humanos padecen hambre, don Omar Fayad ha ofrecido a los antorchistas que demandan la atención a tales carencias, la fabulosa suma de 50 millones de pesos. Y agrega, para su propia edificación, que les otorga el privilegio de “decidir” en qué desean que se aplique tamaño tesoro. 

¡50 millones de pesos para colmar un océano de pobreza! Y como los antorchistas  han rechazado tanta generosidad, don Omar Fayad les ha echado encima su jauría mediática y policíaca. La primera no los baja de huevones, chantajistas, ladrones, cínicos, medradores con la pobreza ajena, líderes enriquecidos con el dinero destinado a obras y un largo etcétera que no quiero repetir. La segunda, garrote en mano, ha golpeado a la gente, cerrado carreteras, secuestrado vehículos privados rentados a los antorchistas y, finalmente, ha encarcelado a los más firmes y decididos, entre ellos a Andrés Pérez Vázquez, miembro del Comité Estatal Antorchista. Pero, a pesar de todo, la lucha no se ha detenido ni se detendrá. Son más fuertes la necesidad y el hambre que el miedo a los granaderos policiales y mediáticos. De todos modos, el gobierno de don Omar Fayad se ha ganado ya, a pulso, el reconocimiento público como el mejor discípulo de la teoría neoliberal y como modelo de gobierno que, por definición, cree que la sociedad no existe y, por consecuencia, que tampoco existen las necesidades de sus miembros.