El Gobierno de la Republica encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto atraviesa el complejo periodo del cuarto año de gobierno, en que está enfrentando una serie de inconformidades que no coinciden con las políticas públicas ajustadas a los planes apoyados por el Partido Revolucionario Institucional, en un contexto en que gobierno y partido tropiezan con una sociedad plural que, en las urnas, acaba de reprobarlos como expresión de castigo ciudadano; se agregan la globalización y su repercusión en el tema económico, los derechos humanos, la implementación de los juicios orales en el orden penal, la administración de los conflictos que van en aumento, no sólo en intensidad, sino en su extensión territorial,  la corrupción,  la impunidad y la falta de definición, sujeto todo ello al escrutinio internacional.

La atropellada aplicación de la legislación sobre educación por parte del Secretario Aurelio Nuño, se encuentra sometida a impugnación y debate por una corriente sindical del magisterio que tiene reconocido carácter de beligerante e intolerante. El enfrentamiento directo del Secretario con la sección XXII de Oaxaca, es consecuencia del despido de maestros por inasistencias, la aplicación de descuentos y sanciones diversas que se materializó en el libramiento de órdenes de aprehensión y recientemente de la ejecución de algunas de ellas y la detención de sus líderes, paralela a la advertencia de la existencia de otros mandamientos pendientes; estas consecuencias se dan ante la negativa expresa del funcionario a dialogar con esta corriente.

La respuesta  ha sido contundente y dañina para quien es ajeno a los intereses que se desenvuelven en esa situación de contradicción, a la que no son ajenos los afanes presidenciales de la futura elección, aunados a los intereses locales que ofrecen en los elevados círculos del poder una solución del conflicto, sobre todo en Oaxaca, a cambio de favores, como sucedió en el 2006 y la elección del actual Gobernador Gabino Cue, que hasta la fecha, si bien funcionó en lo electoral, no trajo para el pueblo los beneficios prometidos, ni las reformas realizadas se han  traducido en una mejor práctica democrática, o en el respeto congruente al orden jurídico, la legalidad y justicia transparentes. 

El Secretario Nuño declaró que el diálogo a que convocó el Secretario de Gobernación Osorio Chong, se ocupará de los temas políticos y no comprende el rubro de la Reforma educativa, sin embargo, me parece que parte de la legislación secundaria, será motivo de reflexión para encausar, sin alterar el objetivo de la reforma, la adecuación administrativa en el orden regional, con las inquietudes del magisterio que sean compatibles con ella y que pueden ser remodeladas en la Ley de Oaxaca, con la finalidad de atenuar el encono en el actual conflicto, sacándolo del contexto de la crisis  en que ha caído al ser motivo de daño al patrimonio, la vida e integridad física de las personas buscando al mismo tiempo disminuir el rezago educativo. 

El movimiento magisterial, la situación general del país y el negativo resultado de la acción gubernamental en lo que toca a Oaxaca, acentuados con el evento de Nochixtlan, han  sido bien utilizados por las fuerzas políticas nacionales, al ser factores que objetivamente están justificando la derrota del Partido Revolucionario Institucional en estados importantes, contexto que al mismo tiempo disminuye  significativamente su control político territorial en más del cincuenta por ciento, colocándolo en un escenario complicado para la carrera del 2018, derrotas que, como daño colateral, implicaron la renuncia de Manlio Fabio Beltrones a la dirigencia del Partido. 

La necesidad de tomar medidas inmediatas para evitar mayores daños a la economía del Estado de Oaxaca, el desabasto de productos básicos, la falta regular de los servicios de transporte terrestre de personas, materiales y bienes en general, son prioritarios si se toma en consideración que la desesperación producto de la impotencia del ciudadano afectado puede ahondar la confrontación de quienes exigen por una parte la aplicación estricta de la ley; por otra, el diálogo y aquellos que opinen que ambas opciones deben ser equilibradamente aplicadas, ya que de desbordarse estas divergencias agravarían la protesta social, perspectiva en que sería impredecible la gravedad del daño al patrimonio, la integridad y vida de las personas. 

El riesgo de la polarización irreductible de estas contradicciones, tendría como efecto que el estado tuviere que hacer uso de la violencia extrema para restaurar la paz y el orden social, situación en la que Oaxaca es la zona de mayor riesgo en que se diera este evento, al ser el campo de batalla de afanes de ex gobernantes que frustradas sus aspiraciones frente al triunfo de otros, se convierten en un clavo candente para el pueblo de la Entidad, utilizando para ello a las fuerzas que se incrustan en todos estos eventos ya sean locales o de otros estados, como se ejemplifica en las redes sociales que difunden un cuadro de lo que integra el aparato de la sección XXII, que se denomina tejido magisterial y que describe la vinculación de instituciones, funcionarios, organizaciones sociales, grupos  radicales como estructura de poder  y presión de la CNTE.

El inicio de la negociaciones es un signo de apertura, sin embargo en la opinión de los Oaxaqueños, el Gobierno Federal requiere de una medida extrema para reducir el estado actual de la inconformidad magisterial, al menos la aparente no la de la escondida política que permea el pliego de peticiones, que se constituya en un espacio de tregua legal, a fin de que mediante una iniciativa del Presidente Peña Nieto, el Congreso aprobara una  suspensión de la aplicación de la legislación secundaria sobre educación y se abriera el espacio del intercambio de propuestas que impulsara, en un plazo razonable, procesar dentro del marco legal, aquellas medidas que sean congruentes con el objetivo educacional de la reforma educativa. 

Entre tanto esperemos que los protocolos sobre tratamiento de estos conflictos cuya base son los derecho humanos, encuentre el equilibrio del manejo del uso de la fuerza legal, con el dialogo, vinculados a la necesidad de preservar los valores de seguridad y bienestar de la comunidad Oaxaqueña que se asfixia en un ambiente de zozobra, inseguridad e incremento de los robos, secuestros y riesgos diversos. 

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