Es preocupante el contenido de la información difundida por el mejor diario de Oaxaca, El Imparcial, con fecha cuatro del actual, con el encabezado “MIENTE SINFRA SOBRE LA OBRA PUBLICA”, en la que Humberto Torres, pormenoriza la repartición de grandes obras y presupuestos millonarios, destinados a ese fin, en los años de 2011 y 2012, beneficiando a constructoras foráneas, aun cuando se disfraza el porcentaje del total de obras, con el monto del presupuesto; de manera tal, entiendo, que el 90% de contratos se asigna a empresas locales, pero en contraste, los dineros destinados a las mismas, equivalen al 10%del total presupuestado; por el contrario, el 90% del presupuesto corresponde al 10% de las obras asignadas a las empresas ajenas a las del Estado de Oaxaca, lo que de entrada, pauta un trato inequitativo y tendencioso en el manejo de los procedimientos de adjudicación en esta materia, con las maniobras que se efectúan, en la licitación pública, adjudicación directa y de invitación restringida.

Un contratista oaxaqueño y algunos relacionados con la venta de insumos para el rubro en cuestión, manifestaban su descontento por este trato, consecuencia de las comisiones que producen para quienes las gestionan y otorgan, que van del 15 al 20%; como dato relevante, se señala que un empresario después de fuertes ventas que hizo en un pasado reciente al gobierno, recibió la visita de un connotado miembro de la cúpula en el poder, quien le indicó el monto total de los pagos que se le habían realizado y que iba a indicarle que tenía que entregar el 20% correspondiente, a lo que se negó de manera rotunda, situación que tuvo como consecuencia, que ya no fuera proveedor favorecido; sin embargo, el asunto no termino ahí, confiando en la moralidad y transparencia, se quejó verbalmente con un alto funcionario, y este como respuesta, le devolvió únicamenteuna sonrisa, y se retiró.

Con los problemas económicos por los que atraviesa el estado, han incidido en las cuotas o comisiones en este esquema de compras, adquisiciones y adjudicación de obras; de manera tal, que lo que se denominó en un gobierno anterior, como el “Don King”, al funcionario encargado de cobrar el 15%, ahora se volvió “Don veinte por ciento”; de ahí que de acuerdo con las cifras publicadas, aplicado este porcentaje a dos mil seiscientos millones de pesos, se arriba a que ha producido comisiones por más de seiscientos millones de pesos, en dos años, respecto a SINFRA, en los ejercicios 2011 y 2012, a lo que habría que adicionar, otras operaciones de las diversas dependencias y organismos del Poder Ejecutivo, más las que correspondan a los años 2013, 2014 y lo que acumule.

Me parece inentendible que esta forma de práctica administrativa, ahora mejorada en su implementación y sus montos actualizados de comisiones, hasta la fecha no haya sido erradicada ni disminuida en cuanto a los efectos nocivos que ha traído para el Estado de Oaxaca y los diversos sectores de su economía, que los beneficios de los denominados presupuestos históricos que en estos años de gobierno, se han otorgado en los presupuestos federal y local, no se reflejen en el mejoramiento de sus condiciones, en lo que toca a la riqueza pública que, teóricamente pertenece al pueblo y de la cual el Estado es exclusivamente su administrador, sin que como tal, lo haya justificado y legitimado hasta la fecha ante su mandante, el pueblo, manejarlo con claridad y honestidad.

De acuerdo con la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo económico para garantizar que este sea integral y sustentable, que fortalezca el sistema democrático, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, haciendo concurrir en dicho proceso local a los sectores público, social y privado, organizando las áreas prioritarias del desarrollo; referente a los particulares proveer las condiciones, para que el desenvolvimiento del sector privado, contribuya al desarrollo económico.

Estos principios constitucionales se aplican a la inversa, de manera tal, que se producen fenómenos como el denunciado en la publicación que, de manera objetiva, muestra que los recursos se destinan, para beneficiar, mayoritariamente, empresas ajenas al Estado, lo que evidencia por sī, una injusta distribución de ellos que, por el contrario, demerita el sistema democrático que se asegura deriva de las acciones de gobierno, estasno fortalecen a los sectores económicos locales social y privado, por el contrario, se les aleja de la consideración de elementos primarios y prioritarios, para ser tomados en cuenta, lo que erosiona su desarrollo y propicia el desaliento en sus inversiones, como lo señala, el Presidente de la Empresa “Concreto Siglo XXI” Arturo Sánchez, en la información que hizo este diario.

Los procedimientos de licitación, siguen siendo manejados de manera tendenciosa, como se advierte en la nota que marca que en el año 2011, 171 contratos de obra, derivaron de adjudicación directa y 2 de licitación pública; en el 2012, 285 contratos se otorgaron de modo directo y cinco por licitación pública. Este género de contratación de obra, no se ajusta al artículo 137 de la Constitución del Estado, que establece como regla general, que se adjudiquen a través de licitaciones públicas, para que libremente se presenten proposiciones solventes, a fin de satisfacer los extremos de esta disposición; contempla como excepción que, cuando la licitación pública no es idónea para asegurar las condiciones de precio calidad, financiamiento, oportunidad y otras que exige la pública, la ley contemplará otras formas adecuadas, para concederlas, pero esto como singularidad a la regla general; sin embargo, los contratos adjudicados de manera directa en estos dos años, se aplicaron a la inversa, es decir, se hicieron en exceso adjudicaciones directas, por sumas millonarias y las públicas, en un porcentaje muy bajo respecto al sumario total de contratos. Esta es otra evidencia que no ha sido desvirtuada.

Como conclusiones puedo señalar que el imperativo de manejar los recursos públicos con austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, económica, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, sigue siendo  un postulado formal sin contenido material en acciones que justifiquen esos extremos; que los instrumentos de transparencia, auditoria, control y justicia de esos fondos y su destino, no cumplen su misión de verificar, la eliminación de las nocivas prácticas elusivas a la normatividad de la entidad, ni han justificado su quehacer, son usados como legitimadores de esas acciones, cuando se detectan que se ejercen en un alto nivel de la jerarquía burocrática; en síntesis, seguimos inmersos en un esquema de aparente democracia, desarrollo y justa distribución de la riqueza, frente a una realidad que lo desmiente.

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