La Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C., acorde con la etapa de emergencia, continúa con el programa de actualización a través de los medios electrónicos respecto  del  impacto que tiene la pandemia en todos los rubros de la vida comunitaria, entre los cuales destaca el que señalo, de manera general, el jurídico político del estado de derecho en México, en dos aspectos, la gobernabilidad, la seguridad pública  y certeza jurídica previstos en el bloque constitucional de los derechos humanos de los habitantes de la Republica.

En reciente sesión participaron tres distinguidos juristas galardonados con el Premio Nacional de Jurisprudencia que otorga la barra, Doctores en Derecho Jorge Bustamante, Sergio García Ramírez y Diego Valadez que disertaron acerca del tema Estado de Derecho y Seguridad Publica en los tiempos de la pandemia, enfocándose el primero al de los migrantes, el segundo se refirió a ciertas cuestiones relacionadas con el derecho convencional, la constitucionalidad de los actos de gobierno y de las fuerzas armadas en seguridad pública; el último resaltó el déficit de gobernabilidad con el uso de las fuerzas militares en asuntos civiles.

Los ponentes resaltaron su preocupación por lo que se aprecia como un retorno a  los tiempos del gobierno hegemónico cuyo cimiento fue un partido político cuyo reflejo era la figura central o fiel de la balanza, de la cual era titular el presidente en turno que fungía, al mismo tiempo, como eje para la distribución de cargos, tanto de elección popular como de nombramiento, como ahora lo estamos experimentando y que se materializa en la centralización al controlar el ejecutivo la integración de los tres poderes y niveles de gobierno y, con ello, la orientación e implementación de las decisiones públicas, acciones que perturban el esquema de una República Democrática Federal y el Estado de Derecho diseñado en la Constitución Política del Estado Mexicano.

Explicaron que si bien el presidente puede disponer de las fuerzas armadas, ésta facultad se refiere al caso de preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, sucesos que deben ser extraordinarios, transitorios y que no abarcan la seguridad pública; enfatizando que lo que llama la atención son los cuatro años de la medida de incorporar a las fuerzas armadas en la seguridad pública, periodo que concluye al final del sexenio.

Asimismo se expresaron los inconvenientes de la medida en cuanto que, al realizar investigaciones policíacas acordes al  sistema penal vigente, las fuerzas armadas al no ser autoridades civiles, sus actos sería nulos y ello posibilitaría el ámbito de la impunidad y de violaciones a los derechos humanos, amén de que se pone en duda de que dichas fuerzas, conforme a la legislación que lo rige puedan depender del ministerio público; en paralelo el acuerdo implica que la guardia nacional no ha cubierto el rubro que tiene asignado mediante la reforma constitucional para abatir el asunto de la seguridad pública.

Estos argumentos tienen que ver con lo que se entiende por “gobernabilidad” como un estado de equilibrio dinámico de un sistema de gobierno que permite, a las autoridades constituidas, formular e implementar políticas públicas. Desde esta perspectiva, la gobernabilidad es un estado de relativa estabilidad que las autoridades constituidas procuran alcanzar y preservar para poder ejercer el gobierno. La “gobernanza” como entramado institucional de la gobernabilidad, denota la construcción y el desarrollo de relaciones funcionales con distintos actores de la sociedad y del contexto externo, a través de la capacidad para convocar, incluir, contener, coordinar, comunicar, deliberar, persuadir, negociar, concertar, motivar, servir, resolver problemas, satisfacer demandas, generar confianza y apoyo, entre otros procesos propios de los sistemas democráticos.” (Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) Organización de los Estados Americanos (OEA)).

Conforme a estos lineamientos disertaron acerca de la existencia de un déficit de gobernabilidad a lo cual da certeza  la incorporación de las fuerzas armadas a la seguridad publica que constitucionalmente esta diseñada para que sea manejada por el orden civil y su reciente reparación, la Guardia Nacional que, al no dar los resultados esperados prueba que existe una carencia con respecto a un nivel calificado  constitucionalmente y que señala “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.”

Al tratarse de una facultad constitucional del Estado Mexicano y de su gobierno, hoy en el siglo veinte, apreciamos que el sistema de seguridad nacional no ha funcionado a cabalidad y que las diversas reformas y medidas emitidas durante un buen número de sexenios no han cubierto este renglón que, a pesar de la Guardia Nacional, ahora se aprecia que no ha sido la herramienta profesionalmente adecuada y que se cubre, ese déficit de gobierno, con la imagen de las fuerzas armadas.

Esta consideración es clara y concreta, el gobierno nacional utiliza la imagen aun rescatable de las fuerzas armadas para cubrir el espacio insatisfecho de la seguridad pública en México. En estas conferencias se ha resaltado que en la mayoría de los países los secretarios a cargo de la defensa nacional, son civiles y en México no, situación que nos ubica nuevamente en un proyecto de gobierno que está erosionando el sistema constitucional e institucional en el país, bajo el manto de la pandemia.

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