La etapa de la transición de la cuarta transformación transita en reformas, medidas, acuerdos, obras, ahorros, procesamiento de presuntos responsables de corrupción, afectación de la estructura institucional y sistema representativo democrático de división de poderes inmerso en un supuesto sistema federal cooperativo que gira, en lo que es su soporte, los tres poderes, órganos autónomos, federales estatales y municipales, en torno a la  monopólica autoridad del Presidente López Obrador, la cual ejerce sin limitación, cubierta por el manto de la legalidad que justifica en sus conferencias mañaneras, que es apoyada, mediante luna avasallante información oficial mediáticamente manejada que se impone como verdad y avasalla una realidad contrastante.

La transición desde la alternancia en el poder se difundió como motor del cambio, para transformar lo imperante, con el gobierno de Vicente Fox. De acuerdo con los estudios sobre este tema los resultados de esta etapa pueden producir una real, efectiva y objetiva alternativa en beneficio de los gobernados o, por el contrario, una situación de caos y violencia, debilitamiento de la estructura institucional del estado y restricción de las libertades del hombre.

En el Gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, sin generalizar lo malo o lo bueno de cada uno de ellos, comparativamente se perciben diferentes al periodo inicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los tres primeros no afectaron la estructura constitucional, la mantuvieren con diversos matices dentro del esquema acostumbrado del trato discreto en la cuestión colaboracional conviviendo con la composición de congresos con mayorías diferenciadas que no arrollaban, como está sucediendo ahora, en que se reproducen las prácticas de un pasado que evidencia una transformación en retroceso.

Se confirma esta hipótesis cuando de los actos que se llevan  a cabo por el orden público, como son los discursos, informes, explicaciones, boletines de la autoridad, frente a los hechos violentos y no violentos que vivimos, se advierte la clara uniformidad de lo oficial, aun cundo unos funcionarios digan una cosa y el presidente la desmienta al otro día o de inmediato; los legisladores igual reiteran reformas que el presidente se encarga de matizar o desautorizar como la supresión de las comisiones bancarias; la Suprema Corte ha sido frenada por el poder central, sus criterios cambian bajo el esquema de la anticorrupción a pesar de discursiva respecto del respeto a los derechos humanos; la inseguridad se incrementa vinculada a la impunidad, bajo el lema de la no represión.

En los textos relacionados con la materia administrativa, como el de Gabino Fraga, describe como el Estado evoluciona conforme a la orientación del poder del estado como regulador de las condiciones del gobernado mediante ley. Del liberalismo fincado en el dejar hacer y dejar pasar, se transitó a diversas composiciones del estado, en unos, los derechos fundamentales del hombre se suprimieron; en otros se restringieron en una mayor o menor extensión, según lo exigieron las condiciones de desarrollo de la economía en capitalista o socialista. Nuestro país se caracterizó formalmente por ostentarse en gran parte de su época postrevolucionaria como una economía mixta, de manera tal que combinó las restricciones a las personas conforme a ese parámetro hasta los gobiernos de la tecnocracia y la globalización.

La denominada cuarta transformación en su período inicial de transición está en la fase crítica frente a un conjunto de  eventos que mantienen cautiva la atención de la población diariamente como los actos violentos en Michoacan, guerrero y el reciente de Culiacán, precedidos de los procesos instrumentados en contra de Ancira de Altos Hornos y Collado (sector privado) de Rosario Robles, Collado, Pemex, Lozoya, Romero Deschamps, como muestras de la cruzada contra la corrupción, mientras avanzan las reformas que amplían el esquema de las restricciones al ámbito de las libertades y a su vez el campo de actuación de las autoridades.

En este contexto, recordemos que tenemos una garantía constitucional que dice que “El Poder Público y sus Representantes sólo pueden hacer lo que la Ley les autoriza y deben hacer, lo que la Ley les ordena. Los particulares pueden hacer lo que la Ley no les prohíbe y deben hacer, lo que la Ley les ordena.” La Política de la cuarta transformación avanza implementando autorizaciones en favor del poder que disminuye la que corresponde a los particulares de “hacer lo que la ley no les prohíbe”, mediante el incremento de las prohibiciones o regulación restrictiva sancionadora.

Los aparatos del estado son fundamentales para instrumentar la concentración del poder e intimidar. Para ello, el Presidente, revivio la guardia nacional militarizada como herramienta de la fuerza legal del estado; dio marcha atrás a la reforma educativa para controlar la orientación de formación de la niñez; con el legislativo impulsa reformas en materia penal, el terrorismo fiscal; se cocina una reforma al sistema penal oral; la unidad de inteligencia financiera como ejecutora de actos de intimidación o ejecución política, como los casos recientes del ex Ministro Medina Mora y Romero Deschamps; el monopolio de la entrega de recursos de manera directa en los estados y municipios; la construcción de sus aeropuertos entregada al ejército y la permanente amenaza contra todo lo que se opone (fifis, conservadores, corruptos etc.).

Esta serie de acciones incide en todos los ámbitos y sectores sociales y políticos en los ordenes de gobierno, administración, el ejército, las policías, los tribunales, prisiones, legislación que enlazados en un mando central acaparado son la muestra del del carácter represivo amplio del estado que no solo implica violencia, sino que está revistiendo formas no físicas sino psicológicas mediáticamente instigadas para someter a la voluntad colectiva a la del Presidente, minimizando con ello, las inconformidades, incluso con violación a la ley.

Alguien preguntaba que hacer para evitar este avasallador ejercicio del poder en detrimento evidente de las libertades del individuo. La respuesta, con independencia de las controversias judiciales, que poco a poco, están siendo controladas en beneficio del poder público, solo queda el sufragio en la elección de los diputados federales y de los estados, a fin de propiciar un equilibrio real de poderes que inhiba y restituya el campo de las libertades de los mexicanos y regule la actuación del estado sujeta a el respeto irrestricto a la Constitución, la ley y los derechos fundamentales.

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