La renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ocurre de manera inesperada, vinculada, en lo que se refiere a su separación, con una   información periodística sobre transferencias supuestamente en dólares y libras esterlinas, detectadas a través del área de inteligencia financiera, convertido este órgano, en la gestapo, mosad o cisen, encargado de intimidar a los adversarios, conservadores o fifis con el objetivo de colocar a los alfiles del régimen en otros poderes, como lo es la Suprema Corte de Justicia, cabeza del Poder Judicial Federal, y así manejar  la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes y las restricciones de los  Derechos Humanos de los Mexicanos. 

Doblegar a una Suprema Corte de Justicia de la Nación e intimidar a los magistrados y jueces que lo integran ha sido motivo de una campaña tendiente a debilitar su alta encomienda, por parte de los otros poderes, objetivamente percibida. Hasta la fecha, la Suprema Corte, a pesar de los embates oficialistas mantiene su postura formal de garante de la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, con sustento en el interés jurídico o legitimo del gobernado para controvertir todo aquello que desborde o se aparte el orden jurídico nacional en lo  económico, social, político, derechos fundamentales, como los asuntos relacionados con los aeropuertos, las estancias infantiles, educación, salarios. Sin embargo, la campaña de intimidación ha empezado a funcionar al provocar la revocación de algunas medidas suspensivas y trascienden  a la función y composición del alto tribunal. 

La Suprema Corte transitó hasta 1994 en el terreno de la hegemonía gubernamental, su quehacer se ajustaba al sistema y ejercía su poder a su interior mediante la distribución de los cargos de jueces y magistrados de manera proporcional entre los ministros que la componían; a su vez algunos sectores preponderantes como la CTM contaban con algún ministro proveniente del sector laboral, entre otros que incluía  al presidente de la República y al senado como filtros. Al exterior la Corte cubría los actos que interesaban al presidente en turno. 

El Ex presidente Zedillo en 1994, aún en ejercicio del poder hegemónico, impulsó la reforma del judicial, su composición y control, reduciendo el número de ministro, forzó el retiro de la mayoría y se regulo una composición reducida y renovada de la Suprema Corte;  el Consejo de la Judicatura inhibió los cotos de poder de los ministros en la repartición de los cargos de jueces y magistrados de circuito para que se hiciera a través del consejo, continuando como filtros, el presidente y el senado. 

Al revisar estos antecedentes con motivo de la renuncia (impuesta) del Ministro Medina Mora, encontré que la reforma del presidente Zedillo fue precedida de información sobre corrupción y excesos de algunos ministros, como ahora, en que se atribuyen excesos en gastos de viajes, pago de servicios a personal particular, nepotismo, transferencias y altas remuneraciones, así como críticas a las sentencias o medidas cautelares de amparo e incluso penales como lo de Ayotzinapa, por parte del poder ejecutivo y legisladores, como prácticas no institucionales o fácticas del poder para consolidar su ejercicio transexenal. 

Me parece que el gobierno a cargo del poder ejecutivo asociado al legislativo, siempre ha observado las reglas no escritas para asumir la plenitud del poder presidencial. En la obra “La reforma al Poder Judicial de 1994, ¿un golpe de estado?”, de Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arriet, se cita “Desgraciadamente, dicha construcción jurídica no ha permeado en la cultura y las prácticas de la sociedad mexicana. Lejos de gozar de un sistema en el que los poderes públicos se controlen entre sí a través de una delimitación efectiva de las facultades para producir leyes, ejecutarlas y solucionar conflictos, durante décadas hemos padecido la preeminencia, y en muchos casos el abuso, del ejecutivo sobre el legislativo y el judicial. Nuestro país ha vivido un divorcio entre lo que se establece en la norma suprema y lo que se hace en la cotidianidad.” 

El Ministro señala en la carta al presidente de la Suprema Corte como relevante “Con lo anterior, el diario y sus fuentes lesionaron dolosamente mis derechos fundamentales. Por un lado, lesionaron mi derecho a la privacidad, al difundir sin mi consentimiento información protegida por el secreto bancario y fiscal, y concerniente a mi vida privada. Además, esta información solamente pudo obtenerse a través de una conducta ilegal. Por el otro, violaron mi derecho al honor, al expresar maliciosamente 12 de las 32 transferencias en dólares   o libras esterlinas   y, con base en lo anterior, cuestionar mi integridad.” Como se puede ver, el Ministro hizo pública su verdad, lo cual acredita que fue forzado a separarse del alto cargo, sin audiencia previa, pues ya fue declarado culpable por una campaña mediática bien instrumentada y  coordinada con otros eventos similares, en contra de la Corte.

 Lo que está ocurriendo prueba que las instituciones y la Constitución, sexenalmente, no vinculan al Presidente electo al cumplimiento de la ley, sino que este las ajusta a su voluntad mediante reformas a la carta fundamental, sustitución de funcionarios, control del poder legislativo, convertido en el instrumento que ejecuta la voluntad suprema. Esta estrategia fáctica muestra que la incorporación de nuevos ministros de la Suprema Corte se lleve a cabo como en los gobiernos “conservadores” del PRI y PAN. El Presidente no tiene que negociar con nadie, es el supremo poder ejecutivo y maximo legislador, pronto será el Ministro Presidente real del tribunal constitucional en México. Aquí parece que no aplica la cuarta transformación sino que persisten las anteriores.

En la obra citada, los autores concluyen “Cuál fue la causa que llevó a Ernesto Zedillo a descabezar a la Suprema Corte de Justicia? La respuesta no puede ser más sencilla: el nuevo presidente no estaba dispuesto a convivir con una serie de ministros que habían sido designados por su predecesor y quería influir ampliamente en las decisiones de la Corte.” Hoy resulta indispensable lograr el justo equilibrio entre los poderes de la Unión para la consolidación de un verdadero régimen democrático. Es una tarea pendiente.” La historia se repite de fondo y forma.

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