El Senado de la República inicio, en el denominado parlamento abierto, el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados que aprobó la reforma constitucional sobre la consulta y revocación del mandato presidencial, consecuencia de las promesas asumidas por el presidente López Obrador como elemento estructurale de lo que denomina la cuarta transformación, atada a las precedentes de la Guardia Nacional, de educación, la anticorrupción, austeridad, rescate del petróleo, aeropuerto, como eje de naturaleza política que tiende a la conservación del poder a través de un partido, acorde a experiencias del pasado. pero mejoradas, que auspicien consolidar su ejercicio en la segunda parte y ser el fiel de la balanza para elegir a su sucesor o sucesora.

Ello ha impulsado una figura que permita, en el senado, maquillar las reformas con la apariencia democrática del parlamento abierto que, como advertimos con la reforma sobre la guardia nacional y el control de la seguridad pública en el país, permitirá justificar la implementación, con algunas salvedades, la relativa a la revocación del mandato presidencial y consulta pública. El parlamento abierto es una forma de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que fomenta la apertura parlamentaria, con el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la ética y la probidad parlamentarias.

Existen experiencias sobre esta práctica en diversos países de Latinoamérica y Europa como España, Chile, los Estados Unidos y México que se contienen en el análisis comparado que hizo el Senado en la obra denominada “Parlamento abierto: un análisis comparado de los Congresos de Chile, España, Estados Unidos y México”. El estudio señala que en México el senado se ha mostrado más abierto a este ejercicio que la de los diputados. 

Los objetivos del parlamento abierto en México son formalmente adecuados a la método del mismo, sin embargo, se ha utilizado como forma de arreglar las voluntades de los sectores que intervienen en la discusión de las reformas, para legitimar la voluntad del presidente de la República, pues si bien se difunden los foros y las opiniones de expertos y organizaciones que participan, lo cierto es que la finalidad de las reformas, se ha contaminado con la evasión de la responsabilidad ética y probidad parlamentaria, para alcanzar objetivos políticos mediante el uso de esta herramienta parlamentaria para preservar el poder concentrado en una sola persona, el presidente de la República. 

El documento a discusión y análisis señala entre sus motivos que “La revocación de mandato es “el término que se le da al instrumento a través del cual, un determinado número de ciudadanos puede solicitar que se convoque al electorado para que decida si un representante elegido popularmente debe ser removido de su cargo antes de que concluya el periodo para el cual fue elegido”. La consulta popular es el “Mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional, para votar en torno a temas de trascendencia nacional de manera que su voluntad, es vinculante conforme dicte la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”.

El texto regula como directrices jurídicas para iniciar el proceso de revocación del mandato del presidente, que este será convocado  por el Congreso de la Unión a petición del propio ejecutivo, el equivalente a treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión,  o ciudadanos y ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley; agrega que se solicitará durante el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura.

 El objetivo político es claro en cuanto al oculto objetivo que persigue. El primer paso es la aprobación en este año, tanto de la reforma constitucional como de la reglamentación legal, para que entre en vigor al siguiente día de su publicación; el segundo que en el primer periodo ordinario del segundo año de la actual legislatura federal, que es el año que entra, cualquiera de las cámaras convoque a la consulta respecto de la revocación del mandato del presidente y ambas la aprueben;  y el tercero que se lleve a cabo simultáneamente con las elecciones intermedias en 2021 como se desprende de la minuta aprobada y de esta manera, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se diseña un traje a la medida a la voluntad de la tendencia política preponderante que encabeza el presidente y su brazo ejecutor, morena,  para prolongar su permanencia en el poder. 

¿La revocación así diseñada cumple su objetivo democrático? La respuesta es no si se toma en cuenta que lo que se busca es reproducir y consolidar la hegemonía del pasado y formalizar el instrumento adecuado de la consulta sobre la revocación del mandato del presidente López Obrador a la mitad de su sexenio para impulsar con ello, la atracción del voto a los candidatos de morena cargos de elección popular tanto en la Cámara de Diputados como en otros, influenciado por el efecto no solo de su nombre sino además fortalecido con el cargo de Presidente de la República, constituyendo esta circunstancia, en un factor substancial de inequidad electoral en ese proceso de elección, que consolidara el ejercicio de su gobierno en la segunda fase del mismo.

El objetivo substancial de la consulta sobre la revocación del mandato presidencial es que, además de la influencia sobre el voto electoral al aparecer su nombre en la boleta, que favorecerá continuar controlando ambas cámaras del congreso, le allegue la aprobación vinculante (obligatoria) de la consulta para su persona y gobierno, como factor que retroalimente sus programas e iniciativas en la segunda mitad del periodo de gobierno, misma que sido crítica, para presidentes anteriores, que ven declinar su fortaleza. Frente a los afanes de los que pretendan sucederlo. De esta manera el presidente fortalecerá el poder de seleccionar un sucesor a modo, para seguir ejerciendo un poder transexenal, como en el pasado por medio de una tendencia política, como en el pasado, pero mejorado, con el disfraz de la consulta y revocación como instrumentos de legitimación en favor del poder, no de la democracia; se encumbre un ficticio sistema de división de poderes.

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