La semana que concluye fue complicada como consecuencia del conflicto gestado  en las colonias que circundan la zona en que se ubica el depósito y tratamiento de la basura en las que se confrontan intereses económicos y de control político del poder que van de la mano alimentados por líderes que, conocedores de los beneficios que obtienen con ello, sirven al mejor postor actuando bajo el manto de la impunidad o el arreglo anticipado con aquellos que tienen el privilegio de otorgarlo y garantizarlo.

Ese tema afectó de manera grave el libre tránsito en la vía pública, como lo es la carretera a la Costa Oaxaqueña, Ocotlán, Ejutla, Miahutlan, Pochutla, de los prestadores del servicio público de transporte de pasaje, carga y vehículos particulares a los que obligó usar vías alternas que atraviesan por otras poblaciones como la Ciénega Zimatlán, cuyos pobladores molestos por el exceso de tráfico y los problemas que ocasionaba, optaron por obstruir el paso; ello también entorpeció el acceso a las instalaciones de procuración y administración de justicia del Estado.

Se complementa esta situación con el acompañamiento de otras expresiones de protesta que continúan dañando los derechos colectivos e individuales de la comunidad oaxaqueña, como la del magisterio que provocan indignación como lo es el secuestro de empleados de una de las oficinas del IEEEPO de manera violenta y agresiva, así como el incremento de los actos delincuenciales de alto impacto, sin respuesta adecuada de las autoridades del ramo.

Lo curioso es que todos estos sucesos impulsados por intereses obscuros se han convertido en una útil herramienta en tiempos cercanos a festividades relevantes, como en este caso lo es la Guelaguetza tradicional con el objetivo de forzar soluciones mediante la provocación de actos de desestabilización violenta, para propiciar beneficios económicos y de poder a través del acostumbrado y desgastado dialogo y firma de minutas que contienen acuerdos inútiles que solo sirven para administrar el conflicto sin resolver el fondo.

En estos temas se involucra el asunto del manejo interno de la política por parte del órgano de gobierno que lo es la Secretaría General que parece aletargada al no contar con operadores que actúen oportunamente. Las autoridades municipales, agentes y presidentes de las comunidades que advierten una situación de riesgo lo hacen del conocimiento de esa dependencia y de las de seguridad, sin embargo, expresan que no son atendidos oportunamente, sino que cuando se materializan los actos, como los ocurridos en las colonias aledañas al basurero, es cuando los buscan para darles instrucciones.

En el asunto del IEEEPO me informan que se ha excitado, como siempre ha sucedido, por el control económico del manejo de la estructura reformada de ese organismo, del cual se afirma se erradico formalmente a la sección XXII, pero esos espacios se distribuyeron entre servidores públicos designados por la SEP y los que puso el gobernador, situación que ahora se manipula a través de una facción sindical para expulsar a funcionarios que dependen de la SEP que estorban el manejo de los recursos con la flexibilidad y discreción necesarias como fuente del desvió acostumbrado de los mismos y como instrumento de complicidad compartida.

A este contexto se agregan los trances entre actores políticos en el Estado derivados de la necesidad de justificar cambios o remociones. Es usual para los que obtienen el poder que al acceder a él cumplan los compromisos contraídos y compartan ciertas parcelas de la administración o de algún nivel de gobierno que le fue útil para ganar pero que, pasado un tiempo de su ejercicio, hace necesaria la revisión de esos compromisos para menear y colocar a los colaboradores de confianza.

En esa ruta el Gobernador Alejandro Murat inició sus movimientos con la remoción renuncia del primer Secretario de Gobierno, transitó con una encargada por un corto plazo, sustituida por el Lic. Anuar Mafud con dos o más sexenios en que lo ha sido, pero que hoy parece ser la ruta a una candidatura plurinominal; el titular de la Consejería Jurídica ha sido sustituido, una vez satisfecho el compromiso inicial con el anterior, quedando en su lugar quien se había pronosticado sería el fiscal general, con lo cual las piezas se empiezan a ajustar visualizándose con quienes va a gobernar.

Por ello se alimentan las controversias como parte de un juego de dos bandas, pues está visto que se auspició un enfrentamiento entre autoridades que, por una parte, distrae a la opinión pública con la distribución de múltiples mensajes provenientes de las facciones encontradas que denigran a uno u otro, a los que se agregan los de los enemigos naturales de los personajes involucrados. Por eso lo llamo de dos bandas pues la habilidad para confrontar como estrategia es bien conocida y en muchas ocasiones la inteligencia de los actores cede ante la respuesta visceral.

Todo ello impone la necesidad de que la sociedad oaxaqueña se involucre activamente en asociaciones de tutela de los derechos comunitarios de índole civil, sin compromisos con el poder que le incentiven a vigilar y evaluar mediante los sistemas de información pública y privada a los servidores públicos de todos los niveles que le permita medir el costo beneficio de sus representantes precisamente con vista en las próximas elecciones para que cuente con elementos objetivos que guíen el sentido de su voto.

Mario de la Garza presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C. señala: “¿Por qué arriesgarse a emprender una tarea de evaluación ciudadana en una institución que cuenta con muy bajos indicadores de confianza ciudadana? Justamente porque quienes creemos que la democracia no se agota en el simple ejercicio de votar cada tres años estamos convencidos de que éste es el momento indicado para promover formas de participación con un mayor grado de intensidad ciudadana y compromiso social. En San Luis Potosí (igual que en otras entidades federativas) estos diputados que se encuentran en ejercicio de sus cargos serán los primeros de la historia reciente con la posibilidad de ser reelectos. Para nosotros era prioritario contar con elementos objetivos que nos permitieran comparar tanto el desempeño legislativo de los integrantes del Congreso como el de la propia institución. La clave de toda evaluación de desempeño es la perseverancia; a todos nos constan ejercicios de esta naturaleza que, así como surgen desaparecen y pierden, por tanto, su consistencia. Nosotros ofrecimos hacer el ejercicio cada tres meses, y llevamos seis evaluaciones y vamos a realizarlas hasta el final.” La información se localiza en portal www.congresocalificado.mx

Un punto relevante es que no se evalúa su labor de gestión que es en lo que más gastan los legisladores porque no corresponde, esa actividad al ejercicio de sus facultades, lo cual puede constituir de acuerdo con ese criterio, un ejercicio indebido de funciones.

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