Hace pocas semanas me hice eco de los temores de la comunidad que forma los bachilleratos tecnológicos agropecuarios (CBTAs) en el sentido de que algunas medidas tomadas por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), aparentemente de carácter puramente administrativo y de reordenamiento legal del organigrama de funcionamiento del subsistema agropecuario, son en realidad golpes bien calculados por su titular, el Dr. Rodolfo Tuirán, para suprimirlo de raíz y reemplazarlo por otro cuya unidad educativa básica sea el Telebachillerato Comunitario (TBC), que no reúne ni comparte ninguna de las características cualitativas (que señalé sucintamente) del Bachillerato Tecnológico Agropecuario actualmente en funcionamiento.

El Dr. Tuirán contestó con una declaración a los medios y con una carta dirigida a quien esto escribe. En ambas comunicaciones negó en redondo toda intención de demoler el subsistema agropecuario y aportó cifras detalladas sobre el apoyo que la Subsecretaría a su cargo ha otorgado a la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) para el mejor desempeño de su tarea educativa. Leí con todo cuidado tanto las declaraciones públicas como la carta que tuvo a bien dirigirme el Dr. Tuirán, y debo decir que, aunque no forma parte de mis competencias el conocimiento preciso y detallado de las cifras que él maneja, razón por la cual no puedo ni debo ponerlas en duda, sí puedo decir, sin faltar a la verdad, que no hallé por ningún lado una sola palabra sobre el congelamiento total del crecimiento y ampliación del subsistema, ni tampoco sobre la falta de recursos para el mantenimiento mayor de los planteles existentes, para subsanar sus graves carencias en infraestructura educativa tales como laboratorios, maquinaria agrícola o salas audiovisuales modernas, ni menos para remediar la permanente penuria de recursos para el gasto corriente de los planteles, cuestiones todas a las que hacía alusión en mi artículo de referencia.  

Sí aceptó el Dr. Tuirán haber ordenado el cese de los Subdirectores de Coordinación de Enlace Operativo (SCEOs) presentes en cada estado de la república (con lo cual generó, repito yo, ingobernabilidad en las 511 unidades educativas y congestionamiento de asuntos y de gestores en las oficinas centrales); pero su explicación se constriñó al carácter “ilegal” de este eslabón de la cadena de mando, razón por la cual, dice, era igualmente ilegal destinarle recursos públicos como se venía haciendo. Sin embargo, me permito decir ahora que el argumento legal soslaya el asunto de fondo, esto es, si la existencia y funcionamiento del dicho eslabón eran necesarios (como parecen probarlo el desgobierno y el atasco de las oficinas centrales que ha provocado su desaparición) o se trataba solo de una manera de favorecer a amigos e incondicionales. De ser cierta la primera opción, resulta obvio que la medida correctiva no era el cese del personal, sino buscar y encontrar una vía para legalizarlo y así fortalecer (y no debilitar) la estructura en su conjunto.

A pesar de la debilidad evidente de la respuesta del Dr. Tuirán, decidí no precipitar la mía y dar tiempo a que sus reformas comenzaran a dar frutos. Hoy creo estar en condiciones de afirmar que, si bien no se puede demostrar que exista una política liquidacionista contra DGETA en el corto plazo, sí resulta claro que la hay para acotarla, paralizarla, cerrarle la llave presupuestaria, debilitar su estructura de mando y hostilizar a su personal directivo, política cuyo resultado será exactamente el mismo, aunque a más largo plazo. He aquí algunos hechos que prueban lo que digo.

1.- Se niega en redondo la creación de un solo CBTA nuevo, aunque se trate del simple reconocimiento como plantel independiente de una extensión legalmente existente. En cambio, por decisión del Dr. Tuirán, se está dando un gran impulso a los telebachilleratos comunitarios, para lo cual no se escatiman recursos, parte de los cuales son los que se niegan a DGETA.

2.- El Dr. Tuirán obstaculiza y frena cualquier acuerdo o convenio de DGETA con los gobiernos estatales, municipales y dependencias federales, tales como SAGARPA. Lo mismo ocurre con instituciones educativas, de investigación u organizaciones de productores. Hay que aislar al “enemigo” para luego destruirlo más fácilmente.

3.- Por órdenes del Dr. Tuirán, se creó una estructura paralela con “supervisores de campo, coordinadores regionales y una coordinación nacional” cuya misión es reemplazar a los Subdirectores de Coordinación de Enlace Operativo (SCEOs). Esta estructura también es “ilegal”, puesto que no fue aprobada por la Oficialía Mayor de la SEP.

4.- Es ilegal, además, porque el Dr. Tuirán pasó por encima de la “Convocatoria Marco”, girada por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) a DGETA, DGETI y DGB, en la cual se ordenaba a estas Direcciones emitir la respectiva convocatoria para designar al personal de la nueva estructura de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Interno de la SEP. En vez de esto, el Dr. Tuirán convocó al personal de su propia Subsecretaría y, a través de él, se llevaron a cabo los concursos y la repartición de los cargos, creando, aquí sí, un verdadero “club de amigos”. Los nuevos supervisores y coordinadores se hallan ubicados en las oficinas de los Representantes de Educación Media Superior (RESEMs) en los estados desde septiembre de 2015, pero, que se sepa, no han llevado a cabo ninguna supervisión desde esa fecha, a pesar de lo cual reciben puntualmente sus emolumentos.

5.- Desde el momento del cese de los SCEOs, (18 de abril de este año), la subsecretaría que comanda el Dr. Tuirán viene acosando con todo tipo de “instrucciones” a las dos Direcciones Generales que están en su mira (DGETA y DGETI), y no solo de carácter operativo, sino también normativo y propias del Órgano Interno de Control, con el fin de reunir elementos para justificar su despido.

Todo esto y más (que omito para ahorrar espacio) ha causado un gran descontento entre la inmensa mayoría del personal docente, manual y administrativo del subsistema agropecuario, y un verdadero espíritu de rebelión entre los casi 200 mil educandos que alberga el bachillerato agropecuario del país, quienes no aceptan, ni para ellos ni para las generaciones futuras, que se les dé atole con el dedo cambiándoles el actual bachillerato escolarizado por un remedo del mismo, que son los Telebachilleratos Comunitarios. Ya basta, dicen los jóvenes, de abandono, marginación, manipulación y burla a los intereses educativos y sociales de los hijos del pueblo pobre y trabajador, del campo o la ciudad, que con su actividad sostienen al país entero, incluyendo a burócratas soberbios surgidos de las filas de la derecha más retrógrada y represiva que padece la nación.

 Y en concreto demandan: a) que el Subsecretario Tuirán deje de interferir en los procesos de incremento de cobertura y mejora de la calidad educativa desarrollados hasta hoy por DGETA; b) que ordene la canalización de recursos suficientes para que el subsistema cumpla con esos sus planes propios así como con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación. Y como suponen que la política arbitraria y discriminatoria del Dr. Tuirán es del absoluto (o relativo) desconocimiento del señor Secretario del ramo, Maestro Aurelio Nuño Mayer, solicitan su urgente intervención para poner las cosas en orden o, en caso necesario, reubique al Dr. Tuirán donde haga menos daño y en su lugar coloque a un hombre que sí conozca, sienta y se identifique con problemas de los campesinos mexicanos, con los intereses educativos y sociales de sus hijos y con las necesidades alimentarias y de independencia nacional del país entero. El Maestro Nuño tiene la palabra.