Oaxaca como estado padece el consabido rezago histórico que, desde hace más de cincuenta años, se ha usado como pantalla, en los diversos periodos de gobierno que han detentado el poder, y que sigue siendo una realidad incumplida reconocida en diversas declaraciones públicas, como la que se difundió respecto a la capacidad de las fuerzas de seguridad para hacer frente al permanente acoso que sufren los diversos sectores de la población con motivo de los movimientos de protesta sucedidos en recientes fechas que tienden a prolongarse e intensificarse.

Efectivamente el Gobernador del Estado, respondió con una verdad inobjetable, como es la de solo cuanta con una fuerza policial de no más de tres mil policías, que no puede hacer frente a una agrupación de ochenta mil miembros que siguen la estrategia del  temor que producen, al poner en peligro la vida y patrimonio de las personas así como la  economía de los sectores productivos de mayor envergadura, como aconteció en el dos mil seis, que llegó al grado de poner en jaque a las institucionales locales y nacionales, con los resultados bien conocidos, aun cuando produjo beneficios de toda índole a los grupos políticos y sus mecenas que, como está demostrado, solo sirvieron para ese fin, mas no trajeron ningún componente de desarrollo ni de cambio para el estado su población.

 Dos cuestiones surgen de estas experiencias en el Estado, una que tiene que ver con el estancamiento en materia de seguridad, procuración y administración de justicia; otra con la estratégica mediática, utilizada profesionalmente con alto costo, para cubrir la ineficiencia de los encargados temporales del poder. Con resentimiento, la población, que no entiende de obras magnas, estima que la corrupción creció; no se explica porque se invoca la falta de fondos, cuando se conoce que estos se destinan a operaciones financieras para hacerlos sudar, como lo denominan los versados en ello, sin embargo, el aparato de difusión reparte recursos con flexibilidad y abasto suficiente.

El gobernador en su reciente entrevista, afirmó que ante la imposibilidad de enfrentar al magisterio integrado por ochenta mil miembros protestando, lo que tenía que hacerse es aguantar, resistir y dialogar, por no contarse con la capacidad institucional de seguridad, para disuadir esos movimientos y evitar las consecuencias. Señaló que "lo importante era que los maestros no suspenden labores tres días, porque la nueva ley ordena sancionar...que eso se debe hacer o se hará" " que en el aeropuerto únicamente había nueve policías federales"  " que el estado solo cuenta con 2600 policías y los maestros son 81000 y no se tiene al fuerza para contener esa masa, que hay que aguantar y esperar que los daños sean los menos".

Esta aceptación oficial sitúa al estado en la misma posición que ha prevalecido desde hace  treinta y cuatro años, la de la pasividad y omisión. Contexto que reproduce, mediante la aceptación expresa del incumplimiento de una responsabilidad política compartida por los gobernantes, durante varios sexenios, y que a su vez es causa grave de violación de los derechos fundamentales de los oaxaqueños, sin que se hayan implementado, durante ese largo tiempo, medidas que derivaran en una disminución de los actos nocivos contra una población indefensa, por parte de los tres niveles de gobierno.

Lo descrito y reconocido por el gobernante, obligado a esa respuesta ante una realidad inobjetable, pone de manifiesto que lo que se hizo público en el año dos mil siete sobre este fenómeno, no ha sido atendido y continúa siendo factor de adeudo sujeto a la obligada reparación por parte del Estado, entendido como tal en su estructura republicana, es decir federal,  estatal y municipal.

Existe, desde el dos mil siete ese diagnóstico, contenido en la investigación que llevo a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual reproduzco algunos párrafos para confirmar que seguimos igual, aguantando, bajo el principio del daño menor. Dice: "Empero, se estima que si ha habido omisión y pasividad, derivada en parte de la permisión y tolerancia que han tenido las autoridades desde el año 1980, en la que la Sección XXII emprendió "su jornada de lucha sindical" que degenerando en un factor real de poder en el Estado de Oaxaca, ha dado pauta a que algunas instituciones hayan sido rebasadas en distintos ámbitos de la función pública, entre ellos, el de la seguridad pública e impartición y administración de justicia y, por otra parte también ante la omisión y pasividad de las autoridades de atender reclamos de vital importancia y ancestrales de la comunidad, como la miseria, la marginación, la salud y el empleo"

Agrega "....dadas las omisiones mencionadas, si no son subsanadas, se pudieran generar nuevamente en lo futuro, lo que se traduce, como en el caso, en una grave violación generalizada de garantías individuales de la comunidad, por vía de consecuencia derivada de las acciones emprendidas por uno o varios grupos sociales o sindicales ante la imposibilidad del Estado de brindar seguridad pública, además de la grave violación particularizada de garantías, de miembros de la comunidad que en lo personal resintieron afectaciones de diversa índole e irreparables, en algunos casos."

El futuro que se anticipó en la investigación fue reconocido oficialmente, como una vivencia que muestra retroceso, reflejo de la permanencia oficial de la pasividad y omisión, disimuladas con una estrategia informativa que cumple, contradictoriamente, su cometido de  deformar una realidad, mediante la actualización del principio que instituye, que el político que ambiciona ser hombre de estado, "...se convierte en un sujeto fantástico frente al resultado de su obra administrativa. Decir que toda su vida huye de su propia imagen sería insuficiente, porque el hombre público es dualidad, es su imagen y el reflejo de la misma; es espejo y modelo; es vida y sueño; es realidad e irrealidad, que el lector de noticias mezcla en combinaciones infinitas" (Círculos del Poder. Gregorio Ortega. Planeta). La declaración del Ejecutivo, nos muestra ambas facetas.

Hoy es necesario reflexionar para actuar de manera organizada y exigir, desde la sociedad. que los factores que obligan a la pasividad oficial, aun la pactada, que incluyan violaciones a los derechos fundamentales y sociales de la comunidad, sean atendidos como elemento prioritario en los proyectos de gobierno de los aspirantes a dirigir este estado; que se suscriban el compromiso público de reconstruir las instituciones de seguridad suficientes y profesionalmente preparadas para disuadir y evitar los cotidianos sucesos de agresión comunitaria; que prohíban el uso político o de los políticos de los entes sindicales, para fines ajenos a su cometido constitucional laboral; que se implementen medidas que actualicen la responsabilidad de los gobernantes, para los casos de omisión y pasividad señalados. De otra manera cualquier otro proyecto de desarrollo, no será factible llevarlo a cabo en beneficio de la población y del estado, por más grande que sea la inversión de que se trate.

 A estas exigencias, debe agregarse la relacionada con una ley que, en seguimiento de lo dispuesto por el artículo 1o., de la Constitución de la República, contemple un procedimiento breve para que las personas y sectores afectados, demanden el pago de los daños a sus derechos fundamentales y la sanción a los responsables.

 No olvidemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala como una causa de responsabilidad política de Gobernadores, Diputados locales y autoridades municipales, la violación grave a la Constitución.

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