Los problemas de seguridad pública en el año que terminó, dejaron una huella profunda de las grandes deficiencias que imperan en los ramos de procuración y administración de justicia, así como su complemento en la investigación policiaca, situación que ha provocado un fuerte desgaste político de todos los actores comprometidos en el pacto y en los partidos, lo que ha sido motivo de aprovechamiento, por las diversas corrientes, que ahora preocupadas y ocupadas, aseguran encontrar fórmulas que permitirán mitigar esos grandes males que trascienden esencialmente, a la vida y patrimonio de los mexicanos, con mayor o menor intensidad.

Por ese motivo, el Presidente de la República envió a la Cámara de Senadores la iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incluye el impacto presupuestal de la misma. Resalta que obedece a la exigencia prolongada en el país, sobre el asunto de la seguridad pública, cuya responsabilidad afirma, se intensificó en los municipios y se alejó de la Federación y de los Estados, imposibilitando cumplir con las atribuciones que en conjunto se les confieren a los tres niveles de gobierno.

Refiere el Presidente Peña Nieto que la reforma que propone, constituye una medida de transformación institucional de un nuevo sistema policial, que facilita que las familias mexicanas salgan de sus casas con la tranquilidad de los agentes de autoridad son personas profesionales, confiables y cuyo principal interés es garantizar su seguridad.

Como elementos que justifican, desde su punto de vista, la necesidad de modificar la responsabilidad institucional de la seguridad pública, señala que "por eso, la presente iniciativa recoge esta importante demanda de la sociedad, al tiempo que atiende las causas estructurales que han mermado la capacidad del Estado para garantizar efectivamente las libertades de las personas, que al mismo tiempo han generado debilidad institucional en materia policial que impera en muchos municipios del país, su vulnerabilidad frente a las estructuras delictivas y, en algunos casos, su cooptación por las organizaciones criminales."

Esta es la puerta que abre el Presidente para reducir el ámbito de facultades en la cuestión de la policía, el poner la carga substancial de la deficiencia en la investigación de los hechos penales y la persecución de delincuentes, en los municipios que tienen la capacidad de contar con cuerpos de seguridad, ya que en un alto porcentaje, como sucede en Oaxaca, no tienen cuerpos formales para ese fin, de tal forma que el policía del Estado es el que está a cargo de la seguridad e incluso de tránsito, en lo que toca a su operación. La figura de los topiles propia de nuestras comunidades ha subsistido a pesar de las reformas constitucionales relacionadas con el municipio.

Se advierte que este enfoque responde a desviar la atención de las causas compartidas del deficiente sistema institucional de investigación de delitos y delincuentes que tienen de origen a los gobiernos federal y estatales,  que son y han sido, la fuente de inspiración de todo un sistema paralelo de corrupción, complicidad e impunidad, a los que no han sido ajenos algunos miembros relevantes y no del ejército, de las policías federal de caminos y dirección federal de seguridad, precedentes de la actual conformación de la investigación; basta recordar el rancho búfalo en Chihuahua, o el del zar de narcotráfico, posteriormente procesado y condenado a prisión.

Me parece que el sistema que ahora se pretende modificar, y reducir el que corresponde a los municipios, desde luego afecta este nivel constitucional de gobierno, sin que se propongan medidas que fijen los parámetros que deben observar, quienes han coordinado las políticas públicas en esta materia, el gobierno federal y de los Estados, mediante el control de la distribución de recursos, ordenamientos jurídicos, lineamientos para evaluar la lealtad de los miembros, así como todo aquello que ha sido consecuencia de las múltiples reuniones del nacional de seguridad.

El dicho popular asegura que todo debe empezar por la cabeza, pues si ésta no opera de manera óptima, los miembros que dependen, en su movimiento del cerebro en ella alojado, no lo harán de manera armónica, para lograr el objetivo de que un cuerpo sano funcione. En este sentido, creo que la medida no es oportuna,  ni adecuada para justificar, el reducir el campo de las competencias municipales, máxime si se toma en cuenta que, el principio de dependencia jerárquica, opera de facto en México, pues los Estados dependen del presupuesto federal que se otorga por la Cámara de Diputados del Congreso y de la voluntad del Ejecutivo Federal; los gobiernos municipales dependen, en cuanto a  recursos, del  Congreso Federal y de los Estados y de las bondades del Gobernador en turno.

Esto trasladado al actual sistema de seguridad, prueba que la causa de su deficiencia, no debe ser imputada, en su totalidad al nivel municipal, pues este propiamente constituye la ultima parte del mismo y, consecuentemente, lo que requiere de una cirugía reconstructiva es todo el cuerpo, no solo los policías de este ámbito, ya que el mal, tiene un origen diverso.

Esto se advierte de un artículo publicado por  Gloria Leticia Díaz en la revista Proceso titulado "todo apunta a los militares" que, en la parte relativa, señala: "El titular de la Procuraduría (PGR), Jesus Murillo Karam, esta empecinado en atribuir toda la responsabilidad de la desaparición forzada de normalistas en Ayotzinapa al crimen organizado en colusion con autoridades municipales, a fin de salvar la imagen de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, contiene elementos para considerar la presunta responsabilidad de mandos militares en la tragedia..."

En el informe de la Comisión de Mediación integrada con motivo de la desaparición de dos perredistas en Oaxaca durante el conflicto del dos mil seis, señala en una de sus partes: "Los miembros del ejército guardan un cómodo silencio. La Segob se dedica a cuidar la espalda a los militares, en lugar de contribuir a la búsqueda de la Verdad y la Justicia. Es importante rehacer la Memoria Histórica del caso y hacer efectivas garantías de no repetición. Nunca más una desaparición forzada en México."

 Este reportaje y consideraciones, derivadas de una investigación de la autora y de una Comisión ciudadana, permiten visualizar que la ruta de la corrupción tiene sus cimientos en la estructura federal y de las entidades, que han tenido como consecuencia, debilitar la llamada  solidez institucional de las corporaciones policiacas de los municipios, para hacer frente a la delincuencia en sus diversas expresiones, traducida en la cooptación de los elementos que las integran por parte del crimen organizado, restándoles credibilidad o confianza para llevar a cabo sus funciones, como lo califica la iniciativa.

Por ello es de pronosticarse que la centralización de los mandos policiacos en el mando único, en el gobierno federal y estatal  provocará, de aprobarse, la concentración de la corrupción y la impunidad, hasta ahora distribuida en los tres niveles de gobierno, como se advierte del reciente asunto del Estado de Guerrero, ampliamente difundido, que así lo confirma.

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