Durante esta semana la atención de las noticias nacionales se ocupó del incierto asunto  educativo en el Estado de Oaxaca, y de su gobierno, corolario de la reforma educativa federal, ya que, aun cuando ese servicio público integra un derecho humano, como actividad prioritaria de la República, transita en la desinformación política, las divergencias de las corrientes políticas y las ponencias de los diversos sectores sociales, que ha exacerbado e incentivado la crisis prevaleciente y ha puesto a flote los vicios que aquejan a este sistema anclado en la corrupción.

Está surgiendo información sobre el mal uso, dispendio o desvío de los cuantiosos recursos que se destinan a la formación de los mexicanos, por cincuenta y un mil millones de pesos al año, que son resultado de la flexibilidad y maleabilidad del sistema federal mexicano, que lo mismo ha servido para apretar a los Estados, que para aflojar el centralismo económico y las decisiones de sus gobiernos estatales. Muestra de ello, serán las controversias del orden constitucional que ya se ha anunciado interpondrá el Gobierno Federal respecto a la Ley del Estado de Oaxaca que emita la Cámara de Diputados.

El Sistema Federal Mexicano, es reflejo de que el movimiento de independencia impulsó las condiciones de un cambio, al pasar del régimen colonial a esquemas que tienen que ver, en principio, con las libertades individuales y, posteriormente, a las de los sectores sociales sometidos a un trato desigual de explotación, incompatible con los principios filosóficos de la concepción del hombre y sus derechos, al abandonarse las políticas colonialistas en América. La diferencia entre el sistema federal norteamericano y el nuestro, tiene que ver con la diversidad de la conformación colonial; el de México era regional con un territorio y población identificados, bajo la dominación española; el del norte, por el contrario fue el de una unión de diversas provincias independientes entre sí, pero dominadas por la corona inglesa, de manera tal, que al independizarse la misma se transformó en una confederación de Estados independientes y después de una lucha armada, integró la federación que es, conservando, los estados, una gran parte de sus facultades, lo que no ocurrió en la República Federal Mexicana.

De ahí la complejidad de operar, en los Estados parte de una república federal, la autonomía de su quehacer a su interior; la de los Estados Unidos de Norteamericana, es ampliamente ejercida por las entidades, en nuestro país no, el poder crece o disminuye, de acuerdo a la experiencia histórica que prevaleció durante la colonia y posteriormente un gobierno hegemónico. La Constitución como documento que regula y modula el sistema federal de competencias y facultades, con el transcurso del tiempo, ha ido cerrando la llave de las de cada estado, tornándolas dependientes de la federación sujetándolas durante un largo periodo, primero a la voluntad de un reino y luego a la que representaba el proyecto sexenal del Presidente en turno, acompañado de las reformas constitucionales o legales que impulsaba sin obstáculos legislativos; en la actualidad, la voluntad popular, está representada por las acciones derivadas de los pactos y acuerdos que formalizan, el ejecutivo federal y el legislativo por medio de los partidos, lo que aparentemente es un avance democrático que se aleja de lo que caracterizó a la dictadura perfecta a cargo del fiel de la balanza.

La experiencia nacional irradió a Oaxaca y explica que el Gobernador y la Legislatura Local, no hayan impugnado los ordenamientos jurídicos sobre educación que estimen afecten sus facultades, lo que implicó que se consintieran, quedando obligados por los lineamientos de la decisión federal. Ni el gobierno de Oaxaca, ni el magisterio impugnaron en el nivel constitucional, la posible invasión al régimen interior protegido por los artículos 40, 41 y 124 de la Carta Fundamental; por tanto, éstas quedaron firmes y deben ser materia de armonización en la ley de Educación del Estado de Oaxaca.

Como una situación que emerge como causa del grave desfalco o peculado en la magnitud denunciada, se visualiza el estire y afloje de facultades entre Gobierno Federal y Estatal que, en el IEEPO, propició pagos indebidos a múltiples  comisionados, a maestros que no laboran en los centros educativos a que están adscritas sus plazas, duplicación y triplicación de éstas, múltiples aviadores y el turbio manejo de los dineros federales. Un dato no confirmado, es que se desvían de manera cotidiana desde tiempo atrás, cerca de mil millones de pesos al año, lo que equivale, aproximadamente a cien millones de pesos mensuales.

Es pues la flexibilidad y maleabilidad del sistema federal, lo que ha propiciado, que esté en crisis el sistema educativo en la Entidad, pues la Federalización y descentralización que operó a partir de 1992, por medio de los convenios, amplió las facultades sobre la educación en favor de los gobiernos locales, les entregó estructura inmobiliaria, responsabilidad laboral y el presupuesto, lo que derivó en un uso indebido de las facultades conferidas al aparato oficial local, que degeneró en la corrupción y excesos que, por cuestiones ajenas a su función, contaminaron al IEEPO  y a la dirigencia de la Sección XXII de la CNTE, que implicó, de alguna manera, que las atribuciones otorgadas al Gobierno de Oaxaca, pasarán a manos de esa agrupación sindical y con ello el control de las políticas de gobierno y educación, como lo señala la opinión pública.

Derivado de este esquema, el magisterio, hace valer sus peticiones de todo orden de manera imperativa y al margen de la ley y las instituciones, replicando el esquema federal de los pactos, por medio del que celebran el Ejecutivo del Estado, la Legislatura y Magisterio, para presentar una iniciativa de ley, lo que es muestra de la entrega gradual del poder que se ha hecho por el gobierno y, se acentúa, cuando aseguran que el recién designado Delegado de la Secretaría de Gobernación, lo pidieron con el objeto de que se les entreguen las plazas a los egresados de las normales, sin evaluación alguna y para restablecer las definitivas: ¿Es necesario para esto una ley y un conflicto?

Este intolerante panorama, se enfatizó porque la reforma constitucional y legal implican que el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Educación, reasuma la orientación en la conducción de la política educativa nacional, el  presupuesto  y la responsabilidad laboral,  que le corresponde ante el magisterio representado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que es el gremio nacional en la contratación colectiva; la evaluación y servicio profesional educativo se pone a cargo, de manera exclusiva, del gobierno federal a través de institutos autónomos especializados. La reforma educativa, somete las facultades en que concurren o coinciden la federación y el estado de Oaxaca, obviamente, las de operación se restringen de manera severa en lo financiero, al quitarle los recursos destinados al pago de nóminas y otras prestaciones, que motivaron la complicidad y los actos de corrupción, entre funcionarios y magisterio.

De ahí la insistencia en Oaxaca, por parte del magisterio, de que en la Ley de Educación del Estado contemplen, en paralelo, algunos organismos similares para evaluar la formación y regular el ingreso de maestros, en cuanto al sistema educativo local, con los programas que se derivan del reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades, lo que les permitiría institucionalizar las condiciones de privilegio y poder que han construido con los gobernadores, en más de treinta años.

Ante este panorama resulta inútil discutir y politizar, los contenidos de la Ley Estatal, pues de todas maneras estará sujeta a una controversia o acción constitucional por parte del Gobierno Federal, y será finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quién delimite las facultades que debe ejercer cada nivel de gobierno en ese rubro, de acuerdo al sistema federal vigente. Si los diputados y el gobernador impulsan que la normatividad educativa local se expida, aún en contra de la Reforma Nacional, el conflicto se trasladará a la Ciudad de México y,  posiblemente, disminuyan los actos de agresión a la población oaxaqueña.

[email protected]