No quiero ni debo ser farragoso con una detallada y puntual narración del vía crucis del antorchismo chihuahuense en busca de solución para sus apremiantes necesidades. Me limitaré a un resumen sumarísimo de los hechos principales.

1.- El día 23 de diciembre de 2013, el Comité Estatal de Antorcha que dirige Martín Antonio Escamilla Meza, entregó al gobierno de Chihuahua una reedición de su pliego petitorio, que venía arrastrándose desde muchos meses atrás sin haber hallado ninguna solución. En respuesta, la secretaría particular del Gobernador giró oficios a las dependencias respectivas con la instrucción de atender los asuntos de su competencia y se entregó copia a los interesados para su información y seguimiento. Sin embargo, muy poco después, el secretario técnico de la Secretaría General de Gobierno, Lic. Juan Luis Izquierdo, y la asesora de la misma dependencia, Lic. Margarita Solís, informaron a los solicitantes que, por órdenes del Gobernador, debían dirigirse, para todo lo concerniente a sus demandas, con el Profesor Servando Portillo, Secretario de Desarrollo Social, comisionado expresamente para hacer los contactos con las distintas dependencias y seguir el curso de los asuntos del Movimiento Antorchista.

2.- Siguieron varias audiencias con los funcionarios respectivos según los oficios que les fueron girados, pero no pudo llegarse a ninguna solución. Todos a una esgrimieron la falta absoluta de recursos “debido a los planes de austeridad implementados por el señor Gobernador” (sic).

3.- Ante el fracaso, se buscó al Profr. Servando Portillo, también siguiendo en esto la instrucción de la Secretaría General de Gobierno, quien los recibió el 25 de marzo, después de insistir ocho veces en su petición, y sólo para recetarles exactamente la misma cantilena: no hay dinero a causa del plan de austeridad en marcha. Y no lo volvieron a ver hasta el día de hoy.

4.- Se solicitó entonces audiencia con el Secretario General de Gobierno, Lic. Raymundo Romero Maldonado, para informarlo de la situación y pedirle que recibiera a la Coordinadora Regional Antorchista de los Estados del Norte, que encabeza el abogado Lenin Campos Córdova. El Secretario, en efecto, recibió a la Coordinadora Regional junto con el Comité Estatal, el día 15 de abril, y tras escuchar sus planteamientos, reiteró que todo debía canalizarse a través del Profr. Servando Portillo, aunque añadió la promesa de buscarlo personalmente para que juntos expusieran el problema al señor Gobernador. Se agendó una nueva entrevista para el 24 de abril, misma que fue luego cancelada sine die.

5.- El Comité Estatal, entonces, publicó una petición de audiencia con el Gobernador del Estado a la que asistiría la Coordinadora Regional. El documento expuso respetuosamente las causas de tal solicitud. En respuesta, el día 14 de mayo, fue recibido por el Secretario Particular del Gobernador, Lic. José Luis González de la Vega, quien ofreció la audiencia para el día 19 de ese mes. Pero, curiosamente, al día siguiente, 15 de mayo, la prensa recogió declaraciones del Secretario General de Gobierno según las cuales “es ya demasiado el apoyo” brindado a Antorcha y, por eso, no podemos darle nada más. Y menos transporte caro para un festejo en el que el Estado no tiene ninguna obligación, subrayó. En consonancia con esto, la audiencia del 19 de mayo fue cancelada y “reprogramada” para el 3 o, “tal vez”, para el 9 de junio”. Receloso por la indefinición, el Comité Estatal aprovechó la presencia del Gobernador en un acto público para insistirle sobre la entrevista; él les aseguró que los recibiría el día 9 de junio, pero cuando acudieron a confirmar la cita, se les dijo que ese día el Gobernador estaría en una importante reunión en la Ciudad de México. La entrevista se posponía para el 25 de junio. “Esta vez será la definitiva”, les garantizaron. Para “preparar” el encuentro, el Secretario Particular convocó a “una serie” de reuniones previas para adelantar los asuntos, a modo de que el señor Gobernador sólo abordara los realmente difíciles. La primera de ellas fue el 11 de junio. Asistieron la Coordinadora Regional y el Comité Estatal por parte de Antorcha, y por parte del gobierno, la Comisión Estatal de la Vivienda (COESVI) y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, pero, en esencia, el rollo fue el mismo: no hay recursos. Se agendó una segunda reunión para el 18 de junio que fue cancelada y, en consecuencia, también se hizo humo la cita con el Gobernador el día 25, que fue movida “para el 8 de julio”, pero el día 7 la cancelaron nuevamente. Desde entonces sólo hay promesas telefónicas de “voluntad de diálogo” y de que “pronto hablarán” con el señor Gobernador, pero absolutamente nada en concreto.  

Creo necesario precisar que, desde que se comenzó a hablar de una entrevista con el señor Gobernador, a la comisión de Antorcha se sumaron los 4 diputados con que contamos en el H. Congreso de la Unión (y así se le informó al gobierno del Estado) como prueba de respeto y valoración de la investidura del señor Gobernador, a pesar de lo cual el resultado ha sido el que ya dije. También debo decir que las razones alegadas en las dos primeras ocasiones para suspender el encuentro, fueron debidamente constatadas por los interesados, lo que parecía indicar que, en efecto, los aplazamientos obedecían a razones de fuerza mayor. Sin embargo, si tomamos el proceso en su conjunto y hasta el final, no puede ya caber duda de que todo fue un “mensaje” que debe leerse así: los antorchistas son muy poca cosa para merecer el gasto de tiempo y recursos que requieren sus “excesivas” peticiones. Así lo dejan traslucir con toda claridad no sólo los reiterados aplazamientos de la entrevista principal, sino incluso el trato arrogante y grosero de un funcionario de bajo perfil, como es el Profr. Servando Portillo que, por lo mismo, sólo puede estar obedeciendo órdenes superiores. La pregunta se impone por sí sola: ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué ocurrirá si la gente pobre y necesitada de soluciones no acata este ukase y decide hacer uso de su derecho a la protesta pública para hacerse oír? La respuesta la conoce todo México desde hace decenas de años; y la conoce también, por tanto, el Antorchismo Nacional: lo que se avizora es el uso de la fuerza, la represión y la cárcel para someter a los insumisos.

Antonio Escamilla Meza ya fue advertido, de palabra y de hecho, de lo que puede esperar; ya estuvo en la cárcel por un delito infame e infamante que, obviamente, no cometió, un delito absolutamente prefabricado del que nosotros teníamos conocimiento por lo menos un mes antes de que se iniciara el proceso en su contra y del que hoy sabemos bien cómo, por quién y para qué fue maquinado (contamos con testimonios grabados de eso). No quiero parecer pesimista pero tampoco ingenuo, y los hechos narrados hacen temer con fundamento que quienes lo encarcelaron injustamente una vez, lo volverán a hacer, con Antonio o con quien sea, si lo consideran necesario. Pero llegó ya la hora de que a los pobres se les escuche, se les respete y se les haga justicia; y alguien tiene que correr su suerte haciendo a un lado sus explicables miedos y sus mezquinos intereses, que también son una forma del miedo y de la cobardía. Desde ahora debe quedar claro que, cuanto pueda ocurrirle a los antorchistas de Chihuahua, será represión pura y simple, no importa con cuánto arte se disimule la maniobra para presentarla como “aplicación de la ley”. El Antorchismo nacional debe prepararse a defender a nuestros compañeros chihuahuenses; para lanzarnos junto con ellos a pelear algo de lo mucho que se les debe, a ellos y a todos los trabajadores pobres del país. El camino de la lucha siempre ha sido, de suyo, largo y peligroso.