A estas alturas de su sexenio el gobernador Rafael Moreno Valle debe lamentar la ausencia de operadores políticos poblanos y de voces críticas al interior de su administración que le digan cómo resolver y atender las demandas sociales, y con qué actores políticos negociar y mantener siempre el diálogo, antes de optar por el camino de la fuerza pública, la llamada Ley Bala y la represión de los opositores e inconformes.

El exgobernador Melquiades Morales, su mentor político, bien podría asesorarlo en este terreno, con un consejo que solía repetir el exgobernador Alfredo Toxqui en los momentos de crisis o mayor tensión: los políticos deben aprender a ponerse una bolsa de hielo en la cabeza para no perder el piso ni el rumbo, o reaccionar por impulso.

Lo ocurrido el miércoles 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, donde policías y vecinos de algunas comunidades aledañas a San Bernardino Chalchihuapan se enfrentaron —con saldo de más de 70 lesionados de ambos bandos, entre ellos un menor de 13 años que en cualquier momento puede perder la vida por una herida de bala de goma en la cabeza— se veía venir. Al menos aquí lo anticipamos desde el 17 de abril después de las primeras detenciones de activistas y opositores a las obras del Gasoducto Morelos y el llamado Arco Poniente.

Al gobierno de Moreno Valle le está fallando la operación con los grupos, y estos al no encontrar canales de comunicación e interlocución con la autoridad han optado por las marchas, los bloqueos carreteros y la protesta social.  La semana pasada el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y algunos de sus más cercanos operadores y funcionarios, estuvieron más ocupados en la ceremonia del Día del Abogado en Los Pinos que en atender el conflicto de las juntas auxiliares con la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip).

Y en la semana antepasada también estuvieron más ocupados en cerrar a tambor batiente el proceso de afiliación del PRD que en concertar un acuerdo con los grupos que exigen la reinstalación de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares, y la liberación de activistas y pobladores presos por desafiar la autoridad del Estado con plantones, marchas y toma de carreteras.

La actual administración ha mostrado poca disposición para encontrar una salida negociada con los grupos y líderes contrarios al Gasoducto Morelos, la construcción del Arco Poniente, las hidroeléctricas y otros proyectos mineros en la Sierra Norte de Puebla, y el retiro de los servicios del registro civil a los presidentes de las juntas auxiliares.

En la capital del estado hay también brotes de inconformidad creciente por algunas acciones de gobierno que tarde o temprano se traducirán en protestas que llegarán a la calle, a los medios masivos de comunicación o las redes sociales, como las elevadísimas fotomultas que ahora se han extendido a 18 vialidades y autopistas y que sólo aplican para los automovilistas con placas del estado de Puebla; los desproporcionados aumentos en las tarifas de agua; el pésimo estado de los pavimentos de calles y avenidas no principales, sobre todo en colonias de la periferia.

A ello hay que agregar los retenes y operativos alcoholímetro para desplumar a quienes los fines de semana se van de antro y en los cuales se permuta la detención de quienes conducen bajo los efectos del alcohol, durante 24 o 48 horas, a cambio de sanciones de miles de pesos que se pagan en efectivo, más las multas por arrastre y encierro de vehículos en improvisados corralones, y el descontento de empresarios locales que son marginados de las obras y servicios que contrata el gobierno, que pierden sus concesiones en beneficio de inversionistas foráneos o cercanos al grupo gobernante, o que están en riesgo de perder sus bienes por la llamada Ley del Despojo.

La administración de Moreno Valle debe entender que el bono democrático que la ciudadanía la extendió al comenzar su gestión ya se agotó, y que en la medida que se acerque el final de su sexenio las cosas serán más complicadas para él y sus colaboradores.

De entrada tendrá que sortear las elecciones federales del año entrante, y varios conflictos en puerta con transportistas que se opondrán al retiro de sus concesiones para las líneas 2 y 3 del Metrobús; con afectados por expropiaciones en Puebla, y en los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula por obras de infraestructura y desarrollo turístico; y con políticos de su propio partido político y el PRI que intentarán impedir que deje sucesor en las elecciones locales de 2016.

¿Podrá Moreno Valle y sus secretarios superar los retos que tiene por delante, sin el respaldo social que tuvo al asumir la gubernatura y en los primeros años de su gestión? ¿Cuántos de sus secretarios, con el desgaste que muestran, podrán sacar los proyectos que tienen a cuestas? ¿Quiénes de sus operadores políticos podrán apaciguar los ánimos y sentar a la mesa de las negociaciones a los grupos y actores políticos inconformes? ¿Quién de sus funcionarios cancelará odios y rencores? ¿Quién llevará las bolsas de hielo al cuarto de crisis de Casa Puebla? ¿De veras lo mejor para Puebla está por venir?

Sin preguntas, que conste.

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