El diario Reforma, en su edición del 20 de enero de los corrientes, publicó una nota reveladora y preocupante. Dice en su primer párrafo: “Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el uno por ciento de la población y la mitad más pobre de la población mundial, 3 mil 570 millones, posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo, denunció un nuevo informe de la ONG Oxfam". El párrafo siguiente  dice: “Sólo en Estados Unidos, el uno por ciento más rico acumula el 95 por ciento del crecimiento total posterior a la crisis de 2009”. En seguida se precisa que: “El estudio parte de datos objetivos de varias instituciones oficiales e informes internacionales que constatan la «excesiva» concentración de la riqueza mundial en pocas manos” y, además, que se trata de un documento de Oxfam elaborado para presentarse en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza.

Como quiera que sea, la información no deja duda de que la concentración de la riqueza y la concomitante pobreza masiva que de ello se deriva, es un grave problema a escala planetaria; de donde se puede concluir que nadie escapa al fenómeno y que México no puede ser, y no es, la excepción. En efecto, las cifras oficiales afirman que el 53% de la población del país sufre algún tipo de pobreza (aunque hay investigaciones independientes que hablan hasta de un 85%); y de este total, algo así como 12 millones viven en pobreza alimentaria, es decir, padecen hambre crónica. En el mismo sentido, en un artículo reciente de Abel Pérez Zamorano, doctor en desarrollo económico por la London School of Economics (Londres, Inglaterra), titulado “En San Luis Potosí, patrones y gobierno contra los obreros de PROYCAL”, se dan los siguientes datos: “Para este año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) autorizó un incremento de 3.9% al salario mínimo: en el área “A” su monto será de 67.29 pesos (dos pesos con cincuenta centavos más que el año pasado), y en el área “B”, 63.77 pesos (un aumento de dos pesos con 39 centavos)[…]según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6.7 millones de trabajadores perciben un salario mínimo, y 11.8 millones, entre uno y dos minisalarios; y si consideramos, además, que cada familia tiene en promedio 4.3 integrantes, a cada uno corresponden 15.6 pesos diarios para cubrir todas sus necesidades”.

    Ítem más. En el libro del Lic. Enrique Peña Nieto, “MËXICO, la gran esperanza”, se lee en la pág. 32: “El derecho al trabajo es relativo cuando en la última década el desempleo se ha duplicado y los empleos informales han aumentado hasta abarcar a casi 30% de la población económicamente activa”. Y renglones abajo dice: “A pesar de que el presupuesto para combatir la pobreza se ha incrementado en más de 162%, hoy hay cinco millones de mexicanos más viviendo en esta condición de los que había en el año 2000, pues el número de mexicanos que vive en alguna situación de pobreza aumentó de 52 a 57 millones en este periodo”. En la página 107 se afirma: “El gasto social no responde a criterios de equidad, pues asigna más recursos a los hogares de mayores ingresos en lugar de a los que menos tienen. El PNUD nos advierte que sólo 13% del gasto público federal en desarrollo humano (educación-salud-apoyos al ingreso) llegó a 20% de la población con menores ingresos en 2008, mientras que 32% del gasto benefició a 20% de la población más rica”. La obra que cito apareció en noviembre de 2011, por lo que es de suponer que la situación ha variado, pero no tanto como para pensar que los datos son totalmente obsoletos y que es incorrecto citarlos para probar el crecimiento incontenible de la pobreza  en México.

    Pues bien, hace dos noches, en un noticiario nocturno de la televisión, oí la opinión del coordinador de la bancada priista en el Senado según la cual, si al término del año que corre los beneficios contantes y sonantes de las reformas estructurales no llegan al bolsillo de los mexicanos, los representantes populares tendrán que ponerse a pensar qué más hay que hacer para abatir la desigualdad social. Creo muy oportunas y justificadas la preocupación y la advertencia del señor senador; pero no coincido con su manera de enfocar el problema. Opino honestamente que no hace falta esperar todo un año para constatar lo que todo mundo sabe desde hace mucho, esto es, que reformas como las recientemente aprobadas no curan por sí mismas la desigualdad y la pobreza, por la sencilla razón de que no están diseñadas para eso. Todos sabemos, además, que para abatir la pobreza en serio hace falta una enorme y firme voluntad política de lograrlo, acompañada de un plan científicamente diseñado que incluya las medidas redistributivas de cajón, tales como empleo para todo el que esté en edad de trabajar, salarios suficientes para las necesidades básicas de una familia, un ejercicio del gasto público en favor de los más desprotegidos y una política fiscal que, sin radicalismos que polaricen, sin hostilizar a nadie, logre que los que más ganan contribuyan más al erario nacional. Si es así (como en realidad lo es), los señores legisladores priistas no tienen que esperar un año entero; pueden saber desde ahora si ocurrirá el cambio que espera su coordinador con sólo cerciorarse de si existe una política encaminada a garantizar que los frutos de las mismas no se queden en una cuantas manos, sino que se extiendan a todos los mexicanos.

Si no es así, se vuelve indispensable encarar con honradez y valor las consecuencias derivadas de verdades como las que contiene la obra del Lic. Peña Nieto, esto es, que las políticas asistenciales no han resultado eficaces para abatir la pobreza y que, contra lo esperado, han permitido su incremento acelerado; o aquella otra de que el presupuesto de la nación se ha ejercido hasta hoy en favor de los ricos, con claro abandono de los más necesitados. Se vuelve urgente hacer entender a gobernadores como el del Estado de México y el de San Luis Potosí, que el reclamo de las clases populares, de los obreros, los estudiantes y los campesinos organizados, para que se atiendan sus necesidades y se invierta todo el dinero que sea posible en ellos, lejos de socavar los cimientos del sistema como parecen entender ellos, es una muy eficaz manera de reforzarlo y estabilizarlo, precisamente porque tiende a lograr un ejercicio más equitativo del gasto social. Se vuelve indispensable también bajarle el gas a los programas asistencialistas, que han fracasado una y otra vez, para poner el énfasis en el máximo empleo, cero ambulantaje, salarios suficientes y una política fiscal redistributiva. Hay que sacudirse a los seudoeconomistas que sostienen que los aumentos salariales, si no van indexados a la productividad, son siempre inflacionarios. Esta falacia (sólo se cumple –y no necesariamente– cuando la capacidad instalada trabaja al 100% y no puede, por eso, responder con mayor oferta al súbito incremento de la demanda que provoca el mayor salario), en realidad disfraza con ropaje “científico” el egoísmo miope de la clase empresarial, que se niega a reducir un poco sus utilidades para elevar el salario y reforzar la paz y la estabilidad sociales. Nada de esto es fácil, pero hay que hacerlo con la misma energía, capacidad de negociación y firmeza con que se persiguieron las reformas. Así lo demanda la crítica situación de pobreza creciente en que se debaten México y el planeta entero. A grandes males, grandes remedios.