Con el rumbo perdido
- Roberto Rock
Las fuerzas armadas han sido durante décadas vértice clave en la frágil y asimétrica relación de México con Estados Unidos. Pero en la historia moderna no hay registro de una crisis simultánea en ambos frentes como la que hoy vive el gobierno López Obrador. Siempre será difícil dormir junto a un elefante. Hacerlo en medio de dos puede resultar suicida.
El dardo al corazón del Estado mexicano que supone el encarcelamiento de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, ha provocado la deriva del proverbial olfato político del Presidente, cuya costumbre de tomar los temas a botepronto lo ha llevado desde dar la bienvenida al arresto del divisionario, a la exigencia de pruebas y a la condena contra la DEA, hasta llegar a la aceptación de que nadie en su administración recibió la más mínima alerta de lo que ocurriría. Esta última verdad supone de nuestros vecinos una bofetada en términos de confianza.
Atrapado en la narrativa de ruptura con el pasado, Palacio Nacional no puede asumir que existe desde hace años una línea trazada por un Washington exasperado ante la ineficacia de los sucesivos gobiernos mexicanos, el actual incluido, en el combate a los narcotraficantes. Los ocupantes y los partidos que ocupan la Casa Blanca pueden cambiar, pero eso termina en la frontera. No entenderlo siempre nos ha traído dolores de cabeza.
Y aquí está una lección del pasado inmediato:
Apenas estrenaba oficinas como procurador, en diciembre de 2012, cuando Jesús Murillo Karam levantó el auricular de un teléfono sobre su escritorio. Desde el otro lado escuchó instrucciones para enviar a sus policías ministeriales a un curso de capacitación que pagaría el gobierno de Estados Unidos.
No dejó de sorprenderse cuando la voz se identificó como el jefe de la misión del FBI en la embajada norteamericana. Se trataba de una red telefónica en la que también la DEA, la CIA y otras agencias estadunidenses, desde la ciudad de México o Washington, podían hablar cuando lo desearan con el primer fiscal de la República.
Ese teléfono fue inutilizado como parte de una definición del gobierno Peña Nieto para reencauzar una dinámica que durante la administración Calderón depositó en manos de las agencias policiales norteamericanas las tareas de inteligencia y parte de la operación contra el crimen organizado en México. Ello incluyó un virtual control de la DEA sobre la Marina, pero no sobre el Ejército, con cuyos mandos sostuvo fricciones.
Peña Nieto intentó conducir la relación por la vía de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio, que buscó concentrarla en el Cisen, con Eugenio Imaz, ambos ignorantes en la materia. La Casa Blanca apretó, el modelo se pudrió y regresaron los viejos tiempos, con resistencia de la PGR, de Murillo, y la Defensa, de Salvador Cienfuegos. Es muy probable que desde entonces la DEA haya decidido exhumar el expediente que tenía desde tres lustros atrás sobre el entonces nuevo secretario de la Defensa, lo que debió dotar la de carta blanca para intervenir sus teléfonos y espiar sus movimientos. Nos acabamos de enterar lo que resultó de eso.
Apuntes: Será necesario que las piezas tomen su lugar definitivo tras las elecciones en Hidalgo y Coahuila, pero debe preverse un ajuste en la correlación de fuerzas dentro del PRI. Y habría que modificar la presunción de que las contiendas electorales del próximo año supondrán para Morena un día de campo. Fe erratas: en la columna del domingo referí que en 2018 Enrique Peña Nieto era presidente electo, cuando debí escribir 2012. ([email protected]).
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