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Comienza a andar, pese a que existen sectores de la misma sociedad civil, que abominan el régimen de López Obrador, el pesado elefante burocrático en la procuración y administración de justicia nacional. Nadie podrá negar que los cambios operados en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a raíz de la llegada de Rosario Piedra Ibarra y una nueva actitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Fiscalía General de la República, ante la severa vigilancia presidencial, hoy está rindiendo frutos.

La desaparición forzada, hace 13 años, de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, comienza a tener un cauce alentador para la sociedad que, finalmente, resulta agraviada, pues mantener en la impunidad a los presuntos criminales nos afecta a todos, pero particularmente a la familia de estas personas que durante este tiempo no se han cansado de demandar justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

La justicia parece acercarse también al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien en aquella época encabezaba un régimen que cometió una gran cantidad de agravios en contra de quienes entre los años 2005-2009, participaron en movilizaciones callejeras, cuyo punto central fue la revuelta social del 2006, a favor de la transformación política, y en contra del abuso de poder del régimen local. 

Puede observarse este hecho, como un triunfo de los defensores y defensoras de derechos humanos y varias organizaciones civiles de Oaxaca que han abanderado y acompañado estas causas, cuyas mentes visibles, en contrario, han sido hostigadas y se les ha obstaculizado su labor de defensa jurídica y documentación mediante la negativa de acceso a penales, a información sobre el paradero de detenidos o desaparecidos o incluso la visita a quienes cumplen prisión. Y por supuesto a organizaciones como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y al magisterio de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que nunca se rindieron frente al poder opresor, pues sufrieron asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y encarcelamientos injustos que jamás se han castigado.

En aquel sexenio se violaron sistemáticamente los derechos humanos y otras libertades, en los que participaron servidores públicos como los ahora señalados y otros, todavía vigentes, que ahora podrían ser llamados a rendir cuentas.

La detención del ex policía Daniel Camarena Flores y seis elementos activos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía General del Estado, por parte de fuerzas federales, para remitirlos a ante un juez federal del estado de Jalisco que les libró orden de aprehensión, movió estructuras en los ámbitos de la procuración e impartición de justicia. Reyes Amaya y Cruz Sánchez, fueron detenidos y desaparecidos en Oaxaca de Juárez, el 25 de mayo del año 2007, en el marco del conflicto social.

El operativo tomó descuidados tanto a Camarena, considerado durante varios sexenios como el súper policía que todo lo arreglaba con oraciones o con acciones de represión, como al ex procurador general de Justicia del gobierno de Ulises Ruiz, Evencio Nicolás Martínez, doctor en Derecho, catedrático de la UABJO, a quien hasta ahora no se había puesto en duda su hoja de servicios en las altas esferas del poder, aunque su nombre figurara en el expediente. Cabe señalar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y un juez de distrito, concedió un amparo a favor de los dos desaparecidos y sus familiares. Se conocerá así, además, el papel que cumplieron miembros del Ejército y las policías federales y locales en los hechos.

Evencio Nicolás, al frente de la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado, fue el tercero en la escala de mando, y no podrá negar relación con los jefes policiacos – dos de ellos asesinados- que son mencionados en las indagatorias sobre desaparición forzada de personas, considerando que este delito de lesa humanidad es un crimen imprescriptible y tipificado jurídicamente en el ámbito internacional, así como en las legislaciones y tratados a los que el Estado Mexicano está suscrito.

Una vez que podría revelarse el paradero de estas personas, y conocerse la participación de grupos paramilitares y oficiales que le daban seguimiento a grupos y movimientos subversivos, podría pensarse que en efecto el elefante justiciero camina.

@ernestoreyes14